El empresario Hugo Alberto Dragonetti, un nombre inseparable de la historia reciente de la obra pública en San Juan, volvió al centro de la escena nacional. Este jueves comenzó el juicio oral por la Causa Cuadernos de las Coimas, y el titular de Panedile SA, con fuerte presencia en la provincia, está entre los 87 acusados por integrar la presunta red de corrupción que, según la fiscalía, operó entre 2003 y 2015 bajo la conducción de Néstor y Cristina Kirchner.

Dragonetti —apodado “Ladronetti” por la exdiputada radical Delia Pappano— intentó eludir el banquillo ofreciendo un millón de dólares a la Justicia a modo de “reparación económica”, pero su propuesta fue rechazada por la fiscal Fabiana León y por la Unidad de Información Financiera (UIF). “En esta fiscalía no se vende impunidad”, sentenció León durante una tensa audiencia por Zoom que reunió a unos 50 acusados.

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Con lapicera en mano, en la Casa de Gobierno, el empresario Hugo Dragonetti.

La maniobra buscaba acogerse al artículo 59 del Código Penal, que permite extinguir la acción penal mediante un acuerdo con la víctima. Pero el planteo fue considerado por la fiscalía como un intento de “mercantilizar delitos de enorme gravedad institucional”. “No hay precio que se pueda poner al daño causado”, sostuvo León.

 

Aunque nacido en San Juan, el empresario Dragonetti edificó su poder en Buenos Aires, pero siempre mantuvo una relación directa con la obra pública provincial. Su empresa, Panedile, fue protagonista de algunos de los proyectos más costosos y simbólicos de las últimas décadas, durante la administración de José Luis Gioja y el último periodo de Sergio Uñac: los diques Caracoles y Punta Negra, el Teatro del Bicentenario, la autopista sur de la Ruta 40, las cloacas de Rawson y el primer tramo del dique El Tambolar.

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Este último contrato fue rescindido por el gobernador Marcelo Orrego, con aval legislativo, a fines de 2024. Panedile también estuvo a cargo del camino del perilago y del proyecto Interlagos, donde en 2018 despidió a 220 trabajadores en medio de un conflicto por pagos nacionales demorados.

 

El vínculo de Dragonetti con el poder político no es nuevo. En los años ’70 fue subsecretario de Obras Públicas durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón y mantuvo relaciones cercanas con Julio De Vido, exministro de Planificación Federal y uno de los principales acusados en la causa.

 

Según un informe de Perfil, que retomó DIARIO DE CUYO, Panedile pasó de realizar tres obras menores a obtener más de treinta contratos luego de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. En San Juan, esa expansión coincidió con la adjudicación de los megaproyectos hídricos y viales que moldearon el mapa de la infraestructura provincial.

 

Pero su historia local no está exenta de polémicas. A comienzos de los 2000, durante el colapso financiero provincial, Dragonetti ofreció “prestarle” dinero al Gobierno sanjuanino con fondos de los diques, e incluso encabezó una marcha de obreros y maquinaria pesada hacia Casa de Gobierno para exigir pagos. Años más tarde, el exgobernador Wbaldino Acosta lo demandó por presuntamente haberse quedado con más de 100 millones de pesos en obras no ejecutadas. El Tribunal de Cuentas confirmó diferencias entre lo pagado y lo construido, pero la Justicia lo sobreseyó.

 

El juicio más grande de la historia judicial

 

El proceso iniciado esta semana en el Tribunal Oral Federal N°7 fue calificado por la fiscal León como “el más extenso de la historia judicial argentina”. Son 87 los imputados, entre exfuncionarios y empresarios de la construcción, la energía y el transporte. Entre los acusados figuran Julio De Vido, Roberto Baratta, Armando Loson, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona y Ernesto Clarens, entre otros.

La acusación sostiene que existió una estructura jerarquizada dentro del Estado que cobraba sobornos a cambio de contratos públicos. El chofer Oscar Centeno, empleado de Baratta, fue quien documentó durante años la recaudación ilegal en ocho cuadernos, hoy principal prueba del expediente.

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, condenada por la causa Vialidad, enfrenta esta vez cargos como jefa de una asociación ilícita y coautora de 204 hechos de cohecho pasivo.