La Cámara de Diputados aprobó por 27 a 9 el acuerdo que habilita el aporte de hasta US$250 millones para infraestructura. Además de los peronistas díscolos, acompañaron más justicialistas. Incluso pidieron que conste en versión taquigráfica.
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este miércoles por 27 votos contra 9 el acuerdo entre el Gobierno provincial y la minera Vicuña, en una sesión especial que además de darle luz verde al convenio volvió a mostrar las diferencias que atraviesan al bloque Justicialista.
El resultado le permitió al oficialismo ratificar el Acta Compromiso firmada el 5 de agosto entre la Provincia y la compañía minera, que establece un esquema de aportes para infraestructura y fija las condiciones económicas y jurídicas para el desarrollo del proyecto Vicuña. La aprobación legislativa era indispensable para que el convenio entrara en vigencia.
El punto más destacado del acuerdo es el Aporte DIA Fijo de hasta US$250 millones, que Vicuña deberá destinar exclusivamente a obras de infraestructura a través de un fideicomiso. El dinero no constituye un préstamo para la Provincia: se trata de un aporte de la compañía que deberá aplicarse al financiamiento de las denominadas obras elegibles.
Según el texto del acuerdo, los fondos estarán disponibles a partir del 20 de diciembre de 2026. El mecanismo previsto establece que el dinero será transferido al fideicomiso para afrontar certificados de obra de los contratistas adjudicatarios, una vez que esos certificados hayan sido aprobados.
La Ruta 40 Norte aparece como una de las obras centrales asociadas al nuevo esquema. De hecho, ese fue uno de los argumentos utilizados durante la sesión por el exintendente de Jáchal Miguel Vega, quien explicó que votó afirmativamente al convenio precisamente por la expectativa de que permita avanzar con esa obra.
Más allá de la aprobación del convenio, la votación dejó otro quiebre, de mayor envergadura, dentro del peronismo. A los diputados justicialistas que ya habían adoptado posiciones diferenciadas se sumaron otros integrantes del bloque que decidieron acompañar el proyecto del Ejecutivo.
Entre los votos afirmativos estuvieron el jefe de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, y los exintendentes Omar Ortiz, Jorge Castañeda y Leopoldo Soler. También se incorporó a ese grupo Miguel Vega, exjefe comunal de Jáchal, quien dejó expresamente planteado que su respaldo estuvo relacionado con las obras para la Ruta 40 Norte.
Otro acompañamiento que llamó la atención fue el de Cristina López de Abarca, quien pidió que su voto positivo quedara asentado en la versión taquigráfica.
De esta manera, el oficialismo consiguió ampliar el respaldo al acuerdo más allá de sus aliados habituales y alcanzar los 27 votos afirmativos. En contra quedaron nueve legisladores.
El oficialismo también contó con votos de sectores que no forman parte de su bloque. Acompañaron el acuerdo los cuatro diputados del bloquismo, el angaquero Marcelo Mallea, el legislador chimbero Gabriel Sánchez y el massista Franco Aranda.
Además del aporte extraordinario de hasta US$250 millones, el convenio fija un esquema de largo plazo para la relación entre la Provincia y el proyecto minero.
Uno de los puntos centrales es la estabilización de las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del proyecto, según el alcance establecido en el acuerdo.
El entendimiento también contempla una contribución adicional del 1,5% sobre las ventas brutas, vinculada al financiamiento de infraestructura y prevista a partir del sexto año de operaciones comerciales.
Para administrar los recursos destinados a infraestructura se crea un Fideicomiso Aporte DIA, que tendrá como finalidad canalizar los fondos hacia las obras previstas en el acuerdo. La estructura busca separar esos recursos de los fondos corrientes de la Provincia y establecer un mecanismo específico para su aplicación.
El convenio, además, cierra la controversia administrativa que Vicuña mantenía desde 2022 en relación con obligaciones vinculadas a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El objetivo del entendimiento es establecer un marco de previsibilidad para el desarrollo del proyecto.
Otro elemento clave es el plazo legislativo: el acuerdo fue firmado el 5 de agosto y estableció 60 días corridos para que la Legislatura lo aprobara y la ley entrara en vigencia. De no cumplirse esa condición, el convenio quedaría sin efecto.
Con los 27 votos obtenidos este miércoles, el trámite legislativo quedó superado y el Gobierno provincial consiguió uno de los respaldos políticos más importantes desde que anunció el acuerdo con Vicuña.
