San Juan presentó una nueva respuesta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que busca zanjar de forma definitiva la discusión por el agua de sus ríos con La Pampa. En el planteo, Fiscalía de Estado negó que los ríos locales traspasen los límites provinciales y alimenten una cuenca en la zona de influencia pampeana, además de rechazar que el uso de los diques afecte a dicha provincia. Así, el organismo intenta blindar, con argumentos técnicos y legales, el derecho sobre el recurso natural. Y la contestación no fue en términos suaves, ya que se acusa a La Pampa de encarar una movida política y querer sacar rédito económico de la generación de energía de los embalses sanjuaninos.

En un documento de 181 páginas, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, contestó el pasado jueves la demanda que había presentado La Pampa en 2016, en la que pide crear un Comité de Cuenca Hídrica de la Cuenca Desaguadero-Salado-Chadilveuvú-Curaco. En el escrito, San Juan niega que sea legal la creación de ese órgano y anticipa que no hay obligación de participar, incluso, en caso de que la Corte Suprema le haga lugar a la solicitud pampeana.

La base de la estrategia sanjuanina es demostrar que los ríos San Juan, Jáchal y Bermejo no aportan agua a la cuenca interjurisdiccional, esto quiere decir, que el agua de deshielo y su uso local no influyen en el régimen hídrico pampeano. Para esto, Fiscalía de Estado se basó en estudios nuevos e históricos del Departamento de Hidráulica, la UNSJ, la Secretaría del Agua e investigaciones de institutos técnicos, entre otros.

Pero la respuesta no se queda sólo en los términos técnicos, sino que hace un fuerte señalamiento a una estrategia política y económica de La Pampa. "Lo que busca, y seguramente el tiempo nos dará la razón, además de beneficios políticos, son los beneficios económicos, como la generación de energía que producen estos grandes emprendimientos (en referencia a los diques), en los cuales, San Juan invirtió millones de dólares para cuidar el agua que tanto nos cuesta a los sanjuaninos", señalaron desde Fiscalía de Estado.

En el pedido de creación del comité, las autoridades pampeanas aseguraban que tanto la construcción de los diques como el uso del agua en San Juan causan "daños ambientales" y que se maneja de manera ineficiente. Alvo y sus abogados redoblaron la apuesta y dijeron que, mientras la utilización local es "de excelencia" y que implica la inversión en obras millonarias, "La Pampa, en su conjunto, tiene excedentes de agua que desaprovecha por inoperancia y mala gestión".

También agregaron que, en caso de que se cumpliese el pedido de creación del comité y las exigencias del mismo, que incluye dejar correr el agua de deshielo de San Juan libremente, habría un perjuicio ambiental. Esto se debe a que, según los datos proporcionados en los informes técnicos, sería necesario desaprovechar en la provincia alrededor de 100 m3/s, cuando el caudal promedio del río San Juan fue esta temporada de menos de 30 m3/s, para intentar que recorran 640 km hasta La Pampa. Según los técnicos sanjuaninos, en el caso de que el aporte del río se triplicara en la actual sequía histórica, durante el trayecto se salinizaría hasta volverse inutilizable.

Según los representantes legales provinciales, el avance sobre la soberanía de los ríos ya empezó a causar problemas. Es que destacaron que el planteo provoca inseguridad jurídica, mientras San Juan se encuentra buscando financistas para el Dique El Tambolar, una obra sobre la que La Pampa también presentó una demanda y ya hubo contestación del organismo que defiende el patrimonio local (ver La pelea por...).

Alvo y su equipo señalaron que, en el caso de que el máximo tribunal le haga lugar al pedido, sería beneficiar a una provincia desarrollada por sobre una con limitaciones naturales. También solicitó que se deje un precedente para evitar otras acciones similares al indicar que "la Corte Suprema no puede ser utilizada como instrumento para intentar satisfacer intereses y conveniencias personales de política partidaria y, menos aún, en desmedro de los esfuerzos del pueblo de San Juan".

LA CIFRA

100  metros cúbicos por segundo (m3/s) quiere La Pampa que San Juan deje sin usar para, supuestamente, beneficiar la cuenca. El río San Juan trajo 34 m3/s en promedio este verano.

> Siguientes pasos

De no tener un fallo favorable por parte de la Corte Suprema, San Juan aseguró que se negará a integrar el comité y que llevará el reclamo legal a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

• CLAVES

Cronología del cruce

La Pampa presentó la demanda en 2016, pero la Corte Suprema le pidió que incorporara prueba que recién hizo este año. Así, se le corrió traslado a San Juan para que contestara. La causa demorará más años.

Dura acusación

Fiscalía de Estado indicó que, durante la edificación de cuatro diques, La Pampa "no hizo ningún planteo eficaz que obstaculizara sus construcciones" y que ahora lo hace con "mala fe".

• La pelea por El Tambolar

En paralelo a la causa por la creación del Comité de Cuenca, existe otro proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que La Pampa presentó en 2018. Se trata de una demanda contra San Juan y la Nación por la obra del dique El Tambolar, con la que pretende frenar la obra a través de una medida cautelar que no ha sido tratada. Hasta junio, la construcción tenía un avance del 37%. El pedido incluyó que se llevaran adelante los estudios ambientales correspondientes de la obra, ya que, para las autoridades pampeanas, el río San Juan sobrepasa los límites de la provincia e integra la Cuenca del Desaguadero, que nutre de recursos hídricos a dicha provincia.

En el documento que elevó la semana pasada el Fiscal de Estado, Jorge Alvo, al máximo tribunal, están incluidos argumentos contra este otro avance jurídico, ya que el reclamo también está presente en el pedido de conformación del Comité de Cuenca. Además de aclarar que los diques en general y El Tambolar en particular no afectan al medio ambiente y tampoco a La Pampa, el escrito resalta que los ríos sanjuaninos no traspasan los límites provinciales y que la obra se hace bajo normativas y fondos provinciales.

La resolución que tome la Corte Suprema con respecto a la creación del comité podría sentar un precedente para la resolución sobre la obra hídrica.