El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, puso el ojo en los casos Correo Argentino y Avianca, y elevó un pedido de informes al Ejecutivo para esclarecer ambos casos.

 

En lo que respecta al tema Correo Argentino, Gioja puso en duda la existencia de una auditoría elaborada por la Procuración del Tesoro de la Nación. Además, planteó un posible conflicto de intereses existentes entre el nuevo Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, sobre los temas que debería intervenir, al advertir que el Estudio Saravia Frías Abogados, del que es titular, "tiene vínculos directos profesionales con firmas como Grupo Macri, propietario de SIDECO S.A., y otras empresas que operan con el Estado".

 

Según el exgobernador, Bernardo Saravia Frías informa en la página Web de su estudio que aún mantiene como cliente al Grupo Macri. Por tal motivo, Gioja sostuvo que "atento a la designación de una abogado -del Estado- del Grupo Macri en una causa contra el Grupo Macri demuestra que Saravia Frías no debió haber sido nombrado Procurador del Tesoro de la Nación, y menos aún haber asumido la representación del Estado en virtud de una norma tendiente a prevenir conflictos de intereses".

 

Por otro lado, el legislador sanjuanino puso la lupa en el otorgamiento de rutas aéreas (caso Avianca). Gioja señaló una particular irregularidad en la aplicación de los mecanismos estipulados especialmente para los casos de conflictos de intereses: el llamado a Audiencias Públicas.

 

En el pedido de informes al Ejecutivo, el diputado nacional apuntó a la Oficina Anticorrupción y adelantó que "del informe elaborado por esta dependencia del Estado surge que no se aplicó ningún mecanismo de prevención". En la misma línea, Gioja apuntó contra en el firmante del informe y manifestó que "llama la atención que dicho informe no fue firmado por su titular (Laura Alonso), sino por una funcionaria de segundo orden llamada Mora Kantor".

 

Además, Gioja señaló que el informe "hace mención a la realización de una Audiencia Pública llevada a cabo en diciembre de 2016, meses antes de la entrada en vigencia del Dec 202/17, el que supuestamente viene a prevenir los conflictos de intereses, quedando claro el objeto del objeto del decreto, pero también que en el caso Avian-Avianca no se ha aplicado correctamente".

 

"Nos preocupan algunas irregularidades de ambos casos que aún no fueron aclaradas", sostuvo Gioja, y agregó que "son más las dudas y sospechas que recaen sobre estos casos que las aclaraciones que intentan hacer los funcionarios. Esperamos que la justicia tome debida nota de los interrogantes que se plantean en este pedido de informes".