La disputa judicial entre el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, y el empresario textil Sergio Vallejos entró este miércoles en su tramo decisivo. La audiencia final terminó sin acuerdo entre las partes, se completó la producción de la prueba y tanto la defensa del cortista como la del empresario formularon sus alegatos. Con ese paso, el juez Walter Otiñano, titular del Octavo Juzgado Civil, dio por clausurada la etapa probatoria y dejó el expediente en condiciones de dictar sentencia.
La confirmación fue realizada por Marcelo Miranda Marini, abogado de Lima, quien explicó a DIARIO DE CUYO que durante la audiencia “las partes se mantuvieron cada una en su postura”. Además, señaló que terminó de producirse la “voluminosa prueba” que se venía incorporando al expediente desde abril y que, una vez formulados los alegatos, el magistrado dispuso el cierre de la etapa probatoria.
Ahora comienza la espera por la resolución definitiva. El Código Procesal establece un plazo de 40 días hábiles para el dictado de la sentencia, aunque el propio abogado de Lima aclaró que se trata de un plazo “ordenatorio, no perentorio”. Es decir, el juez tiene ese período como referencia procesal, pero su vencimiento no implica necesariamente la caducidad de la posibilidad de dictar el fallo posteriormente.
El expediente tiene como protagonista a Lima, quien demandó a Vallejos por $60 millones en concepto de daños y perjuicios y solicitó además que la Justicia se expida sobre la supuesta inexactitud de las acusaciones que el empresario formuló en su contra.
El conflicto comenzó en 2024, cuando Vallejos hizo pedidos de juicio político vinculados con una presunta actuación de Lima como integrante de la Corte. Uno de los planteos cuestionó, junto con los cortistas Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur, una sentencia relacionada con la expropiación de la exbodega La Superiora. Vallejos sostuvo que los magistrados se habían apartado de criterios jurisprudenciales y que el fallo había beneficiado a Cuyo Inversiones.
La acusación no prosperó en la Legislatura. La Sala Acusadora de Juicio Político rechazó el planteo y, posteriormente, Vallejos impulsó otro pedido contra Lima, esta vez relacionado con su condición de escribano y la titularidad del Registro Notarial N°22. Ese segundo intento también fue desestimado.
Para Lima, esos planteos excedieron el derecho de cualquier ciudadano a formular una denuncia y constituyeron un ejercicio abusivo del mecanismo de juicio político, basado —según su demanda— en afirmaciones falsas que afectaron su honor. Por eso, además del resarcimiento económico, pidió una declaración judicial de “inexactitud objetiva” respecto de los hechos atribuidos por Vallejos.
Vallejos, en cambio, rechazó la pretensión y sostuvo que la demanda constituye una represalia por su actuación ante la Corte Suprema de Justicia para la inhabilitación de Sergio Uñac para presentarse a un nuevo mandato como gobernador. Su defensa cuestionó que las presentaciones realizadas ante la Legislatura pudieran ser consideradas un daño al honor y volvió a sostener sus cuestionamientos sobre la actuación de Lima.
La instancia de conciliación ya había fracasado el 20 de abril, cuando las partes no lograron acercar posiciones. En aquel momento, el expediente quedó encaminado hacia la producción de prueba y la audiencia final que se concretó este miércoles.
Ahora, con los alegatos presentados y la prueba clausurada, la disputa dejó de estar en manos de las partes y pasó a depender exclusivamente de la decisión de Otiñano. El próximo capítulo será la sentencia que determinará si Vallejos debe pagar los $60 millones reclamados por Lima y si corresponde reconocer judicialmente la inexactitud de las acusaciones que originaron el conflicto.
