Este miércoles, es el segundo día de la misma audiencia de formalización de la causa del Acueducto Gran Tulum. La Fiscalía expone los hechos que fundamentan la investigación después del cuarto intermedio que dictó la jueza de Garantías, Mónica Lucero, por las reiteradas lecturas del equipo del Ministerio Público. Ahora el fiscal Sebastián Gómez, a cargo del caso, está a cargo de la explicación. Se espera que hoy se conozcan las imputaciones a los once investigados, entre ellos el senador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino.
Durante la continuidad de la audiencia, la Fiscalía comenzó a precisar las conductas que atribuye a los principales investigados. En el caso de Sergio Uñac, sostuvo que desde su rol al frente del Poder Ejecutivo habría influido para flexibilizar controles y procedimientos que permitieran la participación de Krah en las licitaciones. El Ministerio Público encuadró provisoriamente su conducta en los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Respecto de Cristian Andino, la acusación se centró en su etapa como presidente de OSSE entre 2011 y 2015. Según la hipótesis fiscal, durante esa gestión se habrían modificado o flexibilizado exigencias técnicas y controles que terminaron favoreciendo la incorporación de la tecnología ofrecida por Krah y su participación en las licitaciones. La Fiscalía también vinculó esas conductas con una presunta administración fraudulenta y otros delitos relacionados con el ejercicio de la función pública.
En tanto, sobre Gustavo Mastelono, presidente y representante legal de Krah América Latina, la Fiscalía sostuvo que conocía las características técnicas de los productos ofrecidos por la empresa y que habría intervenido para conseguir modificaciones en los procedimientos que permitieran su participación. Su conducta fue encuadrada provisoriamente como partícipe necesario en el delito de defraudación por administración fraudulenta. Se trata de la hipótesis presentada por el Ministerio Público durante la formalización y no de una declaración de culpabilidad.
