El caso que terminó en una condena con prisión expuso una investigación digital que detectó material de abuso sexual contra niños y bebés.
El joven sanjuanino Alejandro Nahuel Pérez Molina está detenido desde que se originó la investigación en su contra, desde el 11 de octubre de 2024.
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Un joven sanjuanino, Alejandro Nahuel Pérez Molina, fue condenado a siete años de prisión por almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil, en una causa que reveló un volumen alarmante de archivos y una compleja investigación basada en pericias digitales.
El fallo se conoció este martes por la tarde, cuando la jueza Flavia Allende resolvió imponer una pena inferior a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal, que había pedido nueve años de cárcel efectiva.
El condenado es Alejandro Nahuel Pérez Molina, quien permanece detenido desde el 11 de octubre de 2024, cuando se inició la investigación en su contra. Actualmente cumplía prisión domiciliaria en su vivienda del departamento Capital, pero fue enviado directo al Servicio Penitenciario Provincial, tras la la resolución condenatoria.
Durante el juicio, el fiscal Guillermo Heredia detalló el proceso mediante el cual lograron identificar al acusado. La pesquisa se apoyó en reportes de plataformas tecnológicas, direcciones IP, correos electrónicos y registros de conexión que permitieron vincularlo con los dispositivos investigados.
El trabajo incluyó la intervención de peritos informáticos, traductores, para analizar reportes de empresas como Facebook, Instagram y Google, un médico legista que evaluó el material y equipos interdisciplinarios que aportaron informes técnicos y sociales.
También se incorporaron datos de empresas como Enacom, Claro y Movistar, que ayudaron a reconstruir la actividad digital del imputado.
Uno de los puntos centrales de la causa fue la cantidad de material secuestrado. Según la Fiscalía, se encontraron 1.555 archivos: 1.517 imágenes y 38 videos.
El contenido incluía representaciones de abuso sexual infantil, incluso con víctimas de muy corta edad. Además, se comprobó la distribución de al menos 15 archivos: 13 a través de la plataforma MEGA y dos mediante Instagram. Estos últimos fueron clave, ya que generaron reportes internacionales que dieron origen a la investigación.
Para la acusación, la magnitud, organización y permanencia del material evidenciaban que no se trataba de simple almacenamiento, sino de tenencia con fines de distribución.
Pérez Molina fue juzgado por los delitos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil agravado, contemplados en el artículo 128 del Código Penal, bajo la figura de concurso real.
Entre los agravantes, la Fiscalía destacó la gran cantidad de archivos, la edad de las víctimas, muchas menores de 13 años, y la comprobación de distribución del contenido.
Además, el condenado contaba con un antecedente por el mismo delito en 2022, lo que reforzó la postura acusatoria sobre su responsabilidad y conocimiento de la criminalidad de sus actos.
Durante el debate también se mencionó una línea investigativa paralela vinculada a un presunto contacto del imputado con una menor de edad de la provincia de Santa Fe, mediante conversaciones de contenido sexual explícito.
Ese expediente fue remitido a la Justicia de esa provincia y continúa su curso de manera independiente.
El juicio expuso un fuerte caudal de pruebas digitales y testimoniales en uno de los casos más sensibles vinculados a delitos informáticos en San Juan.
Si bien la pena final fue menor a la solicitada por la Fiscalía, la condena de siete años marca un precedente en investigaciones donde la evidencia tecnológica resulta clave para acreditar este tipo de delitos.