A cinco años de la puesta en marcha del sistema procesal penal acusatorio adversarial, la Corte de Justicia de San Juan presentó un balance estadístico que expone una diferencia contundente frente al viejo esquema inquisitivo mixto. Los datos fueron difundidos este martes en una conferencia de prensa encabezada por la presidenta del máximo tribunal, Adriana García Nieto, junto a los ministros de la Corte —con la ausencia de Guillermo De Sanctis, excusado por razones de salud—, el fiscal General Guillermo Baigorrí y la defensora General Mónica Sefair.
“En sólo cinco años cambió la historia penal de la provincia”, resumió García Nieto al abrir la presentación, en la que el Poder Judicial buscó exhibir el impacto concreto del nuevo modelo, vigente desde 2021.
La comparativa central mostró una brecha difícil de ignorar. Mientras el sistema acusatorio alcanza una tasa de resolución del 55,58%, el inquisitivo mixto apenas llega al 2,90%. La duración promedio de las causas también evidencia el cambio: 7 meses en el acusatorio contra 42 meses en el esquema anterior.
En la misma línea, el tiempo promedio para la celebración de un juicio es de 38 días en el sistema acusatorio, frente a plazos que iban de 7 meses —con detenido— hasta 3 años —sin detenido— en el modelo inquisitivo. Incluso los plazos para impugnar sentencias se redujeron: 90 días contra 180 días del sistema previo.
Entre 2021 y 2025, el sistema acusatorio acumuló 34.675 audiencias, con una curva de crecimiento constante: de 3.698 en 2021 a 10.373 en 2025. En paralelo, las tasas de resolución anuales se mantuvieron en niveles altos, con picos del 69,91% en 2022 y un promedio quinquenal del 55,58%.
Del total de causas tramitadas, 9.767 tuvieron algún tipo de definición. De ese universo, 5.285 se resolvieron mediante sentencias definitivas y 3.853 a través de métodos alternativos de solución de conflictos. Sólo 629 causas permanecen en trámite.
En cuanto a las personas imputadas —10.754, con un promedio mensual de 185—, las salidas más frecuentes fueron la suspensión de juicio a prueba (31,64%) y la condena condicional (24,02%). Las condenas efectivas representaron el 16,58%, mientras que los sobreseimientos alcanzaron el 16,53%. Las absoluciones apenas llegaron al 1,44%.
Durante la exposición, García Nieto subrayó que la reforma no fue sólo una decisión judicial. “Fue posible gracias al trabajo conjunto de los tres poderes del Estado y al compromiso de hombres y mujeres que entendieron que la provincia merecía un sistema judicial diferente”, afirmó. También destacó el rol del entonces fiscal General Eduardo Quattropani en el impulso inicial del cambio.
Baigorrí, por su parte, puso el foco en el funcionamiento del Ministerio Público: “Los fiscales son los principales motores y actores en la transformación de la Justicia”, sostuvo.
Millonaria inversión para sostener el cambio de modelo
El viraje hacia el sistema acusatorio también estuvo acompañado por una fuerte inversión en infraestructura edilicia, mobiliaria y tecnología, clave para sostener la oralidad y la dinámica del nuevo proceso penal. Según los datos oficiales difundidos por la Corte, el Poder Judicial destinó más de 450 millones de pesos a obras y equipamiento vinculados directamente al funcionamiento del sistema.
Entre las principales erogaciones se destacó el Edificio del Procedimiento Especial de Flagrancia, que demandó $48,9 millones entre 2017 y 2018. A eso se suman las inversiones realizadas en el Edificio 25 de Mayo, donde entre 2021 y 2026 se ejecutaron obras y compras por $312.064.265,15, convirtiéndose en el mayor desembolso del período.
También hubo partidas relevantes para la Segunda Circunscripción Judicial, con $65.706.577,13 invertidos entre 2022 y 2023; para la UFI CAVIG, que recibió $17.563.100,69 en 2022 y 2023; y para la UFI ANIVI, con inversiones por $8.576.296,13 entre 2022 y 2025.
