A casi un mes de que la Obra Social Provincia (OSP) presentara una denuncia por haber detectado irregularidades en la facturación a favor de una empresa dedicada a brindar alimentación a personas con internación domiciliaria, la firma hizo su descargo. A través de su abogado, indicó que "no hubo delito", ya que "todo se trata de una cuestión administrativa", proceso en el que "hubo errores de ambas partes, tanto de la empresa como de la OSP". Además, dijo que los procedimientos para que se libren los pagos hacia la compañía "están auditados dos veces", por lo que "no es un capricho de la empresa facturar lo que quiera y cobrar lo que sea". En base a eso, el profesional explicó que desde la firma presentaron documentación respaldatoria de esa postura al Ministerio Público y que, incluso, harán un descargo formal en los próximos días, ya que "se han producido hechos nuevos". Si bien no quiso ahondar en detalles, fuentes calificadas indicaron que la obra social más importante de la provincia habría debitado de las cuentas de la empresa los servicios mal pagados, por lo que tampoco se habría configurado el perjuicio económico contra el Estado. Entre los puntos más destacados de la investigación se encuentra el pago de prestaciones a personas fallecidas, incluso, un mes después del deceso.

Quien hizo el descargo en nombre de la empresa Garder (ver Servicios... ) fue el abogado Ernesto Kerman, excamarista Penal de la provincia y que hoy desempeña tareas privadas en el estudio jurídico López Aragón. El profesional explicó que, tras la denuncia, la compañía se presentó ante la UFI Delitos Especiales, a cargo de Iván Grassi, bajo la posibilidad que establece el Código Procesal Penal, que indica que "quien está sospechado de participar de un hecho delictivo, tiene el derecho, antes de ser dispuesta su declaración como imputado, presentarse ante el fiscal y aclarar los hechos e indicando las pruebas que crea conveniente". Así, dijo que hubo respuesta a todos los puntos plasmados en la denuncia.

Tras una auditoría interna, la entidad sanitaria detectó irregularidades en, al menos, 25 casos de distintos departamentos. En algunos de ellos, la OSP pagó servicios a personas fallecidas, mientras que, en uno, hubo liquidaciones durante un mes, luego de que la paciente perdiera la vida. Además, hubo prestaciones pagadas y no efectuadas; en otras se informaron como realizadas, pero que no existieron; y también se verificaron prestaciones no llevadas a cabo bajo el convenio previsto.

Sobre esos puntos Kerman dijo que "para cobrar el servicio, se debe contar con el visado de los auditores" y que el procedimiento se realiza "a través de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa), que es en realidad la entidad intermedia con la que Garder contrata el servicio". Además, dijo que en "la empresa reconocimos un error en la atención para la persona fallecida, pero fue porque en el sistema no estaba declarada la baja. Incluso, esa entrega está autorizada por la auditoría, la que da el OK para seguir alimentando. Ahora, ¿qué ocurrió con los alimentos? Eso es otro punto aparte. Se entregó el producto auditado y autorizado". Así, dijo que existe la habilitación por parte de Aclisa y, otra, por parte de OSP. Sin eso, no se puede facturar. En esa línea, apuntó a errores administrativos compartidos que no configuran delito, ya que "no se puede intencionalmente cobrar algo que no hiciste si está auditado dos veces, si pueden haber equivocaciones".

• Servicios de Garder

Garder Salud es una firma local dedicada al servicio para internación domiciliaria. Según el convenio que desde junio de 2020 tiene con la OSP, la empresa está obligada a brindar alimentación enteral domiciliaria continua o intermitente a todo afiliado que lo necesite. La alimentación enteral es aquella que contiene todos los nutrientes necesarios y que se administra directamente al aparato digestivo, a través de una sonda o un botón gástrico, por ejemplo. Por cada módulo de alimentación enteral, la OSP paga una suma a la empresa. Fuentes oficiales habían indicado que, de acuerdo al convenio entre la entidad sanitaria y la compañía, existen aranceles distintos si el servicio es brindado en el Gran San Juan o en el interior, valores que resultan clave a la hora de la investigación. Es que, para el caso de los distritos alejados, el servicio tiene un extra de un 30 por ciento por cada módulo alimentario. La empresa, hoy, sigue prestando servicio a la OSP.

Investigación

25  Es la cantidad de casos investigados: 11 de ellos pertenecen a pacientes de Zonda, Caucete, Calingasta y Jáchal.

Nutricionista

Un dato relevante de la causa es que, en todos los hechos investigados, figura el nombre de un nutricionista, Federico Quintana, quien firmaba en nombre de la empresa todos los informes solicitando los módulos de alimentación enteral. El profesional no había sido presentado a la OSP.