La Justicia provincial inició una investigación contra Martha Noelia Campos, quien hasta 2024 se desempeñaba como tesorera de la Municipalidad de Calingasta, por un presunto faltante de $107 millones de fondos públicos.
Una mujer fue imputada por peculado tras una denuncia realizada por un jefe municipal. La Justicia investiga qué ocurrió con fondos municipales recaudados en efectivo durante 2023 y 2024.
Municipalidad de Calingasta.
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La Justicia provincial inició una investigación contra Martha Noelia Campos, quien hasta 2024 se desempeñaba como tesorera de la Municipalidad de Calingasta, por un presunto faltante de $107 millones de fondos públicos.
La denuncia fue presentada por el actual intendente, Sebastián Carbajal, y derivó este miércoles en la imputación de la exfuncionaria por el delito de peculado. Se trata de una figura penal que se aplica cuando un funcionario, aprovechándose de su cargo, se apropia o permite que otros se apropien de dinero o bienes que estaban bajo su custodia.
Según la acusación fiscal, el faltante se habría producido entre 2023 y 2024 y estaría relacionado con dinero en efectivo que los contribuyentes abonaban en concepto de tasas y servicios en las sedes de San Juan Servicio de Barreal, la villa cabecera y el edificio municipal.
De acuerdo con la investigación, Campos era la funcionaria encargada de custodiar esos fondos y depositarlos posteriormente en las cuentas de la Municipalidad.
Las sospechas surgieron a partir de los cierres contables correspondientes a esos años. Una auditoría realizada por Global Core, empresa vinculada al sistema informático SIGAP utilizado por la comuna para registrar ingresos y egresos, habría permitido detectar las diferencias que luego dieron lugar a la denuncia.
Por el caso, este miércoles se hizo la audiencia de formalización, que estuvo encabezada por el juez de garantías Sergio López Martí. Por la Fiscalía intervinieron el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, de la UFI Delitos Especiales.
El magistrado otorgó un plazo de un año para la Investigación Penal Preparatoria (IPP), etapa en la que la Fiscalía deberá reunir y analizar las pruebas antes de definir si lleva el caso a juicio.
Campos nunca estuvo detenida por el hecho y seguirá en libertad, aunque con restricciones: no podrá entorpecer la investigación, deberá pedir autorización judicial para salir de San Juan y tendrá prohibido acercarse o comunicarse con los testigos de la causa.
Además, según trascendió, la extesorera continuaría trabajando en otra área del municipio y estaría bajo un sumario administrativo.
