Uno es presidente de la Caja de Acción Social, el organismo que les presta plata a los empleados estatales. El otro es funcionario del Tribunal de Cuentas, el órgano que controla el gasto público. Los protagonistas son Guillermo Ruiz Álvarez y su hermano Javier, respectivamente, y están en la mira de la Justicia por una denuncia gravísima y escandalosa. Una comerciante los acusó de actuar como prestamistas de privados que utilizarían dinero de la primera repartición pública, además de pintarlos de usureros por el perjuicio económico que le habrían causado y de que estarían vinculados a la falsificación de un cheque de su cuenta para poder ejecutarlo y percibir el monto. Pero lo que hay hasta ahora en la causa no sólo contiene la declaración sino que existen elementos que los complicarían, ya que la mujer también grabó un encuentro con el titular de la Caja en su oficina particular en la que este le exige el pago de dos cheques. Además, habría constancias de que ambos documentos fueron judicializados para poder cobrarlos y que los artífices de tal maniobra habrían sido los hermanos. Frente a ese escenario, la fiscal Ana Lía Larrea pidió ayer que se abra la causa y que ambos sean indagados como presuntos autores de los delitos de usura, defraudación, peculado y adulteración y uso de documentos falsos.

El caso es una bomba, porque se trata de funcionarios públicos que, de comprobarse, estarían ejerciendo una actividad ilegal, dado que prestarían plata, a través de un intermediario, por fuera de toda regulación financiera. A lo que se suma que estará bajo investigación si los fondos salieron del Estado. Los ribetes escandalosos de la declaración llegan a tal punto que en un tramo menciona que un tal Pereyra "está asociado con Gioja", aunque aún no hay detalles finos sobre el primero y a cuál de los Gioja se refirió. Casualmente o no, se desprenderá de la investigación, podría referirse al concejal rawsino Fabián Pereyra y al intendente Juan Carlos Gioja.

La trama que involucra a los Ruiz Álvarez surgió de una denuncia en un organismo nacional que mandó el caso a la Fiscalía, en donde se ratificaron los dichos (ver aparte). Según fuentes calificadas, la mujer es María Natalia Alaniz, que no podía acceder a un crédito por el sistema bancario y recurrió a un viejo conocido, Renzo Tinto, quien le prestó dinero, ya que este se dedicaría a dicha operatoria por fuera del mecanismo formal. En la jerga sería lo que se denomina un "colocador", el que consigue el dinero de los que manejan los fondos y los entregan a quienes lo requieren.

Como garantía del crédito, la mujer le entregó a Tinto dos cheques: uno en blanco por 52 mil pesos de su cuenta del Banco Patagonia y otro completo (con todos los datos insertos) por 40 mil pesos de la cuenta de su esposo Marcelo Bustos en el Banco Galicia. En la práctica, la entrega de los documentos se hace por si aquel que recibió la plata no la llegase a devolver, el poseedor del cheque pueda cobrar los fondos a través de lo que el deudor tenga en la cuenta corriente. Y si no llegase a tener nada, ejecuta el documento vía judicial y consigue el embargo de bienes.

Alaniz dijo que le fue pagando a Tinto el capital y los intereses (del 10 y 12 por ciento mensual) del préstamo. Dependiendo del mes, llegó a desembolsar hasta 5.000 pesos hasta que sostuvo que superó el monto de la deuda, pero el reclamo de cobro siguió y encima le ejecutaron los cheques. Por eso señaló que se cansó y después de preguntarle insistentemente a Tinto quién tenía los documentos, este le confesó que Guillermo y Javier Ruiz Álvarez, según la denuncia.

Fue así que concertó una cita con el titular de la Caja de Acción Social en su estudio particular de calle Estados Unidos y Rivadavia. La mujer acudió con una cámara oculta y al ingresar, justo registró que salía Tinto, quien le dijo a un custodio "dejala pasar que lo viene a ver al Guille". En la reunión, Alaniz le explicó que le venía pagando el préstamo a Tinto, pero Ruiz Álvarez, además de no creerle, aseguró que no conocía a tal persona, pese a que había salido de la oficina. Durante la charla, el funcionario reconoció que tenía uno de los cheques y le exigió el cobro de los dos. Al final, la conversación terminó con el titular de la Caja diciéndole que hiciera cuentas de lo que había desembolsado para que después volvieran a ver el tema, pero no hubo más novedades, indicó.

Alaniz denunció que el cheque de 40 mil pesos fue llenado para que se cobrara, como límite, en 2014, pero que fue adulterado para que dicha fecha se extendiera a 2017. De hecho, en ese año se presentó para su ejecución judicial, pero que en el Juzgado Civil Nº11 se comprobó su falsificación. La demanda de cobro la habría hecho Javier Ruiz Álvarez, con la representación legal de su hermano. El otro cheque también se judicializó y el ejecutante habría sido Tinto, con el patrocinio del titular de la Caja, dijeron las fuentes.

Los delitos que la fiscal les imputó a los implicados contemplan la excarcelación.

Declaraciones de la denunciante

"Renzo Tinto me dijo que Guillermo Ruiz Álvarez y su hermano Javier Ruiz Álvarez tienen una mesa de dinero y prestan plata de la Caja de Acción Social como prestamistas personales. Tinto es el "colocador" que busca los clientes, anda en la calle, pero también tiene una oficina en Rivadavia y Estados Unidos".

"Al principio me cobraban intereses entre un 10 y 12 por ciento. Luego ya no había un monto fijo. Era cualquier cosa. Entonces, había meses que pagaba 3.000, 4.000 o 5.000 pesos, dependiendo del mes. Hasta que me cansé y dije que pusieran un monto. No era legal la forma de cobro, era un llamado constante reclamando el pago".

"El cheque del Banco Galicia que entregué fue llenado por un monto de 40 mil pesos y está claramente adulterado. La firma plasmada en el frente del cheque es de mi esposo, pero la aclaración realizada detrás del documento para modificar la fecha estaba claramente adulterada. Un perito lo determinó en una causa civil".

"También se judicializó el cobro de otro cheque a mi nombre del Banco Patagonia, que le había entregado en blanco a Renzo Tinto. Ese fue presentado al cobro en 2017, creo, por Javier Ruiz Álvarez por un monto de 52 mil pesos. Esa cuenta estaba cerrada hace mucho tiempo, por lo que ese cobro también se judicializó".

"Tinto me decía que ellos son pacientes, pero ya no los puedo sostener más, no sé que va a pasar. También indicó que esas personas cuentan con la protección de gente de la Policía Federal. En medio del proceso judicial me encontré con Tinto y le pedí que me dijera quién tenía los cheques para darle una solución al tema".

Delitos en juego
Las fuentes indicaron que la fiscal solicitó que se indague no sólo a los Ruiz Álvarez sino también a Renzo Tino por los delitos contemplados en los artículos 175 bis, 172, 261, 292 y 296 del Código Penal. Esto es usura, defraudación, peculado y uso de documentos falsos. Todos los delitos contemplan la excarcelación.

Denuncia
María Natalia Alaniz realizó primero una denuncia telefónica en la línea 134, de la Secretaría de Articulación Judicial - Coordinación de recepción de gestión de denuncias del Ministerio de Seguridad de la Nación. El organismo analizó la competencia territorial y envió la causa a la Fiscalía de Instrucción local en turno.

Investigación
La investigación está en manos del juez del Cuarto de Instrucción, Martín Heredia Zaldo. El magistrado deberá decidir la apertura de la causa, lo que es casi un hecho, indicaron las fuentes, ya que los fiscales son los promotores de la acción penal. El juez deberá materializar las medidas de pruebas.

Puntapié inicial
Fuentes calificadas señalaron que la fiscal Larrea consideró que, al formular el requerimiento de instrucción, tuvo como verosímiles los dichos de la denunciante y que tiene por acreditada la reunión con Guillermo Ruiz Álvarez, la cual se desarrolló en la oficina que describió la mujer, en donde se encontró con Tinto.

Perfil de los implicados

La denuncia y el pedido de instrucción le apunta a tres personas: Guillermo Ruiz Álvarez, Javier Ruiz Álvarez y Renzo Tinto. El primero es abogado y viene al frente de la Caja de Acción Social desde 2003, por lo que estuvo durante las tres gestiones de José Luis Gioja y en lo que va de la de Sergio Uñac. Antes había dedicado la mayor parte de su carrera al ámbito privado, aunque fue asesor legal y auditor de la unidad local de la Anses y de la ex Caja de Jubilaciones de la provincia.

Su hermano Javier, por su parte, es contador y fue electo diputado provincial en tres períodos: 2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015. Tras su último mandato en la Legislatura, ingresó como funcionario en el Tribunal de Cuentas. También se desempeñó como presidente de la Junta Departamental del partido justicialista en Santa Lucía.

El restante es Renzo Daniel Tinto, quien oficialmente brindaría servicios de contabilidad y asesoramiento, revelaron fuentes calificadas, aunque en la denuncia quedó bajo la lupa de la Justicia por dedicarse a buscar clientes y "colocar" dinero de los prestamistas a quienes lo requieran.