El episodio que protagonizó un alto instructor de la Policía de San Juan dentro de un supermercado no terminó en una causa penal, pero sí abrió un frente complicado para el efectivo dentro de la fuerza. Se trata del oficial inspector Matías Carrizo, integrante del GERAS e instructor en el uso de pistolas Taser, quien ahora enfrenta a partir de este lunes una investigación administrativa que podría terminar incluso con su expulsión, según indicaron fuentes calificadas a DIARIO DE CUYO.
El hecho ocurrió el viernes por la noche en la sucursal de Chango Más de avenida Benavidez, en Capital. Según fuentes policiales y judiciales, Carrizo fue detectado por las cámaras de seguridad cuando pasó por las cajas: había abonado parte de la compra, pero intentó retirarse con otros productos que no habían sido pagados.
Los guardias de seguridad lo interceptaron antes de que pudiera abandonar el local. La mercadería tenía un valor aproximado de $76.000.
Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y tomó intervención el fiscal de Flagrancia. Sin embargo, el supermercado decidió no realizar una denuncia penal y aceptó que el oficial abonara los productos. Ante esa decisión, el fiscal aplicó un criterio de oportunidad, por lo que no se inició una investigación penal por el episodio.
Pero el caso no quedó cerrado.
Un sumario que podría terminar en una expulsión
La Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, a cargo del doctor Damián Villavicencio, inició actuaciones administrativas para determinar si Carrizo cometió una falta disciplinaria y qué sanción podría corresponderle.
Aunque todavía no existe una resolución, fuentes oficiales indicaron que la conducta podría ser considerada una falta grave, lo que habilitaría sanciones que van desde una suspensión hasta una medida expulsiva.
La situación adquiere especial relevancia por la función que cumple Carrizo dentro de la fuerza. El oficial integra el GERAS y fue capacitado especialmente para instruir a otros policías en el manejo de las pistolas Taser. Incluso realizó capacitaciones en Estados Unidos y posteriormente participó de los cursos implementados en San Juan.
Por eso, el episodio generó malestar dentro de la Policía, donde ahora deberán determinar si la conducta resulta incompatible con las obligaciones y el comportamiento exigido a un integrante de la fuerza.
La investigación administrativa recién comienza. Carrizo tendrá derecho a ejercer su defensa y presentar las pruebas que considere necesarias. Que el supermercado no haya realizado una denuncia penal no impide que la Policía evalúe una eventual responsabilidad disciplinaria.
Por el momento, no está definido si será suspendido o separado de la institución. Esa decisión dependerá de lo que determine el sumario y del grado de responsabilidad que finalmente se establezca.