Designado. Leonardo Barac, primero desde la izquierda, fue designado en la tercera gestión giojista. Renunció en 2014 y en ese momento argumentó que lo hizo por “razones personales”.



A contrarreloj. Así se movieron en el Penal de Chimbas para que un depósito quede habilitado para albergar a seis personas. La velocidad se debió a lo sorpresivo del operativo de detención y el lugar obedece a que tiene que estar separado de los demás presos, ya que ahí ya están alojados el exdirector de la cárcel, Leonardo Barac, los guardias Mauricio Díaz, Daniel y Julio Mercado, José Tapparo y el psicólogo penitenciario Ernesto Reinoso, dijeron fuentes calificadas. Todos fueron apresados el miércoles en la tarde, luego de una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Los implicados están bajo investigación por si tuvieron o no alguna responsabilidad en las torturas que recibió en el año 2013 el interno Federico Fernández Santalucía, acusado de trata de personas y abuso de menores.


La remodelación del depósito fue informada por el actual director del Penal, Oscar Gihlardi, quien dijo que se trata de “un espacio que no tenía funcionalidad”, en el cual se “garantizará la seguridad” de los implicados. La situación no es menor, ya que es la primera vez que un exdirector es detenido por una causa que se produjo bajo su gestión. Barac fue designado por José Luis Gioja en diciembre de 2011 y permaneció hasta febrero de 2014. Hay otro antecedente con Nicolás Manrique, pero este fue apresado por presuntamente haber cometido delitos de lesa humanidad (ver recuadro).


Según la denuncia que presentó en marzo de 2014 la exfiscal Katia Troncoso, Fernández Santalucía fue agredido en el Penal con un elemento cortopunzante en el pómulo izquierdo. El ataque fue de los internos y el reo fue derivado al Hospital Rawson, donde fue atendido. En el regreso a la cárcel, personal penitenciario lo sometió a torturas, según destacó en su presentación. Si bien la Justicia ordenó su internación, los guardias dispusieron su traslado 39 horas después.


Tras la denuncia, la causa tuvo una serie de vaivenes. La entonces fiscal pidió que fueran indagados 11 implicados por la supuesta aplicación de torturas: Barac, Díaz, Daniel y Julio Mercado, Tapparo, Reinoso, Eduardo Mendoza, Fabián Castro, Marcelo Díaz y los médicos Rodolfo Zapata Gómez y José Farja. Pero el juez federal Leopoldo Rago Gallo dispuso que sólo fueran interrogados por apremios ilegales, un delito con una escala penal menor, Mendoza, Castro, Marcelo Díaz, Zapata Gómez y Farja. En esa decisión, desvinculó al exdirector porque consideró que era prematuro atribuirle participación penal sólo por su responsabilidad jerárquica. 


Sin embargo, Troncoso apeló e insistió en que todos fueran citados e investigados por la aplicación de torturas. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza le hizo lugar y los seis que faltaban fueron indagados entre septiembre y octubre del año pasado. Los defensores pidieron que los imputados no quedaran detenidos y el magistrado concedió el beneficio. El fiscal Francisco Maldonado apeló y la Cámara de Mendoza aceptó su planteo. Esa resolución desencadenó las seis detenciones que se materializaron el miércoles en la tarde. 

El delito de torturas tiene penas que van de 8 a 25 años de cárcel.


La situación de los otros cinco involucrados (Mendoza, Castro, Marcelo Díaz, Zapata Gómez y Farja) quedó en un escenario de interrogantes. Es que, al igual que el resto, están imputados por el delito de torturas, pero se encuentran en libertad, ya que habían conseguido la eximición de prisión cuando fueron indagados por apremios ilegales. Es un hecho que los defensores apelarán las detenciones en una instancia superior.
 

 

De la dirección al calabozo

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El que también dirigió el Penal de Chimbas y luego estuvo detenido en la institución fue Nicolás Manrique. El exfuncionario va camino a enfrentar un juicio por delitos de lesa humanidad y no por hechos cometidos bajo su gestión en la cárcel.


Manrique fue director de la institución en dos ocasiones. La primera, durante la administración justicialista de Juan Carlos Rojas. Asumió en 1993 y estuvo un año y nueve meses en el cargo. Regresó al puesto en la gestión de la Alianza, cuando en 1999 fue designado por el entonces gobernador Alfredo Avelín. 


Manrique fue detenido en junio de 2012 y está en la mira por ser parte del accionar ilegal de la Policía en la etapa previa al golpe militar de 1976. Al momento de los hechos, el implicado era oficial principal de Infantería. Según la acusación, los uniformados capturaron y sometieron a torturas a militantes de izquierda.