Anoche se esperaba que la jueza penal María Inés Rosellot declarara prófugos a dos abogados implicados en el escándalo de las expropiaciones. Se trata de Santiago Graffigna y Horacio Alday, reconocidos por representar en sociedad a propietarios de terrenos que compró la provincia para ejecutar obras. La magistrada los mandó a detener, porque presume que estafaron a algunos de sus clientes, al entregarles mucha menos plata de la que pagó el Estado por los inmuebles. Pero hasta el cierre de esta edición, según fuentes calificadas, no habían sido encontrados. La causa que los involucra es una consecuencia directa de la denuncia penal que impulsó la gestión giojista para que se investigue si hay una red delictiva de jueces y matriculados que infla el precio de los terrenos y le causa perjuicios millonarios a las arcas públicas.
El caso desató un amplio operativo policial a plena luz del día. Es que la jueza María Inés Rosellot dispuso en la mañana cinco allanamientos para capturar a Graffigna y Alday -éste último aparentemente en Buenos Aires- y rescatar documentación que podría ser clave para el caso.
Fuentes judiciales aseguraron que la Policía Federal los fue a buscar a sus domicilios particulares y a sus estudios jurídicos, pero no aparecieron. Paralelamente, secuestró de esos lugares altos de documentación.
La captura fue ordenada a raíz del testimonio de herederos de dueños de terrenos expropiados en Cuesta del Viento, que eran clientes de los abogados. Fueron citados como testigos en la causa que motoriza el gobierno y uno de ellos declaró que recibió como pago del inmueble 160.000 pesos, cuando en realidad el Estado pagó más de 1.000.000. En el otro caso pasó lo mismo, aunque no trascendieron cifras, contaron en Tribunales.
En la Justicia suponen que Graffigna y Alday son los responsables de que gran parte del dinero no llegara a manos los propietarios. Por eso, el fiscal Daniel Guillén abrió una nueva causa, distinta a la que inició el gobierno. Les imputa haber cometido administración fraudulenta en perjuicio de los clientes, delito que contempla penas de prisión de 1 mes a 6 años y que es excarcelable.
Fuentes ligadas al nuevo proceso contaron que los abogados de Graffigna pidieron en la Justicia una eximición de prisión y que el defensor de Alday no se había presentado. Mientras tanto, anoche se esperaba que Rosellot los declarara prófugos por no comparecer.
La causa es un apéndice de la denuncia que hizo la administración giojista, cuando detectó supuestos artilugios legales para que el Estado desembolsara millones de pesos por lotes que valen mucho menos (Ver página 3). Por ejemplo, tuvo que pagar 17 millones por uno de sólo 3.000 metros cuadrados que está en Capital y que fue expropiado en 1950 para abrir una calle. Lo mismo pasó con terrenos de Cuesta del Viento, con los del canal Playa y con el Parque de Mayo, cuyo juicio va por la suma de 800.000.000 de pesos.
En Casa de Gobierno interpretan que la maniobra refuerza la teoría de una organización que hace negocios con las expropiaciones. Presumen que el resto del dinero que se cobró en los dos casos desnudados por los herederos, podría haber sido usado para pagarles a jueces y abogados que supuestamente articulan acciones en los juicios para sobrevaluar los terrenos.
La lupa oficial apunta a una posible red integrada por tres patas: primero, Alday y Graffigna; segundo, jueces civiles que condenaron por sumas exageradas a la provincia, y por último, el ex abogado de Fiscalía de Estado Norberto Baistrocchi, cesanteado por ser negligente en la defensa de los intereses de las cuentas públicas. Creen que cada uno cumplió un rol funcional al objetivo de sacar plata extra con las expropiaciones.
A pesar de tratarse de una causa que se tramita en los tribunales locales, el operativo estuvo a cargo de la Federal por pedido expreso de Rosellot. Lo puede hacer, en virtud de un convenio que existe para que la fuerza actúe como auxiliar de la Justicia provincial en casos complejos.