El Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan emitió un duro comunicado luego del cruce entre la fiscal Claudia Salica y el juez Diego Sanz. Advirtieron sobre situaciones de “revictimización institucional” y defendieron la postura del Ministerio Público Fiscal.
Juez Diego Sanz y la fiscal Claudia Salica.
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El debate judicial que se abrió en San Juan a partir del cruce entre la fiscal Claudia Salica y el juez de Garantías Diego Manuel Sanz por una causa vinculada a una banda de robarruedas sumó este lunes un nuevo capítulo. El Consejo de Fiscalías y Asesorías de la provincia (CONFIAS) difundió un comunicado institucional en el que expresó su preocupación por criterios que, según sostuvo, algunos magistrados están aplicando en audiencias penales sin respaldo legal.
La controversia se originó en una audiencia en la que dos imputados buscaban acceder a una solución alternativa del conflicto mediante una reparación integral. Allí, el juez exigió la presencia de las víctimas para ratificar personalmente su consentimiento, una decisión que fue cuestionada por la fiscal Salica y que abrió un debate sobre el alcance de las garantías procesales y el rol de los damnificados en este tipo de acuerdos.
En el comunicado, CONFIAS señaló que existe una creciente práctica en algunas audiencias penales consistente en requerir requisitos que "no encuentran sustento en la Ley 1851-O ni en ninguna otra norma del ordenamiento jurídico provincial". En particular, hizo referencia a la exigencia de que las víctimas comparezcan físicamente a audiencias donde se plantean soluciones alternativas, aun cuando ya hayan expresado por escrito su consentimiento de manera libre, voluntaria e inequívoca ante representantes del Ministerio Público Fiscal.
La entidad sostuvo que obligar a una víctima a presentarse frente a quien le causó un daño, cuando la ley no lo exige, constituye una forma de "revictimización institucional". Según argumentó, esa práctica expone nuevamente a las personas a situaciones de vulnerabilidad y contradice los principios de protección y trato digno reconocidos para las víctimas de delitos.
Asimismo, el organismo remarcó que la única fuente del derecho procesal es la ley y afirmó que los magistrados no cuentan con atribuciones para incorporar requisitos que el legislador no estableció. En ese sentido, respaldó expresamente la actuación del Ministerio Público Fiscal en aquellos casos en los que se opuso a este tipo de exigencias.
El pronunciamiento institucional llega apenas horas después de que trascendiera públicamente el enfrentamiento de criterios entre Salica y Sanz, una discusión que excede el expediente puntual y que ya comenzó a generar análisis y posiciones encontradas dentro del ámbito judicial sanjuanino.