Para la fiscal Claudia Salica y su par Roberto Ginsberg, de la Unidad Cavig, el funcionario judicial Mario Parisí hacía valer su rol dentro del Poder Judicial en la relación con su expareja, lo que convirtió al vínculo en una situación asimétrica, de supremacía y de poder. Incluso, en la denuncia que realizó por haber recibido golpes de manos del profesional, la mujer expuso que, en varias ocasiones, el funcionario se jactaba de ser "quien disponía sobre la libertad de las personas", ya que ocupa un alto cargo dentro del fuero penal. Así, Parisí pudo ejercer una situación de control y dominio sobre su expareja, al punto que, según quedó revelado ayer ante el juez, le exigía "qué ropa ponerse, que bajara de peso y que, dentro del domicilio, se vistiera con tacos y que estuviera con ropa interior o con body". Además, en el año y tres meses que duró la relación, de los cuales en cuatro meses convivieron, en algunas ocasiones había recibido violencia verbal y psicológica porque el funcionario "era muy celoso", pero nunca había llegado a la agresión física, hasta el hecho que desencadenó la denuncia.

Todo eso reflejaron los miembros del Ministerio Público, aunque no fue lo único que remarcaron de la relación de Parisí con su expareja, ya que Salica dijo que el imputado impuso su supremacía judicial con la participación de otro funcionario, Juan Pablo Ortega, en la mira por haber tomado contacto con la presunta víctima con el objetivo de tratar de convencerla y que cambie su declaración. Con dicha intervención, "se transmitió un mensaje de impunidad" por la presunta participación de una "corporación judicial" en busca de favorecer al imputado, dijo la fiscal. Según la acusación, ese escenario generó un estado de "indefensión y vulnerabilidad, que poco podía hacer la mujer para repeler ese ataque". Con ese marco, los fiscales le imputaron a Parisí lesiones leves agravadas por el vínculo, en contexto de violencia de género; amenazas por el uso de arma blanca y desobediencia a una orden judicial, ya que, a través de un tercero, se contactó con la víctima. En el caso del segundo funcionario, la acusación fue por el delito de encubrimiento, dado que, según la fiscalía, la mujer indicó que, al contactarse, Ortega le dijo que "tendrías que hacer unas pequeñas declaraciones en tu denuncia. Decir que él te ve el celular, que se lo querés sacar y que vos agredís primero". Además, expresó que el funcionario le dijo: "Si querés, yo redacto el escrito y vos le ponés la firma".

La defensa de Parisí, representada por Fernando Castro y Nasser Uzaír, disparó con dureza contra Fiscalía, al punto de pedir su recusación. Según los abogados, el Ministerio Público utilizó información que no correspondía para pedir la detención del profesional, ya que, al principio, un informe médico privado que presentó la mujer indicaba que tenía fractura de coxis, lo que hizo que la causa se calificara como lesiones graves agravadas por el vínculo, cuando dicha fractura no existió. Así, los fiscales cambiaron ayer la calificación a lesiones leves. Sobre esa presunta irregularidad, los abogados apuntaron a un "abuso de autoridad", ya que "se han violado normas básicas que aseguran la libertad de un ciudadano mientras se tramita un proceso". Además, indicaron que "no hay violencia de género" porque se trató de "un solo episodio". Por su parte, la defensa de Ortega, encabezada por Fernando Echegaray, negó las acusaciones y solicitó que la imputación de encubrimiento se tramite en otro expediente, lo que fue rechazado.

• Claves

Libertad

Tras la audiencia de control de detención, el juez de Garantías, Matías Parrón, ordenó la libertad de Mario Parisí. Le impuso medidas de restricción como acercamiento y comunicación con su expareja.

Investigación

A pedido de la fiscalía, el juez determinó seis meses para la investigación. Llamativamente, la defensa de Parisí solicitó que ese plazo fuese de un año, dado que la prueba que tienen planeado presentar "es compleja".

Ortega

La restricción también aplica contra Ortega, secretario Relator que depende de la Corte. Tras el caso, el funcionario dejó de cumplir funciones en la Unidad de Asistencia Jurídica del Colegio de Jueces y fue trasladado a Jáchal.