El proyecto establece financiamiento permanente, mantiene la compatibilidad de las pensiones con el empleo formal e incorpora nuevos mecanismos de control.
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El Senado avanzó este miércoles con el proyecto de nueva ley de Discapacidad, que obtuvo dictamen en un plenario de comisiones y quedó habilitado para su tratamiento en el recinto. El oficialismo busca convertirlo en ley durante la sesión prevista para el 19 de noviembre, luego de que la iniciativa consiguiera media sanción en la Cámara de Diputados.
El debate se desarrolló en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por los senadores Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Alicia Kirchner, del bloque Justicialista.
La propuesta establece un régimen permanente de financiamiento para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, incorpora mecanismos de fiscalización y fija un cronograma para regularizar las deudas que el Estado mantiene con los prestadores del sistema.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado entre distintos sectores políticos para avanzar con la iniciativa.
"Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros", sostuvo durante el plenario.
La legisladora también defendió la incorporación de auditorías y controles para garantizar que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan y evitar posibles irregularidades.
"El sistema debe contar con auditorías y controles transparentes para garantizar que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan y evitar irregularidades", señaló.
Además, destacó la implementación de procedimientos más ágiles para que los beneficiarios puedan presentar descargos ante eventuales suspensiones y la incorporación de herramientas para intervenir frente a posibles situaciones de fraude.
Bullrich también hizo hincapié en la responsabilidad del Consejo Federal de Discapacidad, las provincias y los municipios en el seguimiento de las prestaciones.
"Esto no es un plan social, esto es una pensión por discapacidad", remarcó.
Aunque el proyecto consiguió dictamen, algunos sectores opositores cuestionaron el proceso de elaboración de la iniciativa y reclamaron una mayor participación de las organizaciones vinculadas con el sector.
La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, advirtió que el texto no fue discutido previamente con los organismos responsables de las políticas de discapacidad.
"Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad. Empezando por Estado nacional, que es la autoridad de aplicación y debe procurar los fondos, y siguiendo por las organizaciones del COFEDIS que tampoco fueron consultadas", cuestionó.
La postura de Vigo coincidió con la de los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, quienes habían votado en contra de la iniciativa en la sesión del 22 de octubre en la Cámara baja.
Por su parte, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio también cuestionó la política del Gobierno nacional hacia las personas con discapacidad. "Las personas con discapacidad fueron muy maltratadas por este Gobierno desde hace ya tres años", afirmó.
Sin embargo, anticipó que acompañaría el dictamen de mayoría. Explicó que, aunque no considera que sea el mejor proyecto, su bloque busca garantizar certezas sobre la continuidad de la protección legal y evitar que quede sin efecto la normativa de emergencia.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, propone reemplazar el esquema de emergencia por un régimen estable de prestaciones y financiamiento.
Entre sus principales disposiciones, ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal. También permite que el beneficio se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
La iniciativa garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora las partidas presupuestarias necesarias para su funcionamiento.
También establece la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas destinadas al sector.
Otro de los puntos contempla cambios en los procedimientos de suspensión de beneficios. En esos casos, se deberá realizar una notificación fehaciente y otorgar un plazo de 60 días para presentar un descargo. Una vez cumplido ese período, la autoridad competente tendrá que revisar cada situación.
La garantía de recursos fue uno de los principales puntos de negociación entre el oficialismo y los bloques opositores.
El proyecto establece que los gastos del sistema deberán cubrirse mediante partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud. Además, dispone que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al correspondiente al ejercicio anterior.
La propuesta también habilita la utilización de fondos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
Otro aspecto central es la incorporación de un cronograma para regularizar durante este año las deudas con los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
Con el dictamen obtenido este miércoles, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en el recinto. La intención del oficialismo es llevarlo a la sesión del 19 de noviembre y conseguir la sanción definitiva antes del cierre del período ordinario.
