Luego de pasar por Tribunales, donde ratificaron la denuncia por presunto fraude a la administración pública en la contratación del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) para el seguro de ART de los trabajadores estatales, los letrados Diego Seguí y Marcelo Arancibia fueron hasta Fiscalía de Estado donde reclamaron que el organismo se sume como parte querellante en la causa. Según confirmó el titular interino de Fiscalía, Gastón Orzanco, la causa ya está siendo analizada por el cuerpo de abogados del Estado y no descartan que se hagan parte de la investigación.

El pedido de los abogados se centra en el Art. 263 de la Constitución Provincial donde se establece que “el Fiscal de Estado es el encargado de defender el patrimonio de la Provincia. Es parte legítima y necesaria en los juicios contenciosos-administrativos, en toda controversia judicial en que se afecten intereses de aquel patrimonio”. Luego de la presentación, Arancibia explicó que “entendemos que hay un perjuicio al patrimonio de la provincia y el único que puede que puede hacer una defensa es Fiscalía de Estado”.

El mismo pedido ya había sido presentado ante el juez que lleva adelante la causa, pero ahora los letrados lo hicieron de manera formal en las oficias de Fiscalía.
Sobre la solicitud, Gastón Orzanco, titular interino del organismo, manifestó que “la Fiscalía ya estaba en conocimiento de la causa por lo que ahora estamos evaluando la participación. Necesitábamos que ellos (por Arancibia y Seguí) ratificaran la denuncia para saber si quedaba firme o no”. 

Además, explicó que “antes de constituirme en parte querellante, tengo que ver toda la documentación para saber de qué se trata y por eso le vamos a pedir copia de toda la documentación que tiene el juez”.

El escándalo de la ART salió a la luz luego de que la gestión uñaquista llamara a licitación el servicio en diciembre pasado, prestación que estaba en manos del IAPSER desde el 2005 gracias a una contratación directa y a una renovación automática autorizada por la administración anterior. Con la compulsa de precios entre las empresas, el Ejecutivo logró reducir el gasto en poco más de 300 millones de pesos al año, por lo que quedó en evidencia que la provincia venía pagando un elevado monto por ese servicio.

Seguí y Arancibia denunciaron la situación en marzo y le pidieron a la Justicia que investigue un presunto “fraude en perjuicio de la administración pública” y “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” que habría ocurrido en la gestión del exgobernador José Luis Gioja.

Las escandalosas cifras y la contratación del seguro de ART llegó a los medios nacionales, al punto que el canal de noticias TN publicó un supuesto documento del IAPSER fechado en febrero de 2016, con la firma de Gioja como gobernador, cuando ya no lo era. Arancibia y Seguí vienen aportando una serie de documentos a la causa para que el juez investigue. Según adelantaron, entre hoy y el viernes harán una nueva presentación donde está incluida una nota de DIARIO DE CUYO (Ver Recuadro).

Dicen que aportarán más pruebas a la causa

Los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí anunciaron que entre hoy y mañana ampliarán la denuncia realizada en la justicia por los exorbitantes montos de la contratación del IAPSER en el seguro de ART del Estado. Según adelantaron, entre los documentos que presentarán se encuentra la nota publicada el lunes por DIARIO DE CUYO sobre la llamativa oferta que el IAPSER hizo en la licitación del seguro para los vehículos de Salud Pública.

En esa compulsa de precios, el instituto entrerriano hizo una oferta de un 30 por ciento menos de lo que le venía cobrando al Ejecutivo. El año pasado, la cartera sanitaria le pagó a la firma de Entre Ríos 200 mil pesos por mes por el seguro para todos los vehículos y ahora ofreció cobrar 140 mil pesos.

Además de esa publicación los letrados también remitirán al Segundo Juzgado de Instrucción las versiones taquigráficas de al menos dos sesiones de la Cámara de Diputados del año 2005, donde queda reflejado el pedido de informe que solicitaron los distintos legisladores, incluido el oficialismo, por la contratación del IAPSER para brindar una ART para el Estado. En su momento, Juan Sánchez (del Modein y ahora del oficialismo) fue quien hizo el pedido, argumentando la necesidad de que el Ejecutivo explique por qué se acordó con la firma entrerriana sin llamar a licitación. El pedido sumó apoyo de distintos sectores siendo Daniel Tomas el único que apoyó la decisión del Ejecutivo.

Otro de los documentos que presentarán Arancibia y Seguí es lo que publicó el periodista Ernesto Simón en El País Diario. En ese medio digital se dio a conocer un expediente de la Secretaría General de la Gobernación con fecha 9 de diciembre de 2015, un día antes que Gioja deje el mandato. El documento hace referencia a la prórroga del contrato con el IAPSER por el periodo 2016-2017. Además se adjunta una copia del contrato, fechado el 1 de febrero de 2016, con la firma de José Luis Gioja y el sello de Gobernador.