El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, aseguró que la provincia ya reúne antecedentes históricos, técnicos y jurídicos para defender el actual límite territorial.
Ricardo Quintela.
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El Gobierno de San Juan comenzó a delinear su estrategia jurídica frente a la decisión de La Rioja de impulsar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el histórico conflicto de límites entre ambas provincias. Desde la Fiscalía de Estado confirmaron que ya se trabaja en la recopilación de antecedentes para responder en caso de que la presentación judicial finalmente se concrete.
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó en diálogo con Estación Claridad que, aunque hasta el momento no existe una acción formal presentada, la provincia se mantiene en estado de alerta. En ese sentido, indicó que el equipo jurídico analiza la documentación disponible y reúne elementos históricos, cartográficos y legales para sostener la posición sanjuanina.
Según Dávila, la postura de San Juan se apoya en la vigencia de la Ley 18.004, que fijó los límites interprovinciales y cuya validez, afirmó, fue posteriormente ratificada por el Congreso Nacional. Además, sostuvo que la delimitación territorial no respondió a decisiones arbitrarias, sino a un proceso técnico realizado por especialistas en agrimensura y cartografía.
El funcionario también remarcó que, a criterio de la provincia, no existen antecedentes judiciales ni institucionales que respalden el planteo impulsado por La Rioja. En caso de que el expediente llegue al máximo tribunal, adelantó que la defensa estará integrada por un equipo interdisciplinario de abogados, como ocurrió en otros litigios de relevancia para la provincia.
La tensión entre ambos gobiernos se intensificó luego de que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, promulgara una ley provincial que ratifica el reclamo sobre una franja de aproximadamente 2.651 kilómetros cuadrados ubicada en el departamento Iglesia y ordena avanzar con una demanda ante la Corte Suprema para intentar revertir la normativa que estableció los límites actuales. La zona en disputa posee un importante valor estratégico por sus recursos mineros, su potencial turístico y por incluir sectores cercanos al área de Ischigualasto.