El juez federal Leopoldo Rago Gallo concretó una medida histórica: envió ayer un informe a la Cámara de Diputados para que le hagan un juicio político al cortista Juan Carlos Caballero Vidal, quien está imputado por delitos de lesa humanidad durante su desempeño como magistrado de primera instancia durante la dictadura. El pedido apunta a que el integrante del máximo tribunal local sea destituido de su cargo y así pierda sus fueros y pueda ser investigado. Rago Gallo fundamentó su planteo en la necesidad de avanzar en la causa, en los graves hechos que el fiscal Francisco Maldonado le enrostró al ministro y en que entiende que puede, por la función que cumple, entorpecer la investigación a través de la presión a posibles testigos y por sus vínculos, aseguraron fuentes calificadas. No fue lo único, ya que también prohibió que salga del país y ordenó la retención de su pasaporte.

Es la primera vez en el país que se solicita un proceso de remoción contra un ministro de la Corte por su supuesta vinculación con el terrorismo de Estado. Además, es la primera vez en la provincia que un planteo de ese estilo parte desde un órgano judicial. Según las fuentes, la solicitud ingresó anoche a la Cámara de Diputados y todo indica que su camino será que tome estado parlamentario para que sea girado a la Sala Acusadora, uno de los órganos que lleva adelante el juicio político (Ver aparte).

Luego del pedido del fiscal, Rago Gallo consideró que hay elementos recabados para indagar al cortista por los expedientes Cevinelli y Carvajal. De acuerdo a las fuentes, el juez valoró indicios que llevan a presumir que si Caballero Vidal sigue en el puesto es un riesgo para el proceso, por lo que entendió que la remoción es la vía para que avance la investigación. Además, en la presentación se señala que la instrucción previa se vio obstaculizada, ya que cuando se solicitó información a la Corte sobre libros de mesa de entradas, protocolos de sentencia y expedientes, los mismos habían sido incinerados hace años y no hubo registros de dicha quema, indicaron las fuentes.

Caballero Vidal está imputado, en primer lugar, como presunto partícipe de los delitos de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad y robo agravado, además de estar señalado como integrante de una asociación ilícita, de no promover la investigación penal y amenazas. Es por el caso de Héctor Cevinelli, quien fue secuestrado, torturado y a quien además le robaron. Según la causa, no habría hecho nada por la víctima y encima, habría amenazado al abogado defensor. El otro caso es por no impulsar la pesquisa al tomar conocimiento de la muerte de Ángel José Alberto Carvajal, torturado hasta la muerte, pese a que ordenó su autopsia por pedido del RIM 22.

Los pasos en la Cámara de Diputados

Sala Acusadora

El pedido de Rago Gallo entrará a la Sala Acusadora, que tiene 18 miembros y es presidida por Pablo García Nieto. La Sala lo girará a la Comisión Investigadora, compuesta por cinco diputados, con la finalidad que se investigue la verdad de los hecho en los que se funda la acusación. Esa comisión deberá enviar un dictamen a la Sala Acusadora, que lo aceptará o no.

Suspensión

Según la Constitución de la provincia, desde el momento en que la Sala Acusadora admite la acusación, paso que se da con la aceptación de la mayoría simple de sus miembros, el acusado, en este caso el ministro de la Corte, queda suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin el goce de sueldo. Es decir, la suspensión del cargo se produce de manera automática.

Acusación

Una vez admitida la acusación por la Sala Acusadora, ésta nombra una comisión de tres de sus miembros para que defiendan la posición ante la Sala Juzgadora. Esta última se convierte en Sala de Sentencia y debe analizar la acusación, la defensa y la prueba para emitir un fallo. La Sala Juzgadora también consta de 18 miembros y tiene como presidente a la diputada Marcela Monti.

Vencimiento

Si la Sala de Sentencia no emite un fallo en el plazo que establece la Constitución, el acusado volverá al ejercicio de sus funciones, en este caso a ser miembro de la Corte de Justicia local. El mismo tendrá el derecho de percibir todos los haberes no cobrados hasta la fecha y sin que el juicio pueda repetirse por los mismos hechos por los que se iniciaron.

Votación

Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Sala de Sentencia, en este caso, 12 de 18 diputados. La votación, para determinar si corresponde la destitución del cortista, es nominal y se registra en un acta la postura de los diputados.

Fondos mineros para un taller

A través del fondo para el Desarrollo Minero de la provincia, el municipio de Rawson, a cargo de Juan Carlos Gioja (foto), recibirá 2.5 millones de pesos. Serán usados para edificar un taller para capacitar a vecinos en la producción de ladrillos.