Un grupo de abogados y médicos, confabulados con un empleado, convencieron a otros operarios de sacarle plata a un fondo nacional que usaban las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). La maniobra fue simple: simular enfermedades laborales como graves disminuciones de la audición, y cobrar a partir de los huecos que dejaba el sistema. A grandes rasgos, así habría sido la estafa emblemática de la industria del juicio local, tema que cobró vigencia luego de que el presidente Mauricio Macri hablara de eliminar esa práctica (Ver recuadro). La causa tiene ocho procesados (Ver nota de página 5), quienes se encaminan a sentarse en el banquillo de los acusados, ya que la Cámara Federal de Mendoza había confirmado la resolución del juez federal Leopoldo Rago Gallo, “a fin de permitir que las actuaciones pasen a la etapa de juicio”. Fuentes calificadas aseguraron que faltan algunas medidas de investigación y una vez que estén concluidas, el fiscal Francisco Maldonado trabajará en el requerimiento para elevar el expediente al debate oral y público.

Según la investigación, todo se desencadenó cuando Joaquín Ares, socio gerente de la empresa calera El Volcán, se sorprendió ante un llamado de La Segunda ART SA, empresa que le brindaba la cobertura a sus trabajadores. ¿Por qué la sorpresa? La compañía le informaba de un aumento sideral del precio de la póliza por el servicio. Al preguntar qué pasaba, descubrió que desde el 27 de noviembre de 2006 al 5 de julio de 2007, la ART pagó en sede administrativa 16 indemnizaciones por hipoacusia, mientras que habían siete casos en sede judicial, lo que totalizaba 422.112 pesos. Los datos de las enfermedades no coincidían en nada con los exámenes preocupacionales ni con los partes médicos que tenía la calera, lo que generó una reunión con el gremio minero AOMA.

El encuentro, que tuvo ribetes tensos, se dio entre representantes de El Volcán, miembros del sindicato y los operarios que encararon las indemnizaciones. De ahí salió el dato. Los obreros dijeron que unos abogados cordobeses y sanjuaninos iban a sus casas, o enviaban a sus mensajeros, y les prometían que iban a recibir indemnizaciones suculentas si presentaban problemas de sordera. Así, les dijeron que no se preocuparan por su trabajo, ya que la empresa no era la que ponía la plata sino la ART. Para que no hubiera errores, les habían afirmado que iban a ser asesorados por profesionales para que las pruebas de audición salieran favorables.

La maniobra se repitió en las caleras San Juan y Albors.

Tras esa reunión, en la que salió a la luz la maniobra delictiva y el riesgo que podían correr, 55 empleados abandonaron el reclamo de indemnización y les revocaron los poderes para actuar a los abogados Juan Manuel Azcona y Ernesto Daniel Clavijo, quienes los habían contactado, según surge del expediente. Ares indicó en la Justicia que envió a los trabajadores a que sean revisados por profesionales particulares y los estudios revelaron que las hipoacusias supuestamente detectadas no existían o habían disminuciones de la audición pero en una graduación mínima. 

El entramado del mecanismo ubicó a Orlando Bruna, quien era empleado de la calera Massut, como uno de los que tenía la misión de captar y reclutar “clientes”, es decir, trabajadores, aprovechándose de su necesidad. Según los testimonios, Bruna era el que movilizaba a la gente y tenía los contactos con los abogados y los médicos.

La otra pata clave fueron los médicos que cumplían tareas  “con o para” los abogados, indica el expediente. Los profesionales de la salud fueron los que emitían los certificados médicos falsos. Las irregularidades fueron tan burdas que algunos de estos atendían en el mismo departamento en el que estaba el estudio jurídico de los abogados o no eran especialistas en medicina laboral, no tenían registrada su matrícula profesional en la provincia o ni siquiera habían revisado a los operarios. Los implicados son los médicos cordobeses Carlos Manuel Delera y Gustavo García Larsen, más el sanjuanino Roberto Moya. 

De acuerdo a la investigación, los abogados también fueron los que buscaban a las presas. Iban ellos o mandaban “dateros” para captar clientes. Asistían a las empresas, repartían tarjetas, armaban reuniones con los operarios o los visitaban en sus casas. El argumento con el que convencían a los trabajadores para que encararan los reclamos era que las ART estaban en falta porque no habían cumplido con su obligación de realizar exámenes periódicos. Así, los pesquisas comprobaron que además de Clavijo y Azcona, también promovieron indemnizaciones Waldino Fabián Acosta y Agustín Zumel. El camino que seguían era la presentación por la vía administrativa (la ART y la Comisión Médica 26) o, dependiendo el caso, los juzgados laborales locales.

La resolución de Rago Gallo señala que los profesionales aprovecharon huecos y ventajas que tenían al conocer el sistema. Uno de ellos era que la política de las aseguradoras era conciliar sin litigar al ser demandadas. 

El pago se realizaba a través del Fondo para Fines Específicos, que lo aplicaba la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación para enfermedades de hipoacusia. Este organismo disparaba los fondos luego de que se realizara el control médico oficial de la llamada Comisión 26.
 

Macri, contra la “mafia de los juicios laborales”

A mediados del mes pasado, el presidente Mauricio Macri dio un duro mensaje con un destinatario claro. “Hay que enfrentar a la mafia de los juicios laborales, eso destruye la generación de empleo futuro. Hay un grupo de abogados laborales, encabezados por Recalde (Héctor, diputado nacional) que ha hecho mucho daño a la Argentina”. Según los datos que brindó el Gobierno nacional ante los medios, por año se inician más de 100 mil juicios y hay más de 340 mil acciones judiciales en curso. La embestida de Macri recogió el apoyo del sector empresarial, en el que existe el temor a que cada empleado que se retire de una compañía lo haga con un juicio, aunque estuviera debidamente registrado y hubiera sido desvinculado legalmente. El tema se suma a los altos costos laborales, que lleva a una merma de la competitividad y a la imposibilidad de contratar más personal, reflejaron los medios nacionales. Por otro lado, desde distintas asociaciones que representan a los abogados laboralistas cuestionaron que se trata de una campaña para desprestigiar y atacar los derechos de los más vulnerables.

En San Juan, la gestión uñaquista apunta a poner en marcha un sistema de conciliación obligatoria entre el trabajador y la empresa, con el objetivo de reducir la cantidad de juicios laborales que se inician cada año. La idea es que el trabajador puede llegar a un acuerdo con la firma en el corto plazo y ver satisfecha su necesidad indemnizatoria y no tener que esperar los extensos plazos de un juicio. En la Justicia habían informado que el año pasado ingresaron alrededor de 2 mil causas y que la cantidad viene creciendo año a año. Según las estadísticas que había brindado el juez Mariano Ibáñez, del Primero Laboral, sólo en el primer semestre de 2016 hubo un incremento del 20 por ciento respecto al mismo período de 2015. 
 

La presunta asociación ilícita

En octubre de 2014, el juez Federal Leopoldo Rago Gallo procesó sin prisión preventiva como integrantes de una asociación ilícita a los abogados Juan Manuel Azcona, Agustín Rodolfo Zumel, Ernesto Clavijo y Waldino Fabián Acosta; a los médicos Carlos Manuel Delera, Gustavo García Larsen y Roberto Moya, y al trabajador calero Orlando Bruna, por distintos hechos consumados y otros que quedaron en grado de tentativa. A los profesionales de la salud además les endilgó el hecho de hacer y entregar un certificado médico falso “concerniente a la inexistencia de una enfermedad” y fraude en perjuicio de la administración pública. En cuanto a los letrados, les achacó la utilización de ese documento falso y la estafa al Estado. 

Los defensores de los implicados apelaron el fallo y la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó los procesamientos. Los magistrados señalaron que “la participación de los imputados se encuentra suficientemente acreditadas” y compartieron “plenamente” las valoraciones efectuadas por el juez de primera instancia. El Tribunal además convalidó la figura de la asociación ilícita y además rechazó un planteo de prescripción de la acción penal.

Claves del entramado

La pata interna
El empleado calero Orlando Bruna era uno de los que se encargó de buscar obreros para que hicieran reclamos por indemnizaciones. Según la investigación, movilizaba a la gente y tenía contacto con los abogados y los médicos.

Aporte médico
Delera, García Larsen y Moya emitieron certificados médicos que revelaban graves problemas de audición de los empleados cuando en realidad no era así. Según la resolución, sabían que el documento era el medio para la defraudación.

Despliegue jurídico
Los abogados Azcona, Zumel, Clavijo y Acosta también fueron los que captaron los clientes. Según las resoluciones, buscaron a los obreros en sus casas, armaron reuniones y los citaron a sus estudios para convencerlos de pedir indemnizaciones.

Maniobra
Según el fallo, los abogados conocían las debilidades del sistema. Entre ellas, que las ART no cumplían con el control periódico a los empleados, argumento que sirvió para iniciar las demandas. Además, que las aseguradoras prefieren acordar y no litigar.

Fundamento
Los abogados convencían a los trabajadores de realizar los reclamos, ya que aseguraban que los mismos eran contra las ART y no contra la empresa, lo que les garantizaba la continuidad de su fuente laboral. Es decir, la aseguradora pagaba.

Desembolso
Según el decreto 590/97, el artículo 2 habilitaba a que las ART se sirvan del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales para el pago de las hipoacusias. El control del organismo nacional estaba a cargo de la llamada Comisión 26.