Hace tres días, el presidente de la Corte de Justicia, Abel Soria Vega, señalaba que la acordada que obligará a los jueces a trabajar en la tarde podía tener excepciones para los que estén al día. Inclusive, para los que se encuentren en esa situación se había preguntado: "¿Qué van a hacer en la tarde? ¿Crucigramas, palabras cruzadas?" Sin embargo, ayer dio marcha atrás y firmó, al igual que el resto de los ministros, el acuerdo que no tiene ningún tipo de privilegio. Desde su primera definición hasta la decisión final no trascendió qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión y no sostener su postura. Y en el medio, a través de su entorno, salió a la luz el malestar y el desacuerdo por sus declaraciones de su par Guillermo De Sanctis, impulsor de la iniciativa original. El revuelo fue tal que no hubo más retraso y la resolución se aprobó de manera exprés.

Este medio había dado a conocer en mayo la decisión de la Corte sobre la imposición del trabajo vespertino para magistrados y funcionarios (secretarios y prosecretarios) y lo que se terminó aprobando era lo que venía siendo consensuado. Por eso, los dichos de Soria Vega causaron sorpresa en el máximo tribunal, ya que no había planteado esa postura en las reuniones que venían manteniendo, dijeron fuentes calificadas. De hecho, su visión reflejaba una interna con De Sanctis, quien venía señalando que siempre hay trabajo por hacer en Tribunales y que los magistrados podían adelantar tareas y resoluciones.

De hecho, las definiciones del presidente de la Corte van de la mano con la histórica contemplación hacia los magistrados, ya que existe un acuerdo que los obliga a cumplir funciones en horario de tarde, pero que muchos no acatan y el máximo tribunal nunca había hecho nada para que se cumpliera.

La nueva acordada ahora fija una carga horaria, les exige a todos los titulares de juzgados que presenten un plan de trabajo y restringe las horas de docencia, por ejemplo (ver recuadro). En el máximo tribunal apuntan a que comience su plena aplicación después del receso invernal.

A pesar de que se vislumbraba un choque de visiones entre Soria Vega y De Sanctis, las fuentes revelaron que no hubo una reunión entre todos los cortistas ni una entre ambos sino que fue el secretario Administrativo, Javier Vera, quien llevó el acuerdo a cada despacho para que cada ministro estampara o no su firma. Y así fue que no hubo resistencia de nadie. Ante la consulta, De Sanctis se limitó a decir que "el resultado de la acordada habla por su propio peso".

El trabajo vespertino apunta a sumar una herramienta más para que los jueces reduzcan la morosidad judicial, ya que el sistema se encuentra colapsado. En ese marco, muchos de los que buscan respuestas en temas civiles y laborales esperan años hasta una resolución definitiva. Y en el ámbito penal las sentencias también sufren demoras, sumado a que muchos casos no llegan a una definición. Pero Soria Vega había marcado otro criterio al señalar que "se va a contemplar la situación de quien no tenga un expediente que despachar". Sin embargo, jueces reconocieron por lo bajo que siempre hay trabajo para hacer.
 

Renovación

Composición

Soria Vega, Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero integran la vieja guardia de la Corte, señalada como la responsable del atraso judicial. De Sanctis y Adriana García Nieto asumieron en el último año y medio.

El régimen vespertino

Si bien la acordada 24 de 1998 señala que los jueces deben trabajar en la tarde, la Corte no hizo nada desde entonces para que la totalidad de los jueces la cumplieran. El nuevo acuerdo fija una carga de al menos 10 horas en horario vespertino, el cual comienza a correr a partir de las 13. Los jueces pueden trabajar de corrido. De manera trimestral, los magistrados deben presentar un plan de trabajo sobre cómo cumplirán las horas y la rotación, con un trato equitativo, del personal, en turno matutino y vespertino. Estos últimos están avalados para desarrollar seis horas laborales y pueden ser convocados por otras dos. Si se excede ese tiempo máximo, se les debe pagar horas extras. El control estará a cargo de la Dirección de Gestión de Control.

También se restringen las horas que los funcionarios pueden dedicarle a la docencia. El plazo fijado es un máximo de 10 horas semanales, ya que la actividad judicial es la prioritaria, teniendo en cuenta el cúmulo de causas existente y la responsabilidad que implica. Además, no podrán tener cargos directivos en instituciones educativas.

Se apuesta a la celebración de audiencias en la tarde, de 16 a 19, y que el mecanismo comience a funcionar una vez que termine el receso invernal.