Tres amenazas de bomba en la mañana de este miércoles (Centro Cívico, Tribunales y Hospital Rawson), sumado a una serie de audios que andan circulando de supuestas convocatorias a saqueos, generó que el Gobierno provincial y la Justicia convoquen a una conferencia de prensa este mediodía para hacer un llamado a la ciudadanía y una advertencia a los que propician este inquietante escenario.

Estuvo encabezada por el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, junto al jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez, y Pablo Martín, de la Unidad Fiscal Flagrancia.

"Queremos expresar desde el Gobierno de la provincia y el Ministerio Público Fiscal, que vamos a ir hasta las últimas consecuencias para evitar que se altere el orden público. No vamos a escatimar recursos en la prevención, tenemos preparados los distintos operativos, con fiscales aprestos para actuar, en el caso que estos hechos se anuncian que pueden llegar a suceder", expresó Munisaga.

Y agregó que "se caerá con toda la fuerza de la ley, aplicando los procedimientos de Flagrancia y logrando las condenas necesarias". 

"Pedirle a todas las personas de bien, personas decentes de San Juan, que no se hagan eco de estos llamados, que no se apeguen a estas cosas", cerró el funcionario.

Con respecto a las amenazas de bomba, hay una pesquisa en marcha que tiene en la mira a un ciudadano y por estas horas se llevarán adelante allanamientos para intentar dar con el autor de los llamados.

Condenas por el saqueo del año pasado

Trece días después del ataque a la distribuidora del 30 de julio del año pasado, la Justicia provincial condenó a siete de los diez imputados. Hubo dos absoluciones y una mujer fue a juicio por no llegar a un acuerdo. Micaela y Fabián Recabarren, Braian Ormeño, Hugo Tejada, Fernando Páez, Catriel Tejada recibieron 3 años de prisión en suspenso y perimetral, mientras que Jonathan Montivero fue condenado a 8 meses de prisión condicional. Ninguno de los siete fue a prisión porque así lo dispone el Código Penal. Por su parte, Alexander Alé y Emiliano Godoy fueron absueltos por el beneficio de la duda; y Zaira Laciar fue a juicio por no llegar a un acuerdo con las autoridades. El delito que se les imputó a todos fue robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.

Por el hecho, el gobernador Sergio Uñac convocó a una conferencia de prensa, en la que anunció que estudiarían la posibilidad de quitarles los planes sociales a quienes participen de estos delitos. También la Justicia investigó a otras 11 personas, por el mismo delito, pero en grado de tentativa, por lo ocurrido en el Chango Mas.