Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan, expuso en Diputados y dijo que la Ley de Glaciares busca hacer más precisa la protección ambiental.
Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan.
Foto:
En una exposición ante la Cámara de Diputados, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, defendió la necesidad de avanzar en una reforma de la Ley de Glaciares y remarcó que el objetivo es “proteger mejor” los recursos hídricos estratégicos del país, con base en evidencia científica y criterios técnicos.
“San Juan es una provincia que vive de su agua. Cada sanjuanino lo sabe. Nuestra gente convive con la cordillera, conoce sus ciclos, y cuida su recurso hídrico como lo que es: la base de toda forma de vida y de toda actividad productiva”, afirmó el funcionario al inicio de su discurso.
Perea subrayó que el compromiso con el agua se refleja en políticas concretas. “Y lo digo con hechos, no con declaraciones. Solo en esta gestión, el Gobierno de San Juan ha ejecutado más de 22.000 millones de pesos en infraestructura para las comunidades de Iglesia y Jáchal con fondos fiduciarios mineros: energía solar, caminos, escuelas, puentes y obras hídricas. Más de sesenta mil habitantes beneficiados directamente”, sostuvo.
En esa línea, detalló que “más de 6.000 millones de pesos fueron destinados específicamente a obras hídricas: el Acueducto El Tambillo, la compuerta y la válvula de Cuesta del Viento, la red de agua potable de Jáchal y San Roque, la planta potabilizadora de Villa Mercedes. Eso es lo que hace San Juan con los recursos que genera la minería: los devuelve al territorio. Y una parte central de esa devolución es agua para su gente”.
El ministro insistió en que la propuesta no implica una flexibilización de la normativa vigente. “No venimos a pedir que se proteja menos. Venimos a pedir que se proteja mejor. Y venimos con la evidencia científica para demostrarlo”, enfatizó.
Según explicó, tras más de quince años de vigencia de la Ley 26.639, existen fundamentos técnicos suficientes para introducir precisiones. “No buscamos derogar la ley. No buscamos reducir el nivel de protección. Buscamos precisar el objeto de protección para que la norma cumpla verdaderamente su objetivo: resguardar nuestras reservas estratégicas de agua”.
Uno de los ejes centrales de la exposición fue la distinción científica entre glaciares y geoformas periglaciales. “La ciencia distingue con claridad entre el ambiente glacial y el ambiente periglacial. Los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos, los neveros y los manchones de nieve son 100% agua. Su función hídrica está comprobada”, explicó.
Sobre el ambiente periglacial, en cambio, planteó la necesidad de evaluaciones específicas. “¿Qué nos dicen los datos? Que estas formaciones no intervienen en el funcionamiento de las cuencas hídricas. Que la calidad de su agua supera ampliamente los niveles guía para consumo humano, vegetal y animal. Que la edad de ese hielo supera los cuatro mil años”.
Además, citó estudios del geofísico Silvio Pastore, de la Universidad Nacional de San Juan: “en la cuenca del río San Juan hay 3.227 glaciares de escombros. Si en un escenario extremo de calentamiento global, todos ellos entregaran toda su reserva de agua en 65 años, aportarían el 1,65% del caudal del río”.
“No estamos hablando de la reserva de agua de la que depende San Juan. Estamos hablando de una fracción mínima del caudal, que debe ser evaluada caso por caso con rigor científico”, agregó.
Perea también defendió el rol de las provincias en la gestión ambiental, apoyándose en la Constitución Nacional Argentina. “El artículo 124 reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. El artículo 41 diseña un sistema de competencias concurrentes”, explicó.
Frente a críticas sobre una posible regresividad, respondió: “el proyecto mantiene el principio precautorio. Todo glaciar se considera protegido hasta que la autoridad ambiental provincial verifique, con estudios científicos, que carece de funciones hídricas. Eso es más protección, no menos”.
El ministro destacó la estructura institucional de San Juan para el control ambiental. Mencionó la Ley Provincial 1076-L y el desarrollo de un inventario propio de glaciares, junto con la participación de organismos técnicos y académicos.
“Nuestro sistema de evaluación ambiental tiene cinco filtros. Cada declaración de impacto ambiental, cada geoforma, pasa por cuatro equipos técnicos independientes y por la revisión final del ministro. Hemos reducido los tiempos de evaluación de ciento ochenta a treinta días, sin sacrificar rigor”, aseguró.
En el cierre, Perea apuntó a la necesidad de dotar de mayor claridad a la normativa vigente. “Escuchamos que esta reforma podría generar inseguridad jurídica. Nosotros decimos lo contrario: la ambigüedad de la ley actual es la que genera inseguridad jurídica. En 15 años no pudo reglamentarse plenamente”.
Y concluyó: “No se trata de proteger menos. Se trata de proteger mejor. Con ciencia. Con federalismo. Con responsabilidad. Y con la convicción de que cada comunidad tiene el derecho de decidir su propio destino”.