La creación de la Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) fue el resultado de un proceso colectivo que comenzó a tomar forma antes de su institucionalización formal. Diez años después, el área repasa un recorrido que incluyó atención y acompañamiento de situaciones de violencia, capacitaciones, incorporación de políticas de inclusión, proyectos de investigación y extensión y una creciente articulación con otros organismos.
El 30 de septiembre de 2016, mediante la Ordenanza N° 19 del Consejo Superior, se creó formalmente la Oficina y, en el mismo marco, se aprobó el Protocolo de Intervención. La fecha marcó la institucionalización de las políticas de género dentro de la Universidad. Pero el origen se remonta algunos años atrás.
En 2014, docentes vinculados a un grupo de investigación habían presentado un primer borrador de protocolo en la Facultad de Ciencias Sociales, aunque aquella iniciativa no prosperó. Luego, el 1 de septiembre de 2015, estudiantes de esa facultad llevaron al Consejo Superior un proyecto sobre violencias de género, acoso y discriminación, impulsado en el contexto de las movilizaciones del 3 de junio de ese año, bajo la consigna Ni Una Menos.
A esas iniciativas se sumaron reclamos de mujeres movilizadas ante situaciones de violencia ocurridas tanto en el ámbito preuniversitario como en distintas unidades académicas. El proceso avanzó con la participación de docentes, estudiantes y nodocentes y con el impulso institucional de la entonces vicerrectora Mónica Coca.
“El aniversario resume mucho el trabajo de un montón de otras personas que estuvieron a cargo del área”, destacó Paula Sosa, actual titular de la Oficina, quien lleva un año al frente del espacio. Para la funcionaria, reconstruir la historia permite reconocer que la creación del área no fue producto de una acción individual, sino que representa una conquista colectiva.
De las denuncias al acompañamiento y la prevención
Uno de los principales cambios durante la última década fue la consolidación de un dispositivo institucional para recibir consultas, intervenir y acompañar situaciones de violencia y discriminación.
De acuerdo con la información recopilada por la Oficina, desde el 2021 hasta la actualidad, que es el periodo en el que se comenzó con el registro de datos para elaborar estadísticas, se abordaron 250 situaciones, de las cuales 63 correspondieron a denuncias formales y 187 a consultas de intervención. Entre los principales conflictos aparecen situaciones de violencia laboral, maltrato, acoso sexual, hostigamiento, violencia de género, discriminación por orientación sexual, identidad de género o discapacidad, violencia institucional y política, además de episodios de violencia física y digital.
El área también registra una modificación en el modo en que llegaron las consultas. Entre 2023 y 2025 disminuyeron las denuncias administrativas, mientras aumentaron las consultas vinculadas con la prevención, un cambio que la Oficina interpreta como una posibilidad de desarticular los conflictos de manera más temprana. Hacia fines de 2025 y durante este año se contabilizaron 51 intervenciones relacionadas con violencia laboral, acoso sexual, salud mental, bullying en institutos preuniversitarios y agresiones digitales.
Sosa puso el acento justamente en la importancia de que la comunidad universitaria conozca el dispositivo y pueda recurrir a él antes de que las situaciones escalen. “La prevención no es inmediata, con el tiempo se ve el resultado de la prevención, cuando se asesora y acompaña”, señaló.
La capacitación como herramienta de prevención
La formación fue otra de las líneas de trabajo sostenidas durante el período. Entre las acciones se encuentra la implementación de la Ley Micaela para docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades. También se desarrollaron capacitaciones específicas sobre salud mental y violencia de género.
Para Sosa, la difusión del área y sus ejes de acción todavía representa un desafío. “Hemos avanzado, pero sigue faltando”, reconoció.
En ese sentido, explicó que una de las propuestas de su gestión consiste en formar a integrantes de la comunidad universitaria para que puedan actuar como multiplicadores. La apuesta está puesta en la corresponsabilidad, es decir, que docentes, nodocentes y estudiantes comprometidos puedan acercar la información a sus pares.
Inclusión y nuevas políticas dentro de la Universidad
Durante la última década, el trabajo también se extendió a la generación de políticas de inclusión. Uno de los avances destacados es la implementación del Cupo Laboral Travesti-Trans junto con la conformación de una Comisión Asesora Permanente y la apertura de un Registro Único.
La medida permitió la incorporación efectiva de integrantes del colectivo al estamento nodocente y estuvo acompañada por talleres de sensibilización para los equipos de trabajo. También se desarrollaron conversatorios sobre la experiencia en espacios universitarios y regionales.
La labor no queda limitada a la estructura interna de la UNSJ. La Oficina participa de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE-CIN), interviene en espacios nacionales y regionales y, desde este año, asumió formalmente la representación institucional de la Universidad ante esa red. También mantiene articulaciones con organismos provinciales, municipios, áreas de niñez y seguridad.
Una década que todavía plantea desafíos
El balance de estos diez años no supone, para la actual conducción, que el trabajo esté terminado. Aún persisten desigualdades, situaciones de discriminación y violencia y obstáculos para el acceso de mujeres y diversidades a los espacios de mayor jerarquía académica y política.
Por eso, uno de los desafíos que plantea Sosa es profundizar la institucionalización. “Si lo institucionalizamos es algo que se sostiene en el tiempo. Las políticas de género hay que institucionalizarlas, si no son débiles y son cuestionadas”, afirmó. Además, de cara al próximo año, la Oficina busca estar presente de alguna manera en los cursos de ingreso para que los nuevos estudiantes conozcan desde el comienzo qué hace el área y cómo pueden recurrir a ella.
En palabras de Sosa, el desafío no es solamente que la Oficina exista, sino que cada vez más integrantes de la Universidad sepan para qué está, cómo funciona y cuándo recurrir a ella.
