Fernández cuestionó los argumentos de quienes rechazaron el convenio, aprobado por 27 a 9, y negó que implique una cesión de facultades ambientales. Además, explicó cómo se instrumentarán los US$250 millones y el fideicomiso para financiar obras.
El ministro de la Producción, Gustavo Fernández, salió al cruce de los legisladores que cuestionaron el acuerdo entre San Juan y Vicuña, aprobado este miércoles por la Cámara de Diputados por 27 votos a favor y 9 en contra. El funcionario de Marcelo Orrego sostuvo que varios de los argumentos utilizados durante el tratamiento legislativo no tienen sustento en el contenido del convenio y volvió a defender el esquema de contribuciones económicas pactado con la empresa minera.
En una entrevista con Radio Colón, Fernández aseguró que desde el Gobierno siguieron el tratamiento legislativo "sorprendidos por algunas argumentaciones" que, según consideró, "carecen de total fundamento".
"Con la sola lectura del acuerdo uno puede advertir que muchos de los fundamentos de quienes están anticipando una posición contraria al acuerdo no tienen base", afirmó.
El ministro apuntó especialmente contra la interpretación de que el convenio implicaría una cesión de facultades ambientales o jurisdiccionales por parte de San Juan. Para Fernández, allí existe una confusión entre las atribuciones tributarias de la Provincia y sus potestades de control sobre la actividad minera.
"Se están confundiendo facultades de control ambiental con facultades tributarias", sostuvo. En ese sentido, explicó que las contribuciones económicas y patrimoniales que establece el convenio —como las regalías o los aportes al fideicomiso— requieren un acuerdo entre las partes o una ley provincial, mientras que las competencias ambientales permanecen reguladas por la legislación vigente.
"Uno tiene derecho como Estado provincial a imponer todos los requisitos correspondientes para el buen desarrollo desde el punto de vista ambiental de cualquier actividad industrial y, en particular, de la minería", remarcó.
Fernández explicó que el convenio regula las contribuciones económicas que Vicuña realizará a la Provincia. Entre ellas se encuentran las regalías, que tendrán como base de cálculo el valor de facturación, en lugar del valor en boca de mina previsto por el esquema legal vigente.
A eso se suma una contribución de origen convencional destinada a infraestructura, que tendrá como herramienta un fideicomiso.
El ministro destacó que una de las principales diferencias con otros proyectos mineros es que San Juan comenzará a recibir beneficios económicos desde el inicio, además del pago inicial acordado con Vicuña.
Se trata de los US$250 millones que la compañía deberá aportar a la Provincia y que, según explicó Fernández, estarán disponibles a partir del 20 de diciembre de 2026.
"Después se avance o no con la construcción, se inicie o no la producción, la provincia ya va a haber recibido y no tiene que devolver" ese dinero, afirmó.
El aporte inicial tendrá como destino obras de infraestructura. Fernández precisó que los fondos sólo podrán utilizarse para proyectos vinculados con infraestructura vial, hídrica, saneamiento y otras obras relacionadas con las necesidades productivas de la Provincia.
Entre las primeras aparece la recuperación integral de la Ruta 40 Norte, desde el puente de Albardón hasta el ingreso al norte provincial.
El ministro remarcó que la obra tendrá impacto no sólo sobre la minería, sino también sobre la producción y el turismo.
Pero además explicó que el Gobierno no necesariamente deberá esperar hasta diciembre para comenzar a ejecutar los proyectos. La Provincia podrá utilizar fuentes alternativas de financiamiento, avanzar con las licitaciones y pagar los primeros certificados. Una vez que el fideicomiso cuente con los recursos de Vicuña, podrá recuperar esos fondos y destinarlos a nuevas obras.
"Lo que estamos buscando en definitiva es un inicio temprano y rápido de obras de infraestructura que necesita la provincia", señaló.
Fernández marcó en este punto una diferencia con los fideicomisos mineros anteriores. Según explicó, en esos casos las empresas estaban obligadas a aportar, pero el Estado no necesariamente debía tener una obra concreta en ejecución para utilizar los recursos, por lo que parte del dinero podía permanecer acumulado en las cuentas.
El nuevo mecanismo, afirmó, busca que no haya desembolsos si no existe una obra en ejecución y certificados que respalden su utilización.
El ministro también respondió a las críticas que acusaron al Gobierno de haber convertido a la Legislatura en una "escribanía".
Fernández rechazó esa comparación y destacó que el Ejecutivo puso a disposición a funcionarios del gabinete para responder las consultas de los diputados antes de la votación.
"Los documentos han estado disponibles desde hace ya casi dos semanas, tiempo para estudiarlo. Es un documento simple de leer y simplemente lo que hace falta es buena voluntad", sostuvo.
En particular, remarcó que durante la reunión con los legisladores el viernes previo a la votación el bloque Justicialista realizó solamente dos preguntas, mientras que el resto de las consultas provinieron de representantes de otras bancadas.
El funcionario incluso contrapuso ese tratamiento con una decisión adoptada durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac. "Cuando el exgobernador Uñac modificó la ley electoral sobre tabla y sin el conocimiento ni siquiera de sus propios diputados. Eso sí fue insultar a los legisladores", lanzó.
