El fiscal General Eduardo Quattropani y su equipo armaron el proyecto de ley para la creación de la unidad que se dedicará a la investigación de delitos informáticos (ciberdelitos), el cual enviaron el jueves a la Corte de Justicia para que, en el caso de que se compartan los fundamentos, los ministros lo giren a la Cámara de Diputados para su tratamiento y aprobación. La iniciativa contempla la incorporación al sistema acusatorio de hechos delictivos ligados a las estafas electrónicas, principalmente, y la difusión de imágenes sexuales de menores, por ejemplo, los que han tenido un crecimiento en cuanto a denuncias, según las estadísticas policiales. Para ello, el jefe del Ministerio Público también solicitó cargos: tres fiscales, cinco ayudantes fiscales, cinco abogados, dos informáticos y tres empleados.

La creación de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Informáticos había sido confirmada a este medio por Guillermo De Sanctis cuando asumió en marzo al frente de la Corte. Inclusive, al ser consultado, Quattropani había indicado que "el diseño de la nueva UFI se está realizando en mutuo acuerdo" con el titular del máximo tribunal, ya que "es razonable dialogarlo y tomar decisiones sistémicas", en el marco de un vínculo institucional restablecido, luego de altibajos. No obstante, el jefe de los fiscales y su gente les enviaron a los ministros el anteproyecto de ley, el informe con fundamentos y el proyecto de resolución de creación de la UFI. Incluso, Quattropani resaltó: "Hago notar al señor Presidente" que los escritos enviados "se corresponden con lo dialogado con usted, en marzo del corriente año, contando con documentación en borrador, y que diera lugar al anuncio efectuado en el Acto de Inauguración del año judicial en Jáchal". ¿Un reflejo de que, desde esa fecha, el diálogo está cortado? ¿A eso se debe el avance de la iniciativa en soledad por parte del titular del Ministerio Público y se trata de una movida para agilizar su tratamiento? La Corte es la que tiene la facultad de iniciativa legislativa, es decir, de presentar proyectos de ley directamente en la Cámara de Diputados para su tratamiento. Con el proyecto en sus manos, es un hecho que el máximo tribunal lo estudiará antes de mandarlo a la Legislatura. ¿Habrá contactos entre ambas autoridades o no, fruto de posibles diferencias, lo que conllevará a que se retrase su puesta en marcha? Interrogantes que surgen luego de que trascendiera la movida del fiscal General, las que se irán develando con el tiempo.

El proyecto contempla la incorporación al sistema acusatorio, en el que la investigación penal está en manos de los fiscales, de los delitos incluidos en la ley nacional 26.388, la que se sumó al Código Penal. Así, se encuentran las estafas producto del robo de datos personales (phishing), las denuncias por suplantación de identidad, los fraudes informáticos, los ataques como cyberbullying y el robo de información estratégica de distintas organizaciones y el hackeo de sitios web. La pornografía infantil y el grooming (ciberacoso de adultos hacia menores de edad) también están contemplados, pero dichos delitos son parte de la UFI Anivi porque hay menores involucrados. Así, desde el Ministerio Público explicaron que la nueva unidad tendrá en manos la investigación, pero también servirá de apoyo científico al resto de las unidades fiscales y a todo el Ministerio Público.

Ese tipo de maniobras han proliferado en los últimos años, al punto que, en 2022, los sumarios penales por estafas a través del ciberdelito se incrementaron un 21,52 por ciento respecto del año anterior y llegaron a un total de 1.276, esto es, tres denuncias y media por día (ver recuadro). Por eso, en el Poder Judicial apuntaron a la creación de la UFI Delitos Informáticos, por lo que es necesaria su incorporación en el sistema acusatorio a través de un proyecto de ley, el cual contemple la estructura de personal para el Ministerio Público Fiscal, indicaron.

Estadísticas y fundamentos

Según los datos oficiales aportados por la Justicia, por intervención de la Policía a través de Delitos Complejos, durante los últimos tres años, los ciberdelitos crecieron un 112,6 por ciento. Mientras que en 2020 se registraron 600 sumarios penales, en 2021 la cifra llegó a 1.050 casos. Un año más tarde se contabilizaron 1.276, en los que están incluidos 120 correspondientes a la Red internacional 24/7 contra la pornografía infantil y grooming. Entre los fundamentos del proyecto, el fiscal General sostuvo que los ciberdelitos "representan una tendencia creciente y sostenida". Por eso, la creación de la UFI Delitos Informáticos apunta a luchar contra dicha actividad delictiva que "compromete la seguridad de la información de bases de datos públicos y privados, la protección de correspondencia electrónica, la defraudación mediante cualquier técnica de manipulación informática, la ilegal transmisión de datos, imágenes de contenido sexual que afecte a niños y niñas", entre otras.