El edil Luciano Cano, en conjunto con Eduardo Nuñez, pidieron un informe al presidente del cuerpo por presuntas manejos irregulares en las cuentas.
La presentación generó revuelo entre los ediles.
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Un pedido de informes presentado por el concejal Luciano Cano, con el acompañamiento de su par Eduardo Núñez, puso bajo presión al presidente del Concejo Deliberante de Chimbas, Ariel Rivero. El documento, ingresado formalmente el 23 de abril, exige precisiones sobre el manejo de recursos públicos, pero también introduce un elemento que eleva la gravedad del planteo: la aparición de una bala en la banca del propio edil.
La nota, dirigida a Rivero en su carácter de titular del cuerpo, reclama “información completa, clara y documentada” sobre la gestión administrativa y financiera del Concejo. Entre los puntos centrales, se destaca la falta de rendición de cuentas integral desde el inicio del mandato, así como cuestionamientos específicos a la compra de una cantidad significativa de cuadernos, una operación que —según el texto— no fue debidamente explicada ni documentada ante la opinión pública.
Pero el aspecto más sensible del pedido aparece en uno de sus apartados finales. Cano solicita un informe detallado sobre un hecho que califica como de extrema preocupación institucional: el hallazgo de un elemento de munición de arma de fuego (una bala) en su banca dentro del recinto legislativo. A esto se suma la mención de una piedra de gran tamaño encontrada en su oficina, ubicada sobre el soporte del servicio de internet.
El concejal exige que se esclarezca cómo llegaron esos elementos al interior del edificio, quiénes tuvieron acceso a los espacios señalados y si existen registros fílmicos de las cámaras de seguridad. También pide conocer qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad del lugar y qué actuaciones administrativas se iniciaron tras los hechos.
En paralelo, el pedido de informes avanza sobre el manejo de fondos públicos. Cano y Núñez reclaman detalles sobre la compra de cuadernos: cantidad adquirida, proveedor, procedimiento de contratación, monto total y partida presupuestaria utilizada. Además, solicitan los fundamentos administrativos de la operación, el destino de los bienes y su estado actual.
El documento fija un plazo de diez días hábiles administrativos para la respuesta, bajo apercibimiento de considerar la falta de contestación como un incumplimiento de los deberes de funcionario público y una posible obstrucción al control institucional.