Durante la mañana de este jueves se realizó en Tribunales la audiencia en la que Fiscalía formalizó la acusación contra tres sospechosos en el marco de la causa Garder-OSP (Obra Social Provincia) por pagos irregulares.

Según fuentes judiciales, los imputados son tres: el director de Garder Salud y otras dos integrantes. Fueron identificados como Eduardo Adrián Guzmán, Marilina Elisa De la Fuente y María Molina De la Fuente.

El fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Mariano Carrera (UFI Delitos Especiales) oralizaron la acusación y pidieron al juez de Garantías Diego Sánz la apertura de la investigación penal preparatoria.

Los defensores de los imputados son Ricardo Lorenzo Mira, Rodolfo López Aragón , Ernesto Kerman, Claudio Herrera y José Fraifer Ruiz

El delito que les imputan es estafa en perjuicio de la administración pública.

En el marco de la causa hubo allanamientos en la OPS y en la sede de Garder

La denuncia fue presentada el 18 de octubre del año pasado por el titular de la OSP, Miguel Greco, luego de que una auditoría interna arrojara como resultado que Garder, empresa dedicada a brindar alimentación a personas con internación domiciliaria, había tenido un crecimiento exponencial en su facturación en el último tiempo. 

Del análisis realizado se detectaron cuatro irregularidades diferentes en, al menos, 25 casos que ahora son estudiados por la Justicia. Entre ellos se destaca que la OSP pagó servicios a personas fallecidas. En uno de esos casos, hubo liquidaciones durante un mes, luego de que la paciente perdiera la vida. Además, hubo prestaciones pagadas y no efectuadas; en otras se informaron como realizadas, pero que no existieron; y también se verificaron prestaciones no llevadas a cabo bajo el convenio previsto.

MÁS SOBRE GARDER

Garder Salud es una firma local dedicada al servicio para internación domiciliaria. Según el convenio que desde junio de 2020 tiene con la OSP, la firma está obligada a brindar alimentación enteral domiciliaria continua o intermitente a todo afiliado que lo necesite. La alimentación enteral es aquella que contiene todos los nutrientes necesarios y que se administra directamente al aparato digestivo, a través de una sonda o un botón gástrico, por ejemplo. Por cada módulo de alimentación enteral, la OSP paga una suma a la empresa. Fuentes oficiales indicaron que, de acuerdo al convenio entre la entidad sanitaria y la compañía, existen aranceles distintos si el servicio es brindado en el Gran San Juan o en el interior, valores que resultan clave a la hora de la investigación. Es que, para el caso de los distritos alejados, el servicio tiene un extra de un 30 por ciento por cada módulo alimentario.

Así, de los 25 casos que están en la mira, y en lo que presuntamente existieron pagos irregulares, incluido a personas fallecidas (ver Pagos por...), 11 pertenecen a pacientes domiciliados en distritos como Zonda, Caucete, Calingasta y Jáchal (este último, con ocho casos en la mira de la Justicia). Por otro lado, un dato relevante es que en todos los hechos investigados figura el nombre de un nutricionista, Federico Quintana, quien firmaba en nombre de la empresa todos los informes solicitando los módulos de alimentación enteral. Lo llamativo es que Quintana no fue presentado por la compañía al momento de definir el convenio con la OSP como el nutricionista a cargo y, si hubo un cambio de profesional, la entidad sanitaria nunca fue notificada, indicaron fuentes calificadas.

Pagos por servicios a personas fallecidas

Entre los casos auditados figura el de una paciente que murió el 17 de abril, según lo que confirmó su hija con la presentación del acta de fallecimiento. Lo llamativo fue que el nutricionista Federico Quintana solicitó, el 12 de ese mes, 30 días de módulos intensivos de alimentación enteral, cuando la mujer fue internada ese mismo día en terapia intensiva. Esto es, se presentó una factura por ese servicio y la OSP lo pagó, pero la prestación nunca se brindó. En otro de los casos, existió un servicio por 22 días, pero la persona falleció al día 21, por lo que se facturó y pagó un día de más. Un hecho en estudio es por un paciente de Jáchal al que se autorizaron módulos por cinco meses, desde abril hasta agosto, y el propio paciente confirmó a la OSP que nunca los recibió.