El organismo provincial puso la lupa sobre inmuebles que no cumplirían con el uso habitacional correspondiente. La titular del área detalló cómo es el complejo proceso legal para recuperar las casas y volver a sortearlas.
Mientras miles de familias aguardan la oportunidad de cumplir el sueño de la casa propia, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene bajo auditoría y análisis alrededor de 500 unidades habitacionales que fueron adjudicadas pero que actualmente presentarían irregularidades, como permanecer deshabitadas.
La situación fue confirmada por la directora del IPV, Elina Peralta, en el marco de la entrega de 53 viviendas correspondientes al barrio Aires del Oeste en el departamento Jáchal. En medio de los festejos de los nuevos propietarios, la funcionaria expuso una problemática que el organismo busca resolver de manera paulatina para reordenar el sistema habitacional de la provincia.
Según detalló Peralta, el IPV recibe de forma permanente presentaciones y denuncias sobre casas que no estarían cumpliendo con el fin social para el cual fueron construidas. A partir de cada alerta se activa un expediente de investigación, aunque aclaró que la restitución de un inmueble no se ejecuta de manera automática.
El procedimiento exige respetar los plazos legales y garantizar el derecho de defensa de los titulares:
Verificación inicial: El organismo constata en el terreno si efectivamente la vivienda se encuentra deshabitada o en condiciones irregulares.
Descargo del adjudicatario: Se abre una instancia donde los propietarios pueden justificar ausencias temporales motivadas por razones de salud, cuestiones laborales u otras circunstancias avaladas.
Plazos y resolución: Cuando se comprueba el incumplimiento definitivo de las normativas, el proceso legal hasta lograr la revocación firme puede demorar aproximadamente un año.
El objetivo central de esta revisión exhaustiva es lograr que aquellas unidades donde se demuestre un uso indebido o abandono regresen a la órbita del Estado provincial.
Una vez completadas las etapas administrativas y judiciales de desadjudicación, las casas son reacondicionadas para ser incorporadas nuevamente al sistema oficial y puestas a disposición mediante sorteos públicos, permitiendo así que otras familias de la lista de espera puedan acceder a un hogar definitivo.
