La víctima es hija de un funcionario judicial. Cuando llegó a su casa le contó todo a su padre y este radicó la denuncia en la UFI ANIVI. Un futbolista quedó detenido.
Los futbolistas de Club Atlético Alianza, Lautaro Rivas y Dylan Bunda Cortez. Uno es investigado y el otro quedó imputado por el abuso sexual con acceso carnal cometido contra una niña de 14 años.
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Un futbolista quedó bajo investigación y otro jugador de fútbol fue imputado por un presunto abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente de 14 años, durante una fiesta de Halloween realizada en una finca de Pocito. La víctima es hija de un funcionario judicial y fue su padre quien acudió a denunciar el hecho después de que la chica regresara a su casa en estado de angustia.
La situación es aún más grave porque también la fiscalía ANIVI, la unidad fiscal encargada de investigar abuso sexuales contra menores de edad, tiene la toería de que el ultraje fue fotografiado o grabado con celulares mientras ocurría.
El principal acusado es Dylan Yair Bunda Cortez, de 19 años, que juega en el Club Atlético de la Juventud Alianza, quien quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal. Las fiscal Ingrid Schott y la ayudante fiscal Laura Maldonado solicitaron, en la audiencia realizada este miércoles, una prisión preventiva de seis meses y una investigación penal preparatoria de un año. La jueza Flavia Allende solo otorgó un mes de preventiva y sí por completo el periodo para la instrucción.
En paralelo, Lautaro Arón Rivas, de 18 años, es investigado en el marco de la misma causa. Ambos sospechosos son futbolistas de Alianza. Si bien sobre Rivas no hay un rol en concreto o pruebas para atribuirle un delito, quedó sindicado como uno de los amigos o personas presentes en el lugar que tomaba fotos o hacía videos mientras ocurría el abuso sexual.
Según la exposición realizada durante la audiencia, la denuncia fue presentada por el padre de la adolescente durante la madrugada del 25 de octubre, luego de que su hija regresara del encuentro visiblemente afectada. La chica habría contado lo sucedido después de volver de la fiesta, a la que había asistido junto a un grupo de amigas, todas menores de edad.
De acuerdo con la reconstrucción expuesta por la fiscalía, el encuentro se desarrolló en una finca ubicada sobre calle 9, en Pocito. La celebración había sido organizada por adolescentes y reunía a varios jóvenes, algunos de ellos con disfraces.
La víctima, de 14 años, llevaba un disfraz inflable de dinosaurio. En un momento de la madrugada, cuando se dirigió al baño, habría sido abordada por uno de los jóvenes, quien presuntamente comenzó a besarla y luego la condujo hacia un sector más oscuro y apartado del lugar donde se desarrollaba la fiesta.
En ese espacio, según la acusación presentada en la audiencia, el sospechoso habría sometido a la adolescente a distintos actos sexuales sin su consentimiento, pese a que ella le manifestaba que no quería hacerlo. El relato fiscal también señaló que otros jóvenes se acercaron durante el episodio y que uno de los aspectos que todavía debía esclarecerse era si tomaron fotografías o filmaron lo ocurrido con sus teléfonos celulares.
La adolescente habría logrado enviar su ubicación a una amiga y escapar para reencontrarse con el grupo. Sus amigas advirtieron que estaba llorando y muy angustiada. Una de ellas habría contado lo sucedido a una de las organizadoras de la fiesta, mientras que otras se comunicaron con sus padres para que fueran a buscarlas.
Cuando la adolescente llegó a su casa, su padre la encontró asustada y le preguntó qué había ocurrido. Según el relato expuesto ante la Justicia, la chica manifestó que quería bañarse, pero el hombre decidió acompañarla a realizar la denuncia antes de que se cambiara de ropa y borrara prueba clave para el caso.
La presentación dio inicio a la investigación penal y permitió avanzar en la recolección de testimonios y otros elementos de prueba, como pruebas genéticas sacadas de las partes íntimas de la víctima y otras pericias de rigor. Debido a que la damnificada y varios de los testigos son menores de edad, las medidas deben contemplar las garantías y la protección correspondientes.
Por tal motivo, la noche del 25 de octubre, la fiscal Schott solicitó a la jueza Allende la detención de Bunda Cortez, cuyo procedimiento legal fue llevado a cabo por la ayudante fiscal Maldonado en el barrio 2 de Abril en Rawson. Allí reside el imputado con su familia. Mientras que a Rivas solo lo notificó de la audiencia para hacerle saber que está en calidad de sospechoso, aunque si un rol establecido y un delito endilgado, al no ver elementos probatorios suficientes.
La causa busca establecer las circunstancias del presunto abuso y determinar qué intervención tuvo cada uno de los jóvenes que estuvieron presentes durante el episodio. Por tratarse de una investigación en curso, la responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse en el proceso judicial.
En los próximos días, fiscalía ANIVI debe tomarle la entrevista videograba a la víctima y a 12 de sus amigas, todas rondan la edad de entre los 14 y 16 años. El testimonio clave para avanzar con la causa será la de la presunta damnificada. Esto puede empeorar o aliviar la imputación contra Bunda Cortez, que en declaración ante la jueza dijo no saber que la joven era menor de edad y que la relación sexual había sido consentida.
Bunda Cortez y Rivas son futbolistas del club de Santa Lucía. Bunda Cortez está sin jugar a raíz de una lesión en la rodilla y en el pecho. Fue operado a principio de año. Esto fue parte del argumento que dio el joven en su declaración ante la jueza Allende para manifestar que era inocente. Dijo que era imposible que pudiera hacer fuerza para someter a la menor a tener relaciones sexuales, debido a las dolencias en su cuerpo.
Rivas, por su parte, es categoría 2008 y estuvo jugando para Alianza en el Regional Juvenil. Bunda Cortez estuvo representado legalmente por la abogada Viviana Belén y el letrado Nicolás Ruarte. En tanto Rivas, también oriundo de Rawson, estuvo asesorado por la defensora particular Silvina Cortez.
