El consumo, publicación y distribución de pornografía infantil en la provincia disparó el llamado "protocolo de intervención urgente" para detectar y detener a los involucrados en esos ciberdelitos, el cual debutó con el sistema acusatorio. Los reportes originados a nivel internacional llegaron a la Unidad Anivi, cuyos fiscales dispararon las investigaciones, las que, entre tres y cuatro semanas, arrojaron detenciones en tres casos conocidos públicamente, dado que hay otras causas que se están tramitando. La respuesta ha sido veloz, teniendo en cuenta que, si hubiese estado aún vigente el viejo esquema, los expedientes hubiesen sufrido considerables demoras o ni siquiera hubiesen tenido resolución, debido a que los fiscales tendrían que haberle pedido al juez de turno que investigue los hechos, el cual se encontraría abarrotado de miles de causas de distinta índole. Ahora, los expedientes se reparten entre los miembros del Ministerio Público que están en un área especializada en ese tipo de maniobras delictivas.

Fuentes judiciales recordaron la causa de un allanamiento en una bicicletería de Capital por la circulación de pornografía infantil en 2014, pero los verdaderos usuarios habían dejado ese lugar que alquilaban, por lo que los investigadores llegaron varios meses tarde.

El protocolo entre los Ministerios Públicos del país se firmó en 2014, pero en San Juan no se venía aplicando como tal debido a que no estaba en funcionamiento el sistema acusatorio, en el que el eje es la investigación fiscal. Como el nuevo mecanismo entró en vigencia a fines de febrero de este año, se pusieron en práctica todos los resortes.

En estos casos, la lucha contra la pornografía infantil nace en el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés). Se trata de una organización sin fines de lucro, con sede en Estados Unidos, que ha obtenido la autorización para que los proveedores de internet le suministren reportes de actividades sospechosas relacionadas con la explotación sexual de niños. A través de un convenio, se implementó un sistema de comunicación para que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) pueda descargar y revisar informes de pornografía infantil de dicho centro, a través de una conexión remota de una red virtual privada, en casos de Argentina.

Fue así que el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de Argentina, presidido en su momento por el fiscal General Eduardo Quattropani, y el Consejo de Procuradores elaboraron el "Protocolo de

Intervención Urgente y Colaboración Recíproca en Casos de Detección de Uso de Pornografía Infantil en Internet". De esa manera, se puso en marcha la Red 24/7, con la que el Ministerio Público de CABA envía los reportes hacia el Ministerio Público de cada provincia en la que se detectó la tenencia, publicación y distribución de pornografía infantil, en base a la dirección IP (Internet Protocol) de la computadora o teléfono, que es el domicilio del usuario.

Esa es la información que llegó a "los puntos de contacto" que suministró el Ministerio Público Fiscal, cuyo personal está en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Anivi contra delitos sexuales a menores. Los reportes contienen información aportada por empresas (como Facebook), la dirección IP, la cuenta asociada y las imágenes y videos que tiene o publica el usuario. Además de esos elementos valiosos, los fiscales tuvieron que pedir informes y realizar investigaciones para corroborar las identidades de los involucrados en los tres casos (ver aparte), lo que llevó entre tres y cuatro semanas.

El caso de mayor impacto público

El ahora excoordinador del Museo Histórico Agustín Gnecco, Carlos Campodónico, fue detenido en la noche del viernes 11 en su casa de Rivadavia por orden del juez de Garantías Federico Rodríguez, a pedido de la fiscal coordinadora de la UFI Anivi, Valentina Bucchiarelli, por la tenencia y presunta publicación de pornografía infantil a través de redes sociales.

En la audiencia inicial, la que se llevó adelante el lunes, Campodónico reconoció haber "visto videos sexuales, pero no trafiqué con ellos". Si bien se planteó la posibilidad de un juicio abreviado, el acuerdo, al final, no se concretó entre el abogado del imputado y la fiscal, por lo que el juez dispuso que Campodónico vaya a prisión por seis meses, mientras avance la investigación. Tras el pedido de Bucciarelli, el imputado cumple su detención en el Penal de Chimbas.

El segundo implicado

Ezequiel Alberto fue detenido el 11 de junio en su casa de Rawson por publicar en Facebook al menos tres videos de pornografía infantil, según la denuncia. El imputado está con dos meses de prisión preventiva.

El tercero en la mira

Se trata de Washington Castro, quien fue detenido en su casa de Chimbas. Los investigadores también allanaron la vivienda de un pariente en Capital. Está en la mira por publicación y distribución de pornografía infantil.