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Una auditoría interna del Gobierno nacional se convirtió en la prueba central que utilizó el juez federal Sebastián Casanello para procesar al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, acusado de haber conformado una asociación ilícita vinculada al pago de coimas en la compra de insumos y medicamentos. Por el momento, el exfuncionario no irá a prisión.
El dato clave del expediente es que el informe de auditoría, prometido tras el estallido del escándalo, recién fue incorporado formalmente a la causa judicial en esta etapa, y resultó determinante para el megaprocesamiento firmado por Casanello, que también alcanza a otros exfuncionarios de la ANDIS.
La auditoría fue ordenada por el interventor Alejandro Vilches, luego de la difusión de audios que involucraban a Spagnuolo, y abarcó el período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El relevamiento puso el foco en el funcionamiento institucional del organismo, los circuitos prestacionales, los mecanismos de control y los sistemas de información.
Según el documento incorporado al expediente, se detectó la ausencia de un sistema integral para el programa Incluir Salud, además de irregularidades en los procesos de compra de insumos y medicamentos, deficiencias en la gestión documental, demoras en la regularización contractual con prestadores, inexistencia de manuales de procedimientos y debilidades en el control de expedientes.
El informe sostuvo que estas falencias fueron aprovechadas para beneficiar económicamente a actores privados privilegiados, en perjuicio de las arcas del Estado y de un servicio público destinado a un sector de alta vulnerabilidad, como es el de las personas con discapacidad.
Otro punto relevante fue que las decisiones no habrían sido producto de errores administrativos, sino que “fueron tomadas por gente experimentada y de modo absolutamente consciente”, lo que agrava la situación procesal de Spagnuolo y de otros exfuncionarios, entre ellos Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
La reconstrucción de los hechos permitió comprobar que la base de prestadores se armaba de manera arbitraria, se ocultaban los criterios de selección, no se dejaban registros del inicio, avance y cierre de los procesos y se evitaba documentar antecedentes de proveedores, impidiendo comparaciones de precios y controles de razonabilidad.
Además, se escondía información clave sobre la capacidad operativa de los proveedores, la urgencia de las entregas y la posibilidad de que un mismo beneficiario final participara en un proceso simulando competencia, lo que afectaba la transparencia de las contrataciones.
El informe también remarcó que no se firmaban contratos formales, no existían mecanismos de control ni rendición de cuentas, y que todo esto generó fragmentación interna, superposición de funciones y circuitos administrativos disociados, con un fuerte impacto en la eficiencia, la planificación y el control del organismo.
En ese contexto, programas sensibles como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y Incluir Salud operaban en plataformas inconexas, provocando inconsistencias de datos y menor previsibilidad para los beneficiarios.
Uno de los puntos más graves señalados por la fiscalía fue que la ANDIS manejaba un registro paralelo de proveedores, calificado como “totalmente informal y opaco”. A través de ese sistema, el organismo decidía de manera discrecional quién podía contratar, sin verificar capacidad operativa, conflictos de interés o inscripción en el SICOPRO.
La investigación confirmó que varios proveedores invitados a cotizar no estaban registrados oficialmente, o figuraban con inscripciones incompletas o desactualizadas, entre ellos Indecomm SRL, Resposane Salud, New Farma, Floresta y Bymax Medical, algunas vinculadas a exfuncionarios.
También se documentaron intercambios de correos electrónicos en los que se solicitaban altas de prestadores sin justificación, y se detectó que los procesos de compra simulaban formalidad mediante software, mientras que las decisiones reales se tomaban de manera informal por Whatsapp y Telegram.
Tras el escándalo, según consignó el informe, las directivas comenzaron a canalizarse por correos oficiales, en un intento de ordenar un sistema que había funcionado durante meses por fuera de los controles administrativos básicos.