El Tribunal de Cuentas puso en la mira al exintendente de Angaco, José Castro, y a un grupo de sus exfuncionarios, entre los que se encuentra quien fuera el secretario Administrativo y el Contador municipal, por un presunto perjuicio patrimonial de 3.260.210 pesos. La cifra surge de una serie de supuestas irregularidades administrativas en el manejo de los fondos comunales de 2018. La resolución ya fue notificada y, según indicaron fuentes oficiales, los implicados ya hicieron su descargo con la presentación de documentación. El organismo les formuló los llamados cargos (la imputación por el daño al patrimonio comunal), por lo que ahora debe analizar las contestaciones y corroborar si justifican los vacíos contables. De no ser así, Castro y cuatro de sus exfuncionarios deberán cubrir el millonario saldo en rojo con plata de sus bolsillos.

La decisión del Tribunal trascendió la semana pasada y se refiere a la Cuenta General Ejercicio 2018. En el escrito, el organismo de control posterior del gasto público detalló las fallas de la gestión de Castro en una serie de expedientes en los que figuran desde el pago de servicios telefónicos, por 25.320 pesos, y a Energía San Juan, por 303.106,45 pesos, en los que no están las facturas correspondientes. También aparece el pago del alquiler por un inmueble desde enero hasta abril de 2018, por 12.250 pesos por mes, pero con un contrato de locación que se firmó en abril, por lo que tuvo que haber un reconocimiento de gastos para los primeros cuatro meses del año, algo que no ocurrió. Además, se suma el desembolso a un árbitro por la Liga de Fútbol de Angaco y el pago a una empresa por mover suelo, expedientes en los que no consta que las personas que recibieron el dinero estaban autorizadas para hacerlo. Entre los casos más onerosos aparece la compra de 1.760 caños para el Plan Techo Seguro por 1.133.343 pesos. Si bien figura quién recibió el desembolso, no consta que dicha persona tenga el poder correspondiente o la autorización. A ello se suma una transferencia de casi un millón de pesos a una persona por la compra de un brazo retroexcavador, pero tampoco figura el comprobante que lo habilita al cobro.

Por todas esas anomalías, el Tribunal de Cuentas le formuló cargos al exintendente, al secretario Administrativo y de finanzas, Raúl Páez; al contador municipal, Martín Trigo; al jefe de Compras, Alberto De Los Ríos, y al tesorero Fabián Chávez.

De acuerdo al procedimiento, si los sancionados presentan la documentación que respalden los pagos, se verán liberados de los cargos. Ahora, si no lo logra, el Tribunal de Cuentas les declarará su responsabilidad patrimonial y deberán cubrir los faltantes con su dinero, aunque pueden presentar un recurso de reconsideración ante el propio organismo y, luego, apelar a la Corte de Justicia. Si no pagasen, Fiscalía de Estado les iniciaría un juicio ejecutivo de cobro.

Castro dejó su puesto el 10 de diciembre pasado, luego de que su jugada política de postular a su hermano como su sucesor no terminara bien, ya que su familiar cayó en los comicios contra el bloquista Carlos Maza. Tras dejar la gestión, el exintendente fue procesado por el juez Benedicto Correa, del Quinto de Instrucción, por malversación de caudales públicos, incumplimiento de sus deberes y abuso de autoridad. Fue tras la denuncia que hicieron exediles por haber utilizado empleados y herramientas de la comuna en un predio de Chimbas (ver Suspensión). Actualmente, Castro es subdirector de Espacios Verdes del Ministerio de Obras.
 

Escándalo

El conflicto entre José Castro y los concejales tuvo varios capítulos, pero el punto más álgido se dio al final de la gestión del angaquero. Los ediles, encabezados por su exaliado, José Risueño, lo denunciaron. Así, la fiscal Claudia Salica le solicitó al juez Benedicto Correa que investigara a Castro, quien fue indagado y, luego, procesado.

Otras observaciones

No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas le formula cargos a Castro. Lo hizo el año pasado por la cuenta de 2017. El vacío contable sin respaldo fue de poco más de 3 millones de pesos. Uno de los puntos más críticos fue la cesión de terrenos a vecinos a los que se les había expropiado un predio. Las dudas fueron subsanadas.

• Suspensión

Luego del escándalo por el uso de bienes comunales en un predio de Chimbas, el Concejo Deliberante suspendió a Castro en sus funciones de intendente. La medida duró poco porque el exjefe comunal presentó un recurso en la Justicia que lo regresó al cargo en menos de 24 horas de haber sido apartado.