La cifra expone la crudeza de la violencia y coincide con un marcado crecimiento en la cantidad de denuncias, medidas de protección y asistencias brindadas por los organismos especializados.
El reciente femicidio de Gemma Álvarez volvió a poner el foco sobre una problemática que acumula 22 víctimas fatales desde 2007.
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La cifra expone la crudeza de la violencia y coincide con un marcado crecimiento en la cantidad de denuncias, medidas de protección y asistencias brindadas por los organismos especializados.
El registro de los 22 femicidios refleja el extremo al que escalan las agresiones en la provincia, marcando un límite trágico que moviliza tanto a la Justicia como a los organismos de protección de derechos humanos.
El Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) reporta un ritmo frenético de trabajo con más de 1.200 denuncias anuales formales y miles de intervenciones adicionales que incluyen asesoramientos, activaciones de protocolos y medidas de protección urgente para resguardar a las víctimas.
De un total, 2.498 correspondieron a asesoramientos , 1.545 a formularios de protección y 1.270 fueron denuncias penales , un volumen que evidencia la magnitud de la violencia que llega diariamente al sistema judicial.
El informe del Ministerio Público Fiscal también detalla cuáles son los delitos más frecuentes. Las lesiones encabezaron las denuncias con 610 casos , seguidas por 259 hechos de desobediencia a medidas judiciales y 184 amenazas . A ellos se suman causas por abuso sexual, daños, robos, impedimento de contacto y violación de domicilio.
El análisis de los expedientes judiciales detalla que la mayor parte de las causas se originan por situaciones recurrentes de amenazas, lesiones físicas, hostigamiento y desobediencia a mandatos judiciales (como las prohibiciones de acercamiento), lo que evidencia que la agresión fatal suele estar precedida por un historial de violencia sistemática.La urgencia de la prevención y la respuesta estatal.
Frente a este escenario, especialistas, organizaciones sociales y operadores judiciales remarcan la imperiosa necesidad de optimizar los mecanismos de prevención temprana. El objetivo central pasa por garantizar que las medidas cautelares se cumplan de manera estricta y que las alertas emitidas por las mujeres obtengan una respuesta rápida y eficaz antes de que el círculo de violencia se vuelva irreversible.
