Pese a que el presidente de la Corte de Justicia, Abel Soria Vega, había dicho que estaban bajo la lupa por presuntas irregularidades en la tramitación de unos 20 expedientes en el juzgado penal que conduce Pablo Flores, lo cierto es que se trata de 64. El cúmulo de causas y las posibles anomalías ponen tras las cuerdas al magistrado, debido a que reflejarían una repetición de conductas. Y sobre todo porque hay seis casos de abusos sexuales a niños en los que hay demoras de hasta tres meses desde que el juez se abocó al tema hasta la realización de una prueba clave como la videograbación de la entrevista a la víctima. Inclusive en algunos de ellos no se habría indagado a los sospechosos y que en el resto no ha habría habido resolución sobre la presunción o no de culpabilidad.

En el resto, entre los que hay delitos como robos, robos agravados por el uso de armas, se ha interrogado a los sospechosos, pero no hay fallos definitivos, por lo que han ido a archivo; otros en los que no hubo ni siquiera indagatorias y no tuvieron movimientos, y algunos procesamientos que no fueron elevados a juicio, entre los que figuraría un homicidio, entre otros.

Los datos surgen de la auditoría y los requerimientos de las actuaciones investigativas que la Corte le ha hecho a Flores para que haga su descargo, a los que DIARIO DE CUYO accedió en exclusiva. Una vez que tenga las respuestas, el máximo tribunal deberá definir si hay una sanción o no. La investigación interna contra el titular del Segundo Juzgado de Instrucción se disparó luego del escándalo por el caso del ginecólogo Carlos Martínez, a quien Flores procesó por un abuso sexual, la causa quedó firme, pero no fue elevada a juicio y prescribió, aunque la misma ahora está en disputa (Ver recuadro).

La auditoría no sólo se circunscribió a ese hecho sino que abarcó un análisis extenso del juzgado. Y en ese control salieron a la luz otros seis expedientes por delitos contra la integridad sexual en los que la Corte tiene dudas sobre el accionar de Flores, por lo que le realizó una serie de preguntas. Dichos casos son los más sensibles, sobre todo si hay niños involucrados, por lo aberrante de la situación y porque una rápida actuación evita que el autor siga cometiendo el abuso contra el o la misma damnificada o que el ataque mude hacia otras víctimas. Entre los cuestionamientos, el máximo tribunal le remarca a Flores un caso en el que sólo le tomó once días realizar la videograbación desde que tomó el hecho cuando en los restantes expedientes por ataques sexuales tuvo demoras de hasta tres meses, revelaron fuentes calificadas.

En esas causas, agregaron, inclusive no habría habido indagatorias y en otras no habría habido definiciones, como procesamientos o sobreseimientos.

En cuanto al resto de los expedientes, en 10 hubo indagatorias de implicados en hechos delictivos, pero hasta la fecha no hay resolución sobre sus situaciones y los mismos se archivaron. En otros 12 ni siquiera se produjeron los interrogatorios y las causas no experimentaron movimiento. Inclusive, cuatro de ellas durmieron en un cajón, ya que no tuvieron movimientos, indicaron las fuentes. Y también hay interrogantes sobre calificaciones legales que no permitirían la excarcelación de detenidos y que, no obstante, fueron liberados en comisaría.
 

Mas detalles

Planteos

La Corte también le exigió a Flores respuestas sobre por qué no exhibió un sumario que le requirió el Departamento de Control de Gestión. Además, le consultó sobre la complejidad probatoria de los distintos expedientes bajo la lupa y los criterios que tuvo para tomar las decisiones.

Crítica

Para la Corte están en la mira supuestas irregularidades, las que delatan una posible ausencia de mando y liderazgo en el juzgado, indicaron las fuentes. Hay consultas sobre quién elabora las directivas de turno para la Policía, si el juez armó un plan de tareas y cómo supervisa al personal.

El estallido del escándalo

La auditoría al juzgado que dirige Flores estalló cuando salió a la luz que había procesado al ginecólogo Carlos Martínez por abusar sexualmente de una paciente, resolución que había quedado firme, pero que no fue elevada a juicio y prescribió. En eso también se conoció que el magistrado había sido defensor del médico, por lo que debería haberse apartado de intervenir cuando le ingresó la causa. No obstante, Flores le tomó otra declaración a la denunciante de Martínez y lo procesó por una figura más dura: abuso sexual gravemente ultrajante, con lo que sacaría al expediente de la extinción por el paso del tiempo. Sin embargo, el defensor oficial Carlos Reiloba apeló dicha resolución ya que entendió que el juez no debió indagar a su defendido por un delito más grave porque de los dichos de la denunciante no se desprendió un hecho nuevo que empeorara la situación procesal del médico.