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A solo cuatro días del inicio del debate oral, el intendente de Angaco, José Castro, activó una jugada judicial y política para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. La estrategia incluye una oferta económica, un aval rápido del Concejo Deliberante y un polémico antecedente nacional como respaldo jurídico: el Olivosgate.
Castro está imputado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La denuncia se originó a fines de 2019, cuando se lo acusó de haber utilizado maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un predio privado de su propiedad en Chimbas.
De avanzar el juicio, el jefe comunal se expone a una pena de entre 2 y 6 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El debate oral estaba previsto para comenzar el 23 de febrero.
Con el calendario judicial encima, la defensa -a cargo de Marcelo Fernández- presentó un acuerdo de reparación integral para frenar el proceso. La propuesta consiste en pagar 5 millones de pesos, dinero que sería destinado a una entidad de beneficencia de Angaco, como forma de compensar el daño presunto causado al Estado.
El movimiento tuvo un rápido respaldo político: el Concejo Deliberante de Angaco aprobó el acuerdo en una sesión entre gallos y medianoche, con 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. La velocidad y la falta de información pública del trámite encendieron las críticas.
La defensa de Castro sostiene que debe aplicarse el mismo criterio que en el caso del expresidente Alberto Fernández, quien cerró la causa por la denominada Fiesta de Olivos mediante un pago económico, sin llegar a juicio. Bajo ese razonamiento, afirman que no puede haber un trato distinto, aun cuando Castro sea funcionario público en ejercicio. Es decir, la defensa intenta forzar su aplicación apoyándose en jurisprudencia nacional reciente.
La estrategia está ahora en manos del tribunal integrado por los jueces Víctor Muñoz Carpino, Juan Carlos Caballero Vidal y Miguel Dávila Saffe, quienes deberán resolver si aceptan la suspensión del juicio.