No es un denuncia directa contra un exfuncionario particular o contra el exgobernador Sergio Uñac. El expresidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, dirigente político de Generación para un Encuentro Nuevo (GEN), denunció penalmente presuntas maniobras irregulares en las contrataciones de la obra Acueducto Gran Tulum, uno de los proyectos más costosos y polémicos de los últimos años en San Juan. El escrito, dirigido al Ministerio Público Fiscal, reclama abrir una investigación exhaustiva sobre posibles delitos cometidos por exfuncionarios de las gestiones 2015/19 y 2019/23.
La pregunta que surgió de manera lícita es quiénes son los responsables del supuesto acto de corrupción alrededor de la megaobra hídrica que estuvo pensada para el San Juan del millón de habitantes. No hay un solo apuntado. La denuncia de Arancibia parte de publicaciones periodísticas del portal digital Tiempo de San Juan. En las sucesivas notas, el medio de comunicación siembra sospechas sobre el accionar del contratista de obra pública, Gustavo Monti, primo del exgobernador y actual senador Sergio Uñac.
Según la denuncia, las noticias revelaron que la firma que proveyó los caños del Acueducto, Krah América Latina SA, estaría vinculada a Monti. Si esa relación se confirma, podría configurar una “negociación incompatible con la función pública”. En ese sentido, Arancibia señaló testimonios de empresas competidoras que afirman que los pliegos habrían sido diseñados para favorecer a la compañía vinculada al familiar de Uñac. Esto incluiría: requisitos restrictivos, criterios técnicos cuestionados, y un proceso que habría cerrado la competencia. Ello podría encuadrar en abuso de autoridad, violación de deberes y fraude al Estado.
El escrito está presentado. ¿Y ahora qué sigue? Fuentes judiciales informaron a DIARIO DE CUYO que la denuncia está en manos de un fiscal Penal que deberá evaluar si existen datos suficientes, al menos en apariencia, para encauzar una investigación judicial. Tiene un plazo ordenatorio de 90 días para definir. Los caminos se bifurcan. De no considerar necesaria la pesquisa, el funcionario del Ministerio Público puede desestimar o archivar la denuncia. Todo queda en nada. Pero, en un caso contrario, puede dar el OK para el inicio de las averiguaciones formales y constituir un caso. Si es así, la Fiscalía preguntará al fiscal del Estado de San Juan, Sebastián Dávila, si va a constituirse como querellante. Todo indica que eso sucederá.
Dávila, que es el representante de los intereses de la Provincia, dijo: “Por lo que he estado leyendo, involucra el patrimonio de la provincia; de ser así, deberemos constituirnos como parte querellante. Si hay investigación por corrupción en las gestiones anteriores, nos haremos parte”. Tiene el respaldo del gobernador Marcelo Orrego quien, en rueda de prensa, expresó su postura: “Se van a hacer todas las investigaciones que se tengan que hacer, porque en la provincia de San Juan no ocultamos nada y hay que hacer todo lo que hay que hacer porque la gente tiene que conocer inexorablemente todo lo que sucede”.
Con la Fiscalía de Estado como querellante y el Ministerio Público abocado a la investigación, iniciarán las audiencias, que tendrán un juez de Garantías que supervise el proceso judicial. ¿Quiénes pueden sentarse en el banquillo de los investigados? Como la denuncia apunta contra el manejo aparentemente fraudulento de la cosa pública con un perjuicio para el Estado de 100 millones de dólares, los principales señalados son los exfuncionarios de la gestión uñaquista que intervinieron en las licitaciones y controles pertinentes. Es decir, de movida el exministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino. También los expresidentes de OSSE, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol. Incluso puede escalar hasta al propio Uñac.
Asimismo, ya existe un pedido de informes que hizo el bloque Cambia San Juan -oficialismo- en la Legislatura para conocer los detalles de la megaobra. Por ahora, esos documentos están en etapa de confección por parte del Ministerio de Infraestructura y la Secretaría General de la Gobernación.