La iniciativa del oficialismo es elaborada por los ministros Juan Pablo Perea y Gustavo Fernández. El Ejecutivo enviará el proyecto a la Cámara de Diputados de San Juan tras la apertura de sesiones. DIARIO DE CUYO accedió a un borrador que aún no es vinculante, pero que funciona como una guía consensuada entre el Gobierno y las empresas mineras.
El Gobierno sanjuanino está en la etapa final de redacción de un proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que apunta a ordenar la relación entre la industria minera y el entramado productivo de la provincia. La intención de fortalecer el empleo provincial y ampliar la participación de proveedores locales en la cadena de valor de la actividad.
La elaboración del documento está a cargo de los ministros Juan Pablo Perea y Gustavo Fernández, quienes trabajan desde mediados de 2025 en el texto que el Poder Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados de San Juan para su tratamiento legislativo. Según pudo reconstruir DIARIO DE CUYO, la intención del Ejecutivo es remitir el proyecto luego del discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.
Sin embargo, el documento que hoy circula entre actores del sector minero no es todavía el texto definitivo. Se trata de un borrador técnico compuesto por notas y lineamientos generales que no tiene carácter oficial ni vinculante, pero que refleja los principales consensos alcanzados entre el Gobierno provincial y las cámaras empresarias del sector. En la práctica, el borrador funciona como la hoja de ruta sobre la que se elaborará el proyecto definitivo que llegará a la Cámara.
La iniciativa venía siendo trabajada desde el año pasado, aunque su presentación se demoró en las últimas semanas por la agenda internacional que desplegó el gobernador Marcelo Orrego para promocionar el potencial minero de la provincia ante inversores extranjeros. El mandatario local viajó primero a Vancouver, en Canadá, donde mantuvo reuniones con directivos de Vicuña Corp., y luego se trasladó a Nueva York para participar de la Argentina Week, un encuentro empresarial organizado por el presidente Javier Milei.
En ese contexto, el Ejecutivo optó por postergar el envío del proyecto a la Legislatura para evitar interpretaciones erróneas entre los inversores que siguen de cerca el desarrollo minero de San Juan.
El borrador establece que la futura ley abarcará toda la actividad minera de la provincia, tanto metalífera como no metalífera, y en todas sus etapas, desde la exploración hasta la explotación y el cierre de mina. Entre sus objetivos centrales aparecen el desarrollo de las comunidades ubicadas en el área de influencia de los proyectos, la promoción del empleo local y la ampliación de la participación de proveedores sanjuaninos en la actividad.
El documento también define con precisión a los sujetos alcanzados por la normativa. Aparecen los proyectos mineros en cualquiera de sus etapas, las empresas mineras titulares u operadoras, las comunidades de influencia directa de cada emprendimiento, los proveedores locales de esas comunidades, los proveedores del resto de la provincia y los empleados locales.
En el caso de los trabajadores, el borrador establece que serán considerados empleados locales aquellos que tengan domicilio en San Juan registrado en el DNI con una antigüedad mínima de doce meses y residencia efectiva comprobable, distinguiendo además entre quienes viven en las comunidades cercanas a los proyectos y quienes residen en otros departamentos de la provincia.
Uno de los capítulos más relevantes del documento se refiere al Plan de Desarrollo de Empleo Local. Establece que las empresas mineras deberán presentar un programa con metas progresivas de contratación de trabajadores sanjuaninos en cada etapa de sus proyectos. El compromiso planteado en el borrador fija como objetivo alcanzar y mantener un 80% de empleo local en la nómina total de personal directo e indirecto vinculado a cada emprendimiento. Las compañías deberán actualizar esos planes una vez por año e informar el avance alcanzado, detallando la cantidad de empleados por categoría laboral —operarios, técnicos, administrativos, profesionales y jerárquicos—, además de consignar datos sobre género y lugar de residencia. También deberán explicar las dificultades técnicas que pudieran surgir al momento de cumplir esos objetivos.
Otro de los ejes centrales del borrador es el Plan de Desarrollo de Proveedores Locales, que también será obligatorio para las empresas mineras. La propuesta establece que las compañías deberán fijar metas progresivas de contratación y comprometerse a destinar al menos el 60% del monto total de sus adquisiciones a proveedores radicados en San Juan, siempre que exista oferta disponible en condiciones de mercado en términos de precio, calidad y disponibilidad. En los casos en que esa oferta no exista, los montos correspondientes quedarán excluidos de la base de cálculo del compromiso.
El plan también contempla que las empresas brinden mayor previsibilidad sobre las futuras contrataciones, identificando los rubros en los que existe oferta local, aquellos en los que aún no la hay y los sectores donde podrían generarse oportunidades de desarrollo para proveedores sanjuaninos. El documento plantea además la implementación de procedimientos de evaluación de ofertas que prioricen a los proveedores locales, estableciendo un orden de preferencia que coloca primero a los proveedores de las comunidades de influencia de cada proyecto, luego a los del resto de la provincia y finalmente a los del resto del país o del extranjero.
El borrador también prevé la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan, denominado RE.PRO.MIN., una base de datos única y oficial que concentrará la información de las empresas locales que puedan proveer bienes, obras o servicios a la industria minera. El registro será público, digital y de libre acceso, con el objetivo de facilitar la vinculación entre las empresas mineras, sus contratistas y el entramado productivo provincial.
El sistema clasificará a los proveedores en diferentes categorías según el tipo de actividad que desarrollen y también distinguirá entre proveedores radicados en las comunidades de influencia de los proyectos y aquellos que operan en el resto de la provincia. Para poder inscribirse, las empresas deberán acreditar arraigo local mediante una serie de requisitos, entre ellos tener domicilio legal y fiscal en San Juan, contar con establecimiento operativo en la provincia, mantener al menos un 80% de trabajadores sanjuaninos en su nómina y cumplir con las obligaciones tributarias, ambientales y laborales vigentes.
La iniciativa también prevé herramientas de fortalecimiento para el desarrollo de proveedores locales, como el acceso a líneas de crédito blando, programas de capacitación y asistencia técnica, incentivos para mejorar capacidades tecnológicas y la promoción de clústeres empresariales vinculados a la actividad minera. Incluso se plantea fomentar proyectos de economía circular que permitan reutilizar residuos de la actividad y generar nuevas oportunidades productivas.
La autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Minería, que contará con el asesoramiento de un Consejo Consultivo de Desarrollo de Proveedores Locales integrado por representantes del Gobierno provincial, del Ministerio de Producción, de la Cámara Minera de San Juan y de entidades empresarias que representan a proveedores del sector.
El borrador también incluye un esquema de sanciones para los incumplimientos que contempla apercibimientos, multas de hasta 60.000 unidades tributarias, la suspensión de la inscripción en el registro de proveedores y, en los casos más graves, la cancelación definitiva de esa inscripción.
Todo ese andamiaje normativo todavía forma parte de un documento de trabajo que, por ahora, no tiene carácter oficial ni vinculante. Sin embargo, refleja el consenso técnico que el Ejecutivo provincial viene construyendo con el empresariado minero y anticipa el enfoque con el que el Gobierno de Marcelo Orrego buscará equilibrar dos objetivos centrales de su política minera: seguir atrayendo inversiones con el foco en no perjudicar el empleo local.