Se define si la causa contra el intendente de Angaco y tres concejales sigue en el fuero penal o pasa al ámbito administrativo.
El intendente de Angaco, José Castro; y los concejales Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes, en el banquillo de los acusados.
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DIARIO DE CUYO La causa que tiene en la mira al intendente de Angaco, José Castro, sumó este lunes un nuevo capítulo clave, aunque sin definición inmediata. Tal como ocurrió en una instancia previa, otra magistrada decidió tomarse tiempo para resolver el futuro procesal del jefe comunal y los concejales involucrados.
Se trata de la jueza Ana Lía Larrea, quien encabezó la audiencia de impugnación que se adelantó, ya que inicialmente estaba prevista para este martes— y, tras escuchar a las partes, optó por no emitir un fallo en el momento. Según se informó, la resolución será comunicada a través del sistema Choique y se conocerá en los próximos días.
En la misma forma resolvió el juez de garantías, Gerardo Fernández Caussi, que tras escuchar el pedido de imputación de la fiscalía, de la mano de Francisco Nicolía y la oposición de la defensa, ordenó un cuarto intermedio y dio a conocer su resolución días después.
Castro y tres concejales están siendo investigados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El eje del caso gira en torno a un acuerdo impulsado por el intendente y aprobado por el Concejo Deliberante, mediante el cual se buscó pagar una suma millonaria para resarcir un daño vinculado a una causa por malversación de fondos de 2019, evitando así un juicio en su contra.
Para la fiscalía, esa maniobra podría encuadrarse además en delitos como negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado.
Durante la audiencia, la defensa, representada por los abogados Marcelo Fernández y Lionel García, sostuvo que el conflicto no debe tratarse en el ámbito penal, sino en el fuero Contencioso Administrativo.
En contraposición, la fiscal de impugnación Marcela Torres defendió la postura del Ministerio Público Fiscal y remarcó que, por tratarse de funcionarios públicos, la Constitución no impide que sean investigados penalmente.
En el expediente también están implicados los concejales Alberto de Los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López.
La decisión de Larrea será determinante para el futuro del caso y marcará si la investigación avanza con un plazo de seis meses —tal como solicitó el fiscal Francisco Nicolía— o si, como pretende la defensa, el expediente se traslada a otra órbita judicial.
Por ahora, el escenario sigue abierto y la definición, una vez más, quedó en suspenso.