El megajuicio por la causa de las expropiaciones, en la que exjueces, abogados y exfuncionarios están acusados de inflar los valores de los terrenos que expropiaba el Estado, lleva poco más de cinco meses y, hasta el momento, sólo han prestado declaración cinco de los casi 60 testigos que están citados. Lo extenso del debate ha generado malestar en Fiscalía de Estado, que representa los intereses de la provincia y que en el proceso es parte querellante. Es que, con el tiempo que ha transcurrido, ha pasado a ser el juicio más largo que ha tenido la Justicia local. No sólo eso, ya que desde Tribunales calculan que el debate demandará todo lo que resta de este año sólo con los testigos, por lo que, en principio, los alegatos de las partes y la sentencia que dictarán los jueces Silvina Rosso, Matías Parrón y Martín Heredia, perfilan para los primeros meses de 2024. En el ámbito federal, los procesos más extensos son los de Lesa Humanidad (ver nota vinculada).

Según indicaron las fuentes, tal cual lo reflejó el fiscal de Estado, Jorge Alvo, la falta de avance en el juicio se ha producido por la cantidad de preguntas y repreguntas que los defensores le están haciendo a los testigos. El que más ha hecho uso de esa herramienta es Santiago Graffigna, el principal imputado en la causa por ser el presunto jefe de una asociación ilícita encargada de defraudar a las arcas del Estado. Sobre ese punto, Alvo remarcó que "hay enojo por lo que se está demorando el debate". Es que "se están haciendo preguntas sobre temas y cuestiones que los testigos ya han contestado", por lo que las audiencias, con un solo testigo, demandan más de varias jornadas. Para dar un ejemplo de esa situación, Ricardo Romero, empleado de Fiscalía de Estado y quien desarrolló el sumario administrativo contra el abogado de ese organismo, Norberto Baistrocchi, por entender que no realizó su trabajo en los procesos de expropiación que encaró Graffigna, comenzó a dar su testimonio a fines de marzo y hoy continuará respondiendo preguntas de las partes.

Además de Romero, los que hasta el momento han dado sus testimonios son Lucía Ester Sánchez, quien fue Asesora Letrada de Gobierno y que también intervino en el sumario administrativo; el ingeniero Roberto Nievas y su par Ricardo Martínez, peritos de Fiscalía de Estado; y María Eugenia Vidable, empleada de mesa de entrada de la entidad. Una vez que finalice Romero, quien está previsto que se presente es Joaquín Roberto García Giuliani, apoderado del Tribunal de Tasaciones.

Los que también integran la lista de testigos son: el ministro de la Corte Guillermo De Sanctis, quien formuló la denuncia junto quien fuera secretario General de la Gobernación; la jueza de la Cámara Civil, María Eugenia Varas, en su momento, miembro de Fiscalía de Estado; y el titular del Octavo Juzgado Civil, Walter Otiñano. Como magistrados no están obligados a presentarse personalmente a declarar y lo pueden hacer por escrito. En esa línea, las defensas ya han remitido las preguntas a cada uno. Según las fuentes, al primero se le presentó unas 300 preguntas, mientras que, a Varas, una 600.

La causa de las expropiaciones, que tiene 14 imputados, comenzó en 2010, mientras que el juicio arrancó 12 años después. Gran parte del tiempo que demandó el inicio se debió a "los reiterados planteos realizados con el claro objetivo de dilatar el proceso", había indicado el Tribunal, situación que derivó en sanciones contra algunos de los defensores.

Imputados
Santiago Graffigna, Horacio Alday, Carlos Macchi, Mario Díaz, Ana María Melvin, Néstor Ruiz, Julio Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero, Eduardo Olivera, Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga.

Testigos
60  Es la cantidad de testigos que han sido convocados al juicio. Hasta el momento sólo se han presentado cinco.

Con juicio suspendido
El perito del Tribunal de Cuentas, Fernando Videla, y el miembro del Tribunal de Tasaciones, Pedro Bazzani, tienen el juicio suspendido por haber presentado problemas de salud.

• Los juicios por delitos de lesa humanidad, los más extensos

En San Juan se han realizado dos megajuicios por delitos de lesa humanidad y hay un tercero que está en la instancia definitiva, con las palabras finales de los imputados tras los alegatos de sus defensores. Este último es el que más se ha extendido: comenzó el 25 de junio de 2019 y en el medio atravesó la pandemia del coronavirus. El primero de los grandes procesos tuvo su inicio el 7 de noviembre de 2011 y finalizó el 3 de julio de 2013, mientras que el segundo fue del 13 de marzo de 2017 al 23 de octubre de 2018.

La extensión de los megajuicios obedecen a distintos factores: han contado con una gran cantidad de imputados y expedientes que incluían centenares de víctimas y testigos. A ello se le suman que el Tribunal Oral Criminal Federal, en sus tres ocasiones, ha estado integrado por jueces de otras provincias, debido a una mezcla de inhibiciones de magistrados locales y a ausencias (por falta de cobertura de vacantes, en ese entonces) de sus titulares. Eso desencadenó que los jueces de otras jurisdicciones tuvieran que viajar a San Juan y que las audiencias fueran con mayor espacio de tiempo, sumado a que tienen que seguir atendiendo las causas de sus respectivos tribunales.