El ministro Gustavo Fernández adelantó que está listo el proyecto para ser remitido a la Cámara de Diputados en las próximas horas.
En el proyecto hoy trabajan más de 2.600 personas, que se desempeñan a más de 4.000 msnm, en lo que será la mina de cobre más grande del país.
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El proyecto de Ley de Proveedores Mineros impulsado por el Gobierno de San Juan está a un paso de iniciar su recorrido legislativo. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, confirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO que la iniciativa ingresará a la Cámara de Diputados "entre hoy y mañana" para comenzar su evaluación en comisiones y posteriormente ser debatida en el recinto.
La confirmación marca un avance clave para una normativa que el Ejecutivo viene elaborando junto al Ministerio de Minería y representantes del sector empresario, con el objetivo de fortalecer la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en la cadena de valor minera.
Según supo este medio, el texto contiene una serie de herramientas destinadas a promover el empleo local, incentivar las compras a proveedores provinciales y generar mayores oportunidades económicas para las comunidades vinculadas a la actividad.
Entre los principales puntos, el proyecto establece que las compañías mineras deberán presentar dos planes obligatorios bajo declaración jurada: uno de empleo local y otro de desarrollo de proveedores sanjuaninos. Ambos contemplan metas progresivas que variarán de acuerdo con la etapa de cada emprendimiento, desde la exploración hasta el cierre de mina.
Uno de los objetivos más relevantes es alcanzar un 80% de contratación de trabajadores locales, incluyendo personal directo e indirecto. La propuesta abarca no solo operarios, sino también técnicos, profesionales, administrativos y cargos jerárquicos.
En materia de proveedores, la iniciativa fija como meta que el 60% de las compras y contrataciones de bienes y servicios provengan de empresas sanjuaninas. No obstante, contempla excepciones cuando no existan en la provincia ofertas competitivas en términos de precio, calidad o disponibilidad.
El proyecto también prevé la creación del Registro Provincial de Proveedores Mineros (REPROMIN), donde deberán inscribirse las firmas que aspiren a ser consideradas dentro de los porcentajes exigidos a las empresas mineras.
Otro aspecto destacado es la obligación de transparentar los procesos de contratación. Las mineras deberán informar oportunidades de compra, justificar técnicamente la contratación de proveedores externos y explicar los motivos por los cuales una empresa local no fue seleccionada.
La futura norma también incorpora criterios ambientales y sociales, promoviendo la contratación de proveedores que implementen prácticas vinculadas a la economía circular, la reducción de la huella de carbono, la eficiencia hídrica y la equidad laboral.
El Ministerio de Minería será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo el control de los planes presentados por las empresas, la supervisión de los reportes y la eventual aplicación de sanciones en caso de incumplimientos.