La jueza Ana Lía Larrea desestimó el recurso presentado por la defensa del intendente de Angaco y los concejales involucrados. El planteo buscaba que la Corte definiera si la investigación debía tramitar en el fuero contencioso administrativo y no en el penal.
El intendente de Angaco, José Castro; y los concejales Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes, en el banquillo de los acusados.
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DIARIO DE CUYO La estrategia judicial del intendente de Angaco, José Castro, y de los concejales investigados por el denominado “pacto de impunidad” sufrió un nuevo revés. La jueza Ana Lía Larrea rechazó el recurso de casación presentado por la defensa para que la Corte de Justicia interviniera y resolviera si la causa debía tramitarse en el fuero contencioso administrativo en lugar del sistema penal.
Con esta decisión, el expediente vuelve a la instancia de formalización, una etapa que había quedado paralizada debido a los planteos impulsados por los abogados de los acusados. La magistrada entendió que el recurso presentado no resulta procedente para este tipo de resoluciones, por lo que la investigación penal podrá retomar su curso.
La causa tiene como protagonistas al jefe comunal José Castro y a los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, quienes quedaron bajo la lupa de Fiscalía por presuntos delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento.
La investigación surgió a partir de una resolución aprobada por el Concejo Deliberante de Angaco, mediante la cual se avaló una reparación integral del daño presentada por Castro para intentar evitar el juicio oral que enfrenta por una causa anterior relacionada con presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Desde el inicio del proceso, la defensa sostuvo que el conflicto no tiene naturaleza penal y que debía ser analizado por la Justicia Contencioso Administrativa, argumentando que lo que se cuestiona es la validez de una ordenanza municipal. Sin embargo, tanto en primera instancia como en el Tribunal de Impugnación los planteos fueron rechazados.
El nuevo intento apuntaba a que la Corte de Justicia revisara esa discusión de competencia. No obstante, la jueza Larrea cerró esa posibilidad al rechazar la casación, por lo que el expediente regresa ahora al ámbito del Ministerio Público Fiscal para continuar con el proceso de formalización.