La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca reemplazar la actual ley de proveedores mineros y fijar metas de hasta 80% de empleo local y 70% de contratación de empresas sanjuaninas.
El bloque Bloquista presentó en la Cámara de Diputados de San Juan un proyecto de ley para crear un Régimen de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que apunta a fortalecer la participación de empresas locales en la cadena de valor de la minería. Es una propuesta para acelerar el debate legislativo.
La propuesta fue impulsada por los legisladores bloquistas Luis Rueda, Gustavo Deguer y Federico Rizo, y plantea actualizar el marco normativo vigente para la actividad. Los diputados apuntaron principalmente a la actividad porque controlan el municipio de Iglesia, donde está el distrito de Vicuña, la unión de Josemaría y Filo del Sol.
Según los fundamentos del proyecto, la minería constituye uno de los pilares estratégicos de la economía sanjuanina, no sólo por el volumen de inversiones que moviliza, sino también por su capacidad para generar empleo, dinamizar economías regionales y fortalecer el entramado productivo local.
En ese marco, los diputados sostienen que la normativa actual, establecida por la Ley 8421, resulta hoy insuficiente para responder a la complejidad que ha adquirido el sector en los últimos años. Por eso proponen derogarla y reemplazarla por un régimen más amplio que incorpore nuevas herramientas de promoción del desarrollo local.
Entre los puntos centrales de la iniciativa aparece la creación de un Registro Provincial de Proveedores Mineros, que permitiría identificar, certificar y fortalecer a las empresas locales que participan en la actividad.
El proyecto también establece que las compañías mineras deberán presentar planes obligatorios de empleo local y desarrollo de proveedores, los cuales deberán ser actualizados periódicamente y estarán sujetos a mecanismos de seguimiento y control por parte de la autoridad de aplicación.
Como metas de referencia, la propuesta fija objetivos de hasta 80% de empleo local en los proyectos mineros y hasta 70% de contratación de bienes, obras y servicios con proveedores locales certificados.
Además, se incorporan criterios de prioridad territorial, que buscan favorecer especialmente a los departamentos donde se desarrollan los proyectos mineros y a las zonas consideradas de influencia directa.
Otro de los mecanismos previstos es una regla de comparabilidad de precios, que permitiría priorizar a proveedores locales cuando sus ofertas resulten técnicamente equivalentes y competitivas respecto de las de empresas externas.
El proyecto también contempla la creación de espacios permanentes de diálogo sectorial entre el Estado, las empresas operadoras, los proveedores y los municipios vinculados a la actividad minera, con el objetivo de mejorar la articulación entre los distintos actores del sector.
La iniciativa establece además la presentación de declaraciones juradas periódicas, facultades de auditoría para el Estado provincial y un régimen de infracciones y sanciones en caso de incumplimientos.
En cuanto a la implementación, el texto prevé un régimen de transición para garantizar la continuidad administrativa del actual Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (RUPEM) mientras se migra hacia el nuevo sistema.