Un bebé de cuatro meses, con un cuadro de salud irreversible, fue adoptado por una pareja sanjuanina que decidió acompañarlo hasta el final. La jueza de Familia Marianela López aceleró el trámite para reconocer legalmente el vínculo y autorizar el cambio de identidad. La intervención involucró al Registro Único de Adopción, Casa Cuna y el Registro Civil.
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Tras un trabajo mancomunado entre diversas dependencias del Estado que actuaron en tiempo récord, un recién nacido -apenas cuatro meses- con un cuadro de salud irreversible fue adoptado por un matrimonio sanjuanino con la idea de darle una identidad antes del fallecimiento.
Según confirmaron fuentes consultadas por DIARIO DE CUYO, la articulación entre la Oficina Judicial de Familia, el Registro Único de Adopción (RUA), la Asesoría Oficial, el Ministerio Público Fiscal, el Hospital Rawson, el Registro Civil y la asociación de Casa Cuna permitió otorgar la guarda, la adopción plena y el cambio de identidad en apenas un mes.
En San Juan, un bebé de cuatro meses y una pareja inscripta en el RUA protagonizaron en el último mes un proceso -doloroso, pero decisivo de convertirse legalmente en familia ante la certeza de un diagnóstico médico sin retorno.
Por resguardo de la intimidad de las personas involucradas y al tratarse de una causa de derecho de familia, las identidades de los protagonistas se mantienen en reserva.
El niño había nacido en un contexto de extrema vulnerabilidad social por situaciones de consumo en su entorno de origen, lo que motivó la rápida intervención de las áreas de protección estatal. A las complejas circunstancias de su nacimiento se le sumó un cuadro de salud delicado por el que debió permanecer internado desde sus primeros días en el Hospital Rawson.
Fue en las salas del centro de salud donde la pareja sanjuanina comenzó a construir el vínculo con el bebé. Mientras otros proyectos de adopción suelen proyectar rutinas escolares o tardes de juego a futuro, en este caso la urgencia provocó que los adoptantes estuviesen presentes en cada parte médico para darle la contención afectiva en el entorno hospitalario.
A medida que el estado de salud del menor se volvía más complejo, los plazos institucionales debieron ajustarse a la realidad médica. De acuerdo a las fuentes, en agosto la Justicia declaró formalmente la situación de adoptabilidad del niño tras la renuncia de la progenitora y la privación de la responsabilidad parental.
Ya en los primeros días de septiembre, la jueza de Familia Marianela López autorizó el inicio de la etapa de vinculación entre la pareja y el bebé, que continuaba en observación en el área pediátrica. El juzgado otorgó la guarda con fines de adopción. Más allá de la formalidad, la medida permitió incorporar de inmediato al bebé a la obra social de sus guardadores para agilizar estudios y cobertura médica.
Hacia principios de octubre, el cuadro clínico se agravó. Tras el traslado del niño a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica con un diagnóstico calificado como gravísimo e irreversible, la pareja se presentó de urgencia ante el juzgado. Pidieron la adopción plena inmediata, la inscripción del niño con sus apellidos y la autorización para llevar a cabo los trámites de despedida en caso de un desenlace fatal.
La presentación de los papás en esa última semana expresaba una necesidad: que el inevitable final del pequeño no llegara sin que el Estado hubiera reconocido formalmente el vínculo que ya existía en la práctica.
Frente a la urgencia, el juzgado requirió los dictámenes de la Asesoría Oficial y del Ministerio Público Fiscal, que se pronunciaron de forma favorable de inmediato. Con esos avales, la jueza dictó la adopción plena y ordenó al Registro Civil la emisión urgente de una nueva partida de nacimiento con el nombre y apellidos elegidos por los adoptantes. La resolución incluyó también la autorización para que la pareja pudiera realizar los trámites vinculados al velatorio y la sepultura.
El fallecimiento del bebé se produjo pocos días después de completarse los trámites. Si bien la intervención judicial y sanitaria no pudo cambiar el desenlace médico, la celeridad y coordinación de todas las dependencias estatales intervinientes permitió que el niño atravesara sus últimas horas contenido por una familia y reconocido legalmente con el apellido de quienes lo eligieron.
