Uno de los ediles apuntados en la causa por la ordenanza que buscaba suspender el juicio contra Castro, informó que estará de viaje el día de la audiencia.
En la primera audiencia, José Castro, el concejal Roberto López y el presidente del Concejo, Alberto De Los Ríos.
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La causa que involucra al intendente de Angaco, José Castro, y a tres concejales por la polémica ordenanza que intentó frenar su juicio sumó un nuevo capítulo inesperado: uno de los ediles acusados informó que estará de viaje justo el día de la audiencia clave en Tribunales.
De acuerdo a la información que pudo obtener DIARIO DE CUYO de fuentes oficiales, se trata del concejal Roberto López, quien notificó al juez Gerardo Fernández Caussi que tiene planificado un viaje y que no podrá estar de manera presencial en la audiencia prevista para el lunes 16 de marzo a las 15. En esa instancia, el magistrado debe resolver si el jefe comunal y los tres concejales quedan formalmente imputados o no.
Ante esta situación, el juez no le prohibió realizar el viaje, pero sí le impuso una condición clara: deberá conectarse a la audiencia a través de Zoom cuando comience la sesión. En caso de no hacerlo, el edil podría incluso ser declarado en rebeldía, una medida que agravaría su situación procesal.
La situación judicial del intendente de Angaco volvió a tensionarse esta semana durante una audiencia realizada en Tribunales, en la que la fiscalía solicitó formalizar la investigación penal contra Castro y tres concejales por la ordenanza que buscó frenar el juicio por presunta malversación de fondos públicos.
El fiscal Francisco Nicolía pidió seis meses de investigación y medidas coercitivas para los acusados. En cambio, la defensa cuestionó la acusación y planteó que el conflicto debería resolverse en el fuero contencioso administrativo y no en el penal.
Tras el fuerte contrapunto entre fiscalía y abogados defensores, el juez Fernández Caussi decidió dictar un cuarto intermedio de tres días hábiles antes de resolver.
De esta manera, la posible imputación contra Castro por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, y contra los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López por abuso de autoridad y encubrimiento, quedó momentáneamente en suspenso.
La investigación se originó luego de que, antes del inicio de su juicio por presunta malversación de caudales públicos, Castro enviara al Concejo Deliberante un proyecto de conciliación.
La propuesta consistía en donar 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación del supuesto daño, con el objetivo de lograr la suspensión del proceso penal.
El proyecto fue tratado en una sesión extraordinaria y aprobado por mayoría simple con los votos positivos de los concejales oficialistas De los Ríos, Paredes y López. El edil Andrés Olivera votó en contra, mientras que Gloria Herrera se abstuvo.
Con esa aprobación, el acuerdo quedó plasmado en una ordenanza que luego fue presentada ante la Justicia por la defensa del intendente para intentar extinguir la acción penal y evitar el juicio.
La denuncia fue presentada por la fiscal de Cámara Silvana Gerarduzzi, quien consideró que la ordenanza podría constituir una maniobra institucional irregular destinada a interferir en un proceso penal en curso.
Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que los delitos contra la administración pública no admiten este tipo de salidas alternativas, ya que el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento del Estado. “No podemos admitir que los funcionarios públicos de este bendito país hagan y deshagan lo que les convenga a sus intereses personales”, había expresado en su presentación del caso, el fiscal Nicolía, durante la audiencia del miércoles 11 de marzo.
Además, cuestionaron la legalidad de la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, ya que —según la fiscalía— ese tipo de convocatorias deberían utilizarse para temas urgentes o vinculados a obras públicas, y no para tratar cuestiones relacionadas con procesos judiciales.
El expediente principal que involucra a Castro se originó en 2019 tras la denuncia de un exconcejal cercano a su espacio político.
En esa causa se lo acusa de haber utilizado maquinaria y personal municipal en un predio privado ubicado en Chimbas, lo que derivó en una imputación por presunta malversación de caudales públicos.
El juicio oral estaba previsto para el 23 de febrero de 2026, ante un tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe, pero fue suspendido hasta que se determine si el acuerdo aprobado por el Concejo Deliberante tiene validez jurídica.
El tribunal fijó una nueva audiencia para el 20 de marzo, cuando decidirá si el proceso continúa o si el acuerdo puede considerarse válido.
Mientras tanto, la nueva investigación por la ordenanza mantiene abierto otro frente judicial para el intendente de Angaco y los concejales que la aprobaron, en un escenario donde la audiencia del lunes —y la conexión remota del edil López— podría resultar clave para el avance del caso.