Ana María Cristina Juan quedó al frente de un juzgado de Hurlingham. Su esposo interviene en el expediente por el criptoactivo promovido por Milei.
Milei nombró jueza a la esposa del magistrado de la causa $LIBRA
Foto:
El presidente Javier Milei oficializó el nombramiento de Ana María Cristina Juan como jueza federal de Hurlingham, una designación que abrió cuestionamientos por su vínculo familiar con uno de los magistrados que interviene en la causa $LIBRA, el expediente que analiza la actuación del mandatario en la promoción del controvertido criptoactivo.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 589/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma establece que Juan estará al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham y aclara que su pliego había recibido previamente el acuerdo del Senado.
Según informó Los Andes, la flamante magistrada es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien interviene en la investigación abierta tras el lanzamiento y posterior derrumbe de $LIBRA.
El parentesco colocó el nombramiento bajo una particular sensibilidad política: el Presidente formalizó la llegada al Poder Judicial de la esposa de un magistrado que debe tomar decisiones dentro de una causa en la que se analiza su propio comportamiento.
La investigación es impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano, encargado de solicitar las medidas de prueba, seguir el movimiento de los criptoactivos y determinar si existieron conductas delictivas.
Martínez de Giorgi interviene como juez y debe resolver los planteos presentados por las partes, autorizar determinadas medidas y controlar la legalidad del procedimiento. Entre sus decisiones recientes estuvo el rechazo de un pedido para apartar a Taiano por una supuesta falta de objetividad.
Por esa razón, resulta más preciso señalar que el esposo de la nueva jueza interviene y supervisa judicialmente el expediente, y no que conduce personalmente toda la investigación.
El nombramiento de Juan no modifica formalmente la integración de la causa, ya que asumirá en un juzgado distinto y no tendrá participación conocida en el expediente. Tampoco se difundieron pruebas que permitan vincular su designación con alguna decisión adoptada por Martínez de Giorgi.
Sin embargo, la coincidencia genera cuestionamientos políticos por la apariencia de un posible conflicto de intereses y por tratarse de una investigación de alto impacto institucional para la Casa Rosada.
El caso comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei promocionó desde su cuenta de X un criptoactivo llamado $LIBRA. El Presidente lo presentó como parte de una iniciativa privada destinada a financiar emprendimientos argentinos y publicó el código necesario para comprarlo.
Después del mensaje presidencial, la cotización se disparó en pocos minutos. Sin embargo, horas más tarde se desplomó cuando un pequeño grupo de billeteras vendió grandes cantidades de activos y obtuvo ganancias millonarias.
Milei eliminó la publicación y aseguró que no estaba interiorizado sobre los detalles del proyecto. También sostuvo que se había limitado a difundir una propuesta privada que consideraba beneficiosa.
Un informe elaborado en el Congreso estimó que más de 114.000 billeteras sufrieron pérdidas, mientras un grupo reducido consiguió beneficios superiores al millón de dólares.
La investigación busca determinar cómo se organizó el lanzamiento, qué información tenían quienes ingresaron antes de la promoción presidencial y si existieron vínculos económicos entre los creadores de $LIBRA y funcionarios argentinos.
Además de Milei, las denuncias alcanzaron a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señalada por su presunta intervención en la organización de reuniones entre el mandatario y empresarios vinculados al mundo cripto.
También aparecen mencionados:
La aparición de estas personas en el expediente no significa que hayan sido condenadas. La Justicia todavía debe determinar responsabilidades individuales y establecer si la operatoria constituyó una estafa u otro tipo de delito.
La causa recibió críticas por la lentitud de sus avances. Durante más de un año no se había convocado a declarar a los principales involucrados y parte del análisis financiero quedó demorado por dificultades para acceder a programas tecnológicos capaces de seguir las operaciones realizadas mediante billeteras digitales.
También se incorporaron comunicaciones entre los promotores del proyecto, registros de encuentros y movimientos en criptoactivos por varios millones de dólares. Estos elementos todavía deben ser analizados en su totalidad y no representan, por sí solos, una comprobación de los delitos denunciados.
En ese escenario, la designación de Ana María Cristina Juan adquiere una relevancia que excede su incorporación al Juzgado Federal de Hurlingham.
El procedimiento contó con aprobación del Senado y siguió los pasos constitucionales exigidos para nombrar magistrados. Además, el vínculo matrimonial no constituye por sí mismo una incompatibilidad ni demuestra una maniobra para influir en la causa.
La controversia surge por el contexto: el Presidente firmó el nombramiento de la esposa de un juez que interviene en uno de los expedientes más sensibles para su Gobierno, mientras la investigación continúa abierta y bajo cuestionamientos por su velocidad y alcance.
