El expediente administrativo que tiene en la mira al juez de Flagrancia, Carlos Lima, por presunto acoso sexual en el ámbito laboral, va camino a cumplir un año sin resolución. Según confirmaron fuentes calificadas, el sumario que se inició en su contra dentro del Poder Judicial, por la denuncia que realizó una empleada en la Oficina de Clima Laboral, todavía no está cerrado, por lo que hasta el momento no se han formulado cargos, la causa no cuenta con dictamen legal y la Sala de Superintendencia de la Corte no ha tomado intervención para dictar una resolución. Así, faltan varios pasos para que la causa llegue a su fin y determinar, o desligar, responsabilidades sobre Lima. Según las fuentes, el proceso que resta demandará al menos dos meses. Con ese plazo, se habrá cumplido un año desde la denuncia, demora que no cayó bien dentro de Tribunales. Al parecer, el principal motivo del retraso se debe a una serie de presentaciones defensivas que ha realizado el juez, planteos que se deben resolver.

La causa contra Lima salió a la luz en los primeros días de mayo del año pasado, luego de que el ahora expresidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, confirmada que la sala de Superintendencia del máximo tribunal había decidido "abrir un sumario administrativo para determinar si se ha incurrido en una falta disciplinaria". En su momento, al igual que ahora, no trascendió los detalles que motivaron a la empleada judicial a exponer en la Oficina de Clima Laboral los hechos vividos con el magistrado, pero las fuentes si confirmaron que se trataron de episodios con connotaciones sexuales, los que fueron apoyados por otros testimonios, al menos cinco, que apoyaron lo denunciado, incluso, sumando otros hechos.

Cabe recordar que, según la ley de violencia laboral, hay tres tipos de situaciones contempladas como violencia dentro del ámbito de trabajo: maltrato físico, acoso psicológico y acoso sexual. Este último está definido como "cualquier tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual, tanto física como verbal, para sí o para un tercero, no deseada por quien la sufre, que surge de la relación de empleo público y que da por resultado un ambiente de trabajo hostil, un impedimento para hacer las tareas y/o un condicionamiento de las oportunidades de ocupación de la víctima".

Luego de la apertura del sumario, trascendieron varios elementos que servirían de justificación al tiempo que ha transcurrido, con un principal eje en la defensa que planeó Lima al ser acusado por acoso, al punto que designó a un abogado para que lo represente en la causa. A través de él, planteo nulidades y ofreció pruebas, los cuales, en algunos de los casos, fueron rechazados y otros aceptados. Por otro lado, si se tiene en cuenta el antecedente más próximo, de un sumario contra un juez (Ver recuadro), el caso contra el magistrado de Flagrancia está excedido en los tiempos, al punto que el anterior proceso se cerró en 8 meses y este va camino al año.

La denuncia contra Lima había caído como un balde de agua fría en la cúpula judicial, ya que la Corte viene promoviendo cambios de base en materia de trato laboral, con la puesta en marcha de Oficina de la Mujer y la implementación de la Ley Micaela, que fomenta la capacitación en perspectiva de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres para los miembros de ese poder del Estado.

Traslado

Fuentes calificadas confirmaron que, luego de exponer la situación vivida con el juez de Flagrancia, Carlos Lima, la trabajadora fue trasladada a otra área para evitar contactos mientras se tramita el sumario administrativo contra el magistrado.

Definición

Si el sumario arroja un resultado en contra del denunciado, la Sala de Superintendencia de la Corte debe definir si aplica sanciones, las que pueden ir desde un llamado de atención, apercibimiento, suspensión o un pedido de juicio de destitución.

• Juez suspendido por ejercer violencia de género

En junio del año pasado, el titular del Primer Juzgado Civil, Héctor Rollán, fue suspendido de su cargo por 15 días sin goce de haberes. El motivo fue que los términos utilizados por el magistrado para dirigirse a una agente judicial fueron despectivos, humillantes, de extrema subestimación y dirigidos por su condición de mujer. Así, la situación configuró un hecho de violencia de género dentro del Poder Judicial. Con el agravante de quien los reprodujo es personal superior, por su rol de magistrado, y quien, además, debería ser garante de los derechos que, al final, terminó violando, lo que generó una situación que causa una sensación de inseguridad en la sociedad.

El castigo, que fue definido por la Sala de Superintendencia de la Corte, tuvo la rúbrica de los cortistas Daniel Olivares Yapur, Adriana García Nieto y Juan José Victoria, luego de que el área de Asuntos Legales recomendara la aplicación de una sanción.

Un punto clave que tuvo la resolución fue que, al ejercer su defensa, el juez reconoció el hecho.

Rollán incumplió varias normas, entre ellas, el Código de Ética establecido en 2018 y la Ley Micaela.