Trabajo. El diputado Rubén Uñac se reunió con el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, con su equipo y con el fiscal General, Eduardo Quattropani. Con respecto al narcomenudeo, dijo que permite atacar los canales de distribución.

La embestida del oficialismo contra focos de inseguridad irá por dos frentes. Por un lado, el 12 de este mes presentará un proyecto de ley para que el procedimiento de Flagrancia, el sistema de juicios exprés para delincuentes atrapados con las manos en la masa, se amplíe y contemple los delitos de portación y tenencia ilegal de armas de fuego y el robo con arma apta para el disparo. Por el otro, en noviembre ingresará a la Cámara de Diputados la iniciativa para que la Justicia local se haga cargo de la investigación y sanción de los responsables del llamado narcomenudeo, es decir, el comercio y tráfico de drogas de pequeñas cantidades. El objetivo es que ambas propuestas sean aprobadas este año, pero cada una de ellas entrará a funcionar en tiempos diferentes. La primera comenzará a rodar este año, mientras que la segunda, a fines de 2018 o en 2019.

Con la ampliación de Flagrancia, la gestión uñaquista apuesta a castigar rápidamente a los autores de robos que utilicen armas de fuego y que sean apresados in fraganti. Y en la lucha contra el narcomenudeo, combatir un eslabón del tráfico de drogas, que se esparce tanto en sectores vulnerables como en medios y altos, en las inmediaciones de escuelas y en boliches, por ejemplo, que suele ser caldo de cultivo para hechos delictivos o cuya disputa por el negocio suele generar enfrentamientos entre bandas.

Los proyectos de ley serán presentados por el diputado Rubén Uñac, candidato a senador por el frente oficialista Todos. El legislador local ha venido compartiendo el trabajo con el Ministerio de Gobierno, que conduce Emilio Baistrocchi, cartera que a su vez recibe la colaboración de la Fiscalía General de la Corte de Justicia.

Para enfrentar el narcomenudeo, la provincia, a través de una norma, se tendrá que adherir a la ley nacional de desfederalización de la lucha contra la droga. Así, la Justicia local tendrá la competencia para investigar y castigar el comercio de estupefacientes "fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor", según señala la ley 26.052. Es decir, las pequeñas cantidades, dado que la Justicia Federal mantiene la investigación contra los grandes narcos. En el país, Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa y Chaco se han sumado al combate al narcomenudeo. Si bien la propuesta que encabezará Uñac se presentará en noviembre, fuentes oficiales además explicaron que su puesta en marcha tomará tiempo, ya que es necesario crear uno o dos juzgados e igual cantidad de fiscalías y defensorías oficiales, más los cargos de ayudantes fiscales. Es decir, funcionará como un fuero específico sobre el tema. Es más, señalaron que hay que buscar un edificio para esos magistrados, los que serán designados por concurso y que la Corte de Justicia y la Fiscalía General deben desarrollar los protocolos de actuación, más la capacitación para todos los implicados en esa área. También estará bajo estudio si un grupo especial de policías se abocará específicamente a esos hechos delictivos. Por otro lado, es una fija que se implementará bajo la investigación fiscal, como lo es en Flagrancia.

En ese procedimiento, que está en vigencia desde agosto y que viene arrojando interesantes estadísticas (Ver página 3), también habrá cambios debido a un proyecto que el diputado Uñac presentará el 12 de este mes. El mismo contiene la ampliación de delitos, cuyos autores pueden ser juzgados bajo el novedoso mecanismo. Se trata de la portación y la tenencia y el uso de armas aptas para el disparo en hechos delictivos.


Plazos

El procedimiento de Flagrancia establece que desde que una persona es detenida, en un plazo de 10 días hábiles debe tener sentencia absolutoria o condenatoria. La norma fue modificada y se estableció que la Corte de Justicia también debía adecuar sus tiempos a dicho sistema, cosa que hizo.