La votación fue 40 a favor, 31 en contra y una abstención. El proyecto continuará su trámite legislativo en la Cámara baja en busca de la sanción definitiva.
El Senado aprobó en general la reforma de la Ley de Glaciares y la giró a Diputados
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Después de cuatro horas de debate, el Senado dio media sanción a la modificación en general a la Ley de Glaciares (26.639) por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención. La Libertad Avanza contó con el apoyo de los aliados radicales, del Pro, provinciales y también integrantes del peronismo que responden a provincias mineras: el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci.
Una vez aprobada la norma, se inició el debate en particular, que incluiría las múltiples modificaciones acordadas a puertas cerradas, y que desataron una fuerte polémica en el recinto cuando pasadas las 15.30 desde el bloque de José Mayans salieron a alertar sobre esos cambios de los que recién se estaban anoticiando a través de un papel que habían recibido todos los legisladores durante la exposición de los miembros informantes que, dicho sea de paso, no habían aludido a dichas modificaciones.
La jornada comenzó temprano con la detención de 12 activistas de Greenpeace, quienes saltaron las rejas e irrumpieron en las escalinatas del Congreso de la Nación en protesta contra la norma impulsada por el Gobierno. Los activistas realizaron una puesta en escena simbólica en detrimento de la modificación a la Ley de Glaciares.
Como miembro informante, la senadora chubutense Edith Terenzi en su calidad de presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hizo un repaso de cómo fue el tratamiento del proyecto en el Senado. Así, recordó que el 5 de diciembre pasado el Ejecutivo convocó a extraordinarias, pero el proyecto de Glaciares recién ingresó diez días después. El día 16 de diciembre se hizo la convocatoria a comisiones para tratar el proyecto el día 17 de diciembre en un plenario para iniciar el tratamiento, a través de una nota suscripta por presidentes de bloques dirigida a la presidencia del Senado.
“En forma conjunta con el senador Flavio Fama nos sentamos con todos los equipos de trabajo para cumplir con una convocatoria lo más amplia posible a fin de tener en tan poco tiempo todas las voces que pudiéramos tener desde funcionarios del Ejecutivo a ambientalistas y representantes de organizaciones, gobernadores, abogados, cámaras mineras”, explicó y precisó que entre los fundamentos del proyecto señala que los mandatarios provinciales son quienes solicitaron la modificación de la ley vigente.
A continuación, fue el turno del oficialista Agustín Coto quien sostuvo que la actual “está diseñada en favor de intereses de un país vecino y no de las provincias dueñas de los recursos”, por lo que el proyecto “armoniza la norma con lo que nos manda la Constitución Nacional y la Corte Suprema. Estamos respondiendo a una necesidad".
Por el lado de la oposición fue el pampeano Daniel Bensusán quien dejó en evidencia su enojo con la situación que ocurría mientras el miembro informante iniciaba el debate: "Acercaron a las bancas la copia del dictamen con las nuevas modificaciones incorporadas tras bambalinas". Para el legislador peronista, esta situación le recordó el tratamiento de la Reforma Laboral: “Me da vergüenza porque la ciudadanía argentina nos está mirando y no sabemos que vamos a tratar”.
Sobre el espíritu del proyecto de ley impulsado por Javier Milei, explicó que se da “en un marco de crisis climática ambiental y el Gobierno hace esta ley regresiva”. También consideró que el propósito de esta reforma ambiental trae como objetivo brindar “seguridad jurídica para las mineras”. Remarcó, además, que el marco vigente prohíbe las explotaciones mineras.
En el final de su intervención, pidió permiso para leer el Fallo Barrick de la Corte Suprema de Justicia del 4 de junio de 2019 y cargó que “acá hay una decisión política de modificar la Ley de Glaciares para beneficio de unos pocos”. Afirmó que “esto es feudalismo ambiental”, y sintetizó al proyecto de ley como “absurdo, anticientífico y un delirio de cómo viene haciendo Milei”.
El senador sanjuanino Bruno Olivera de La Libertad Avanza defendió la propuesta que redactó el Consejo de Mayo y auguró: “El agua y la minería no son enemigos”. En primera instancia, se mostró crítico del marco normativo vigente y sumó que “estamos convencidos de que no existe un control ambiental eficaz cuando la base no puede medirse científicamente”. Y advirtió: “Si la ciencia demuestra que la geoforma da un recurso hídrico es intocable, pero si es una roca petrificada ¿por qué no vamos a realizar una actividad ahí?”.
“Este proyecto devuelve a las autoridades locales la elección de si se puede o no ejercer una actividad porque este es el verdadero federalismo”, remarcó el sanjuanino. También añadió que esta “es la verdadera protección ambiental, la que podemos medir, la moderna…”. Para terminar su breve intervención, cargó que “estamos votando una protección ambiental que se basa en argumentos científicos porque sin seguridad jurídica, no tenemos desarrollo y producción”.
A su turno, el rionegrino Martín Soria (UP) apuntó contra el oficialismo y los acusó de “reconocer” que la modificación de la ley vigente tiene que ver con la minería y la mega minería y la extracción de recursos. “No muchos miembros lo habían reconocido explícitamente. Celebro la honestidad intelectual. Este no es un proyecto técnico ni con fines ambientales, es una reforma ideológica y servil”, disparó.
El senador opositor recordó que ya se encontraba en la Ley Bases y del Pacto de Mayo y planteó: “Hay desesperación detrás de esto y el oficialismo pretende una Argentina reducida en la exportación de recursos naturales en bruto. El modelo de país que pretende Milei con esto es un país primarizado donde se exportan recursos naturales totalmente subordinado a los intereses del mercado global”.
“Vienen de afuera los socios que pusieron a este presidente de afuera, destruyen los glaciares, la Cordillera y se lleven los recursos de la manera más barata”, denunció Soria y sumó: “Es una avanzada del oficialismo bajo el disfraz de que quieren mejorar la ley. No hay nada que bridarle seguridad jurídica más que a negocios turbios para destruir y desguazar glaciares que son recursos naturales. Para abrirle las puertas a la producción minera”.
“La intención es restringir la protección de los glaciares solo cuando tengan dimensiones considerables. Eso decía el dictamen, a menos que hayan cambiado a último momento la redacción”, chicaneó y remarcó que los glaciares y peri glaciares representan entre el 25 y el 50% del recurso hídrico.
A su vez, denunció que buscan el desfinanciamiento del IANIGLA y apuntó: “No pueden ser tan caraduras, ¿ustedes federales? Ahora quieren que las provincias decidan dónde se puede hacer minería… y el otro papanatas hablaba de que proteger los glaciares es de una ley de chetos”. En esa línea le pidió a La Libertad Avanza que “¡Dejen de mentir!” porque “esta ley no va a permitir ni generar el desarrollo del país. No va a generar salir de esta crisis. No mientan más. Esta ley es para un grupo de empresas privilegiadas amigos de Milei, Caputo y Sturzenegger”.
La senadora cordobesa Alejandra Vigo adelantó su rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares por considerar que “todos sabemos que esta modificación va a tener efectos negativos en los próximos años porque nace un interés estrictamente comercial”. Defendió los tratados internacionales que suscribe la República Argentina, y cargó: “Estos compromisos internacionales respaldan la protección de los glaciares como recursos estratégicos de agua dulce”.
Luego, aprovechó los minutos de exposición para deslizar una serie de críticas a las intenciones del Poder Ejecutivo de la Nación: “Sabemos que el Gobierno nacional no tiene un interés específico o estratégico sobre este aspecto de la agenda internacional porque el proyecto simplifica la realidad a un aspecto administrativo y está signado por una gran improvisación”. Y cerró que “la provisión de agua no es de las provincias, es de toda la Nación y no se puede arriesgar el capital natural por cuestiones meramente coyunturales”.
En su intervención, el senador cordobés Luis Juez (LLA) apuntó contra la oposición y les recordó que en el 2010 cuando se sancionó la norma “los que hoy defienden los glaciares, en esa ocasión votaron en contra. Esto parece un campeonato de hipocresía y cinismo”, y respaldó el proyecto: “Esta ley no vulnera ningún estrato consagrado, simplemente permite esta ley articular la posibilidad de que las provincias pueden hacer uso de sus facultades".
"La ley no vulnera ninguna garantía que en aquel momento se consagró, no destruye ningún parámetro para aquellos que están haciendo terrorismo ecológico, establece la posibilidad de que las provincias puedan ejercer su derecho natural. Le devuelve a las provincias su autonomía que le corresponde sobre sus recursos naturales”, cerró.
“Se trata de instalar un terrorismo ambiental, o que con este proyectos se entrega el agua o los glaciares”, advirtió a su turno la senadora Flavia Royón, exsecretaria de Energía de la Nación, que analizó en su discurso el proyecto que se estaba debatiendo: “Cuando repaso el dictamen, en el objeto se refuerza la protección”, advirtió.
Señaló que en el texto “se habla de las reservas de agua, la provisión de agua para agricultura, biodiversidad, fuente de información científica, como atractivo turístico, y reafirma que los glaciares son bienes de carácter público. El articulo 1 reivindica el federalismo ambiental”.
Royón dejó claro que “acá no se está entregando el agua; al contrario, se refuerza la protección de los recursos”. Luego indicó que “nadie discute que el ambiente glaciar tiene que estar protegido, que el ambiente periglacial donde haya una función hídrica, y donde haya una reserva estratégica tiene que estar protegido”.
Agregó que “la ley de 2010 mandó a hacer un inventario”, el cual fue realizado por el instituto correspondiente, y puntualizó que para el ambiente periglacial “tenemos que bajar al nivel 2 o el nivel 3. Estos estudios de campo o laboratorio toman muestras que hay que hacer en territorio. Ahí es donde las provincias tienen que intervenir, porque tenemos que proteger el agua. Tenemos que pasar de la lógica de la forma, a la lógica de la función. No es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger”.
Señaló que “estos estudios de campo implican un involucramiento en el territorio y los que tienen precisamente involucramiento en los territorios son las provincias. Y la Constitución dice que son las provincias las que tienen el dominio originario de sus recursos”.
Promediando el tema, retomó la palabra la senadora Terenzi preguntó: ¿Cómo puede ser que una ley ‘aclaratoria’ permitiera actividades que la ley original prohibió? Nadie me contestó eso”, y citando a la exdiputada Graciela Camaño, sostuvo que es un debate “constitucional” y remarcó que el eje central es el artículo 41, por lo que indicó que la Ley 26.639 “es el ejercicio legítimo de la competencia del Congreso para dictar leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental como es esta Ley de Glaciares, que asegura un piso uniforme de tutela para glaciares y peri glaciares y los define como bienes ambientales estratégicos”.
El otro eje importante, resaltó que es “el federalismo ambiental que es esta conjunción entre el artículo 41 y el 124 de la Constitución Nacional. Fue la Corte Suprema la que equilibró ambos artículos con este federalismo de concertación ambiental donde la Nación se preserva, a través del Congreso, el dictado de los estándares mínimos y las provincias gestionan y complementan. SI lo analizamos desde ese lugar, la ley original no vacía las competencias provinciales, al contrario, evita asimetrías que tienen que ver con lo regulatorio, evita que en distintas jurisdicciones se trate a los mismos bienes en forma diferente, protege la relevancia de un recurso estratégico en casos de interjurisdiccionalidad y porque son transgeneracionales”.
Terenzi remarcó que el proyecto cuenta con objeciones estructurales y ambientales, al tiempo que reclamó la falta de participación ciudadana que opine al respecto: “Se desnaturaliza el concepto de presupuesto mínimo volviéndolo flexible y negociable; fragmenta la tutela ambiental uniforme que exige el artículo 41 de la CN; se aparta del equilibrio que ha logrado la Corte porque se aparta del federalismo ambiental de concertación; introduce riesgo de regresión normativa contrariando los principios de progresividad y no regresividad”.
“En esta ley no estamos haciendo ajustes técnicos, estamos introduciendo cambios fundamentales y estructurales”, planteó la chubutense y cerró: “Creo que impulsar una reforma regresiva con estos vicios de inconstitucionalidad no va a generar seguridad jurídica, sino todo lo contrario, va a generar más incertidumbre. La Ley debe preservarse y aplicarse íntegramente. El proyecto presenta vicios constitucionales importantes, desconoce la doctrina de la Corte Suprema, compromisos internacionales y resulta incompatible incluso con la legislación ambiental vigente. Por todas las razones no voy a acompañar este proyecto y quiero aclarar que el dictamen lo firmé en disidencia”.
En representación del cierre del bloque radical, el senador catamarqueño Flavio Fama avaló la iniciativa de modificación a la Ley 26.639 y sintetizó: “Debemos ser cuidadosos con el ambiente, pero no podemos bloquear el desarrollo”. En esa línea, propuso que esto es un “desafío para los gobernadores para unificar criterios para que sean aplicados con homogeneidad”, en virtud del Inventario Nacional de Glaciares.
Lejos de oponerse, criticó al marco vigente y añadió que “no puede haber prohibiciones absolutas o por las dudas”, y destacó: “No creo que la minería tenga mala fama, tiene mala comunicación”. Sobre su provincia, consideró que “la minería puede ser una solución para Catamarca”, y concluyó: “La Argentina necesita inversiones y la minoría, cuando cumple con los estándares estrictos, puede convivir con el desarrollo”.
Sobre el final de la discusión de la ley, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti habló de un “debate irreversible para el futuro de los argentinos”, razón por la cual le hubiese gustado discutirla un poco más. “Es una ley que según acuerdos internacionales necesita de más participación ciudadana, y eso no pudo ocurrir”, advirtió, lamentando que “en menos de 24 horas se firmó un dictamen”, y se quejó de lo que interpretó como la nueva modalidad del oficialismo: traer las modificaciones directamente a la hora del debate.
“No estamos discutiendo solamente una ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, o una ley ambiental, sino cómo se gobierna la Argentina en un contexto de profundo endeudamiento que produce incertidumbre en la Argentina -apuntó-. Cómo vamos a afrontar el endeudamiento, sino cómo nos vamos a hacer de los dólares para poder producir y trabajar en la Argentina”.
Para la senadora camporista, este “no es un debate técnico, sino de qué país queremos construir y cómo afrontamos y debatimos las decisiones irreversibles que vamos a tomar hoy. Son irreversibles, porque si hoy habilitamos que se pueda explotar un glaciar, ese glaciar desaparece. Y son formaciones que tardan cientos de años en crearse”.
En otro pasaje, la legisladora observó que “para sorpresa de muchos, nos tenemos que enterar que el 70% del territorio es árido. El 70% de la población vive, trabaja y produce porque nieva en la cordillera, hay deshielo y hay agua. Son la reserva hídrica de los argentinos y son estabilidad económica. Por eso digo que no es un debate técnico. Estamos hablando de trabajo, la producción y el arraigo de los argentinos. Y si hablamos de arraigo, hablamos de familia, comunidad y futuro. Todo eso encierra esta ley que trabajamos solamente 24 horas”.
Fernández Sagasti recordó en otro pasaje que la Argentina fue vanguardia: “la Ley de Glaciares fue la primera en el mundo que protegía los glaciares; hoy para atrás”.
Cerró el debate Patricia Bullrich, quien resaltó la potestad de las provincias de explotar sus recursos estratégicos, para rechazar lo que definió como una “concepción retrógrada de no lograr que la Argentina pueda explotar sus recursos naturales. Porque siempre hay un pero que impide que el país pueda crecer. Porque es más fácil un país dominado con lógicas feudales. Es más fácil un país en el que la lógica corporativa feudalista le gana al capitalismo desarrollado”.
“Acá parece que la Argentina tiene la obligación casi de ser un país pobre. Por eso estamos cambiando la historia, porque no queremos más discutir esta lógica ridícula, retrógrada, entre ambiente y economía, como lo han dicho tantos senadores en esta sesión. Porque esta dicotomía hace pobres a los argentinas. Es una dicotomía que piensa en una sola dimensión; no puede pensar que se puede compatibilizar total y absolutamente la capacidad de un pueblo de pensar en sus recursos estratégicos hídricos, mineros, o de cualquier otro tipo”, enfatizó.
En ese marco, y ya con la presencia en los palcos de la Mesa Política de la Casa Rosada, encabezada por Karina Milei, Bullrich llamó a terminar “con la falsa elección: no es agua o trabajo; es un país que cuida su agua y que cuida su trabajo y su producción y su capacidad de desarrollarse”.
“Estamos ordenando lo que no estaba ordenado”, señaló en referencia a la ley vigente que se piensa modificar. “Cuidar no es prohibir; proteger no es paralizar”, sentenció, y afirmó que “no se toca la columna vertebral de la ley; se deja intacto el artículo 1°”, apuntando que lo que se pretende es establecer que hay áreas periglaciares que no tienen reservas hídricas y que se pueden utilizar entonces. En ese sentido aclaró que “hay una evaluación de impacto ambiental” que se tendrá en cuenta entonces. “Existe una evaluación del impacto ambiental también estratégica, cuando la escala lo plantea”, afirmó.
Sobre el final, Patricia Bullrich dio cifras sobre los ingresos que pueden llegar al país: en exportaciones mineras, 2025, más de 6.000 millones de dólares; hacia 2029, 14.000 millones de dólares. “¿Les parece poco? Imagínense lo que va a cambiar si nos apoyan”, señaló, para apuntar luego que “tenemos la reserva más importante de plata en el país; sin embargo eso todavía se está discutiendo. Ojalá podamos avanzar”.
Este proyecto que modifica a la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.
La norma fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.
También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.
El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.
Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.